De estos, dos corresponden a la “Ley Jaguar”, proyecto impulsado por el Gobierno de la República.
El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) mantiene activos cuatro procesos para convocar a referéndum en tres diferentes proyectos de ley.
Así lo mencionó el jefe de Despacho de la Presidencia del Tribunal, Andrei Cambronero, en entrevista con Noticias Columbia.
Existe la particularidad de que la iniciativa de Ley Jaguar, elaborada por el Gobierno de la República, fue presentada por dos ciudadanos ante el TSE.
“En las últimas dos semanas recibimos una gestión de un grupo ciudadano que quiere llevar a consulta popular un proyecto que ellos denominan ‘La Biblia como libro de formación integral’. También recibimos una gestión de don Walter Muñoz y otros ciudadanos sobre un proyecto de ley que ellos llaman ‘para despolitizar la Caja Costarricense de Seguro Social’. Hemos recibido también dos gestiones, una por parte de don Alberto Cabezas, en la cual solicita someter al referéndum el proyecto de ley 24.364, denominado por el Poder Ejecutivo ‘Ley Jaguar para el desarrollo de Costa Rica’. Algunos minutos después de las 2 de la tarde de ese mismo día, también don Edgar Espinoza solicitó la misma iniciativa”, detalló Cambronero.
Según el funcionario del Tribunal, es posible que todos estos procesos puedan celebrarse el mismo día, al no haber ninguna restricción en relación con la cantidad de proyectos, ni tampoco con relación al procedimiento dentro del TSE.
“Lo que debe tenerse en cuenta es que solo se puede llevar un referéndum al año y que seis meses antes o seis meses después de una elección presidencial no puede llevarse a cabo una consulta de este tipo, Esos seis meses empezarán a correr el 1 de agosto del 2025. Hasta antes de esa fecha podrían celebrarse y la ley también establece que en un mismo día de consulta, en un mismo domingo, se podría consultar a la ciudadanía varios proyectos de ley, de forma tal que no es excluyente una cosa de la otra”, afirmó el jefe del Despacho de la Presidencia del TSE.
Además, Cambronero explicó que es posible que estos procesos vayan a la Sala Constitucional para ser sometidos a una consulta de constitucionalidad, como suele ocurrir en la Asamblea Legislativa luego de la aprobación en primer debate de algunos proyectos.
“Se pueden hacer análisis de las materias que están excluidas porque el artículo 105 de la Constitución establece ciertos temas que no pueden ser llevados a consultas ciudadanas, entre ellos temas tributarios, temas fiscales, temas presupuestarios, materia de seguridad, materia de pensiones, contratos y actos de naturaleza administrativa. También el Tribunal evaluará si hay algún tipo de duda de constitucionalidad para plantear la consulta ante la Sala, lo cual no es extraño en el ordenamiento jurídico costarricense”, indicó Cambronero.
Finalmente, el funcionario del TSE se refirió a las diferencias entre este proceso de referéndum y las elecciones tradicionales, así como el costo del mismo.
“En la consulta hay transporte gratuito de electores, no tenemos partidos políticos, sino tendencias. Entonces, el tema de fiscalización sobre los aportes a las campañas es diferente, pero en esencia es como organizar un proceso electoral al que estamos acostumbrados. El costo anda entre los 2.800 y 3.000 millones de colones”, añadió Cambronero.
