Director del OIJ afirma que hay una nueva línea de investigación. Bebé fue sustraída hace mes y medio.
El caso ocurrió el 9 de abril en Cervantes de Alvarado, provincia de Cartago. Para el momento de los hechos, la pequeña tenía nueve meses y su madre 13 años.
La adolescente caminaba por la vía pública cuando, al parecer, fue interceptada y le arrebataron a la niña.
El sospechoso de la sustracción es un sujeto de apellido Casasola quien descuenta seis meses de prisión preventiva. Es el padre biológico de la bebé y además señalado por la violación de la madre adolescente.
Para tener información Noticias Columbia conversó con el director interino del OIJ, Randall Zúñiga.
El jefe policial comentó que hay una nueva línea de investigación que se está revisando pero que, de momento, no puede revelarla.
“Siempre se mantiene la hipótesis principal de que ella pudo haber fallecido en los primeros momentos de la sustracción, sin embargo, debido a diversas informaciones que han surgido en diferentes medios y también en informaciones confidenciales, pues las hemos estado abordando… descartando”, dijo.
“Hemos abierto otra posible línea de investigación que no la puedo comentar de momento pero el caso se sigue trabajando. Esperamos encontrar a la menor, de una u otra forma, pero ojalá para darle un cierre a la historia como tal”, añadió.
A pesar de esta teoría, el OIJ no puede descartar otros escenarios aunque se consideren menos probables, por ejemplo, el hecho de que alguien mantenga oculta a la niña o que hayan tratado de sacarla del país.
Zúñiga dijo que había alertas a la ciudadanía y muchos controles en zonas fronterizas, por tanto, eso hubiera dificultado significativamente un intento por sacarla de Costa Rica.
Silencio
El punto que se mantiene invariable es la nula colaboración del sospechoso con las autoridades.
“El sujeto no quiere hablar con nadie, se mantiene aislado. Es parte del sistema costarricense. El artículo 36 (de la Constitución Política), le faculta que en temas penales no pueda incriminarse él o algún familiar más, entonces, es prácticamente imposible poder sacar una palabra”, explicó.
“De allí es importante que se tome en cuenta algún tipo de reforma para que la Policía pueda, en estos casos, de que se trate de la vida de una persona menor o la vida de una persona en condición vulnerable que pueda entrevistar o interrogar al sospechoso o imputado”, detalló.
El director del OIJ explicó que, en Costa Rica, existe la posibilidad de hablar con la persona investigada, pero la ley exige que sea en presencia de un abogado.
“Evidentemente el abogado le va a decir que no diga nada. En otros países la Policía si tiene la posibilidad de hablar con el imputado y ya cuando el sospechoso no quiere hablar con la Policía hace uso de su derecho de pedir un abogado y hasta ahí llega la Policía… No le pregunta más. En Costa Rica esto no es posible”, recalcó.
El artículo 36 de la Constitución dice:
“En materia penal nadie está obligado a declarar contra sí mismo, ni contra su cónyuge, ascendientes, descendientes o parientes colaterales hasta el tercer grado inclusive de consanguinidad o afinidad”.
