Presidenta de la Junta Directiva de ULACIT y de AmCham, Silvia Castro, cuestionó proyecto de ley presentado por el frenteamplista, Ariel Robles, para regular precios de universidades privadas.
El diputado del Partido Frente Amplio, Ariel Robles, presentó un proyecto de ley que pretende que el Consejo Nacional de Enseñanza Superior Universitaria Privada (CONESUP), pueda aprobar, improbar o modificar las tarifas de matrícula y de costo de los cursos de las universidades privadas.
El legislador explicó que esta iniciativa evitaría cobros “sin sustento técnico” que van en perjuicio de los estudiantes.
“Este nuevo proyecto pretende generarle las herramientas a CONESUP para impedir los aumentos que se dan de forma desproporcionada y sin ningún sustento técnico o criterio en las universidades privadas, que están afectando a muchísimas personas estudiantes que ya no tienen cómo asumir esos costos. Se han dado casos donde, por ejemplo, hay un aumento de un semestre a otro de hasta un 20%. Hay cobros de matrícula por cuatrimestre, cuando uno pensaría que es un proceso donde ya hay un estudiante que quedó regularizado y ya se saben sus datos, entonces, ¿por qué se les piden constantemente que paguen cosas que no deberían? Laboratorios donde, por ejemplo, reciben clases de forma virtual y aún así se les cobran”, aseguró Robles.
Por su parte, la presidenta de la Junta Directiva de la ULACIT y de la Cámara Costarricense-Norteamericana de Comercio (AMCHAM), Silvia Castro, dijo a Noticias Columbia que este tipo de iniciativas, que han sido recurrentes por parte del Frente Amplio, no consideran la realidad del mercado educativo nacional.
“¿Cuál es la falla en el mercado que amerita la intervención del Estado en relación con las tarifas, si el costo de la educación de las universidades privadas es asequible, cuando se compara con las tarifas de la educación privada en secundaria y primaria, cuando se compara con las tarifas de la educación superior privada, en otros países de renta similar e inclusive con los costos de la educación estatal costarricenses? ¿Conocerán los diputados los tiempos de recuperación de la inversión de los estudiantes? Dicho sea de paso, está en menos de tres años, a la luz del incremento salarial que recibirían una vez graduados. No le pido al Frente Amplio entender la libertad de empresa, pero sí principios económicos básicos”, cuestionó Castro.
Castro agregó que el costo de las carreras en las universidades privadas del país suele ser menor a lo que termina costando en una universidad pública.
“Suena atractivo ofrecerle a más de 200.000 votantes educación universitaria barata y de calidad. Vamos a ver, barato y de calidad en educación no es materialmente posible. Veamos el mejor ejemplo: la educación superior pública, ¿cuánto cuesta? No cuanto le cuesta a los alumnos, porque todos los que pagamos impuestos contribuimos a bajarle el costo a esas carreras. La pregunta es, ¿cuánto le cuesta a las universidades públicas ofrecer esas carreras? Les cuento uno de los secretos mejor guardados: estas carreras cuestan más a los contribuyentes que las carreras más caras en las universidades privadas”, agregó Castro.
Finalmente, el diputado del Partido Liberal Progresista (PLP), Eli Feinzaig, dijo que, si bien no suelen estar a favor de una regulación de precios por parte del Estado, deberán revisar este proyecto del Frente Amplio.
“En primer lugar, aclarar que no he revisado todavía el proyecto de ley del Frente Amplio. Sin embargo, en general, nos parece que la regulación de precios no es la vía correcta. Digo eso reconociendo que, efectivamente, algunas universidades privadas han abusado, a lo largo de los años, de sus estudiantes cambiando tarifas, inventándose tarifas por cualquier trámite, fotocopias que cobran a miles de colones. De manera que es un tema que vamos a analizar. No somos, como liberales, amenos a la idea de la regulación tarifaria, pero el tema merece ser revisado”, mencionó el diputado liberal.
