Presidente de la República, Rodrigo Chaves, decidió retirar las propuestas del Ejecutivo y solicitar la convocatoria de las iniciativas que quisiera la Comisión de Seguridad y Narcotráfico.
¿De qué tratan los proyectos de ley que el Gobierno presentó para combatir la inseguridad en el país? ¿Qué elementos podrían ser inviables y que hacen que los diputados no los promovieran en el Poder Legislativo?
El primero y uno de los más reconocidos tiene que ver con la extradición de costarricenses que cometan delitos de tráfico internacional de drogas y terrorismo. Estos serían enviados a los países donde cometieron los delitos para que allí sean juzgados.
Al momento de su presentación, en abril, Noticias Columbia conversó con el abogado en derecho penal e informático, Julio Córdoba, quien explicó que esta es una medida prácticamente imposible de ejecutar.
“La Constitución Política establece que nadie puede ser compelido a salir del territorio nacional. En ese sentido, la propuesta tiene ese choque con la Carta Magna. ¿Qué se puede hacer al respecto? Creo que poco. Creo que la corriente dominante de interpretación de la Carta Magna establece que hay una progresividad de los derechos humanos, o sea, estos no retroceden. Aunque podría tener una buena intención, la propuesta va a pegar con la Sala Constitucional o con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, detalló Córdoba.
Otra de las propuestas presentadas por el presidente de la República, Rodrigo Chaves, fue sobre modernización de intervenciones telefónicas.
Según el Poder Ejecutivo, “en estos momentos no se pueden escuchar las conversaciones de los homicidas y violadores, entre otros”.
Para el abogado en derecho informático, es importante velar por las garantías de las personas investigadas.
Además, otra propuesta planteaba “mano firme” por parte de los jueces y que estos envíen a la cárcel a personas que cometan actos criminales violentos, mediante cambios en beneficios para penas según su gravedad.
Sobre esta propuesta, el secretario general del Sindicato de la Judicatura (SINDIJUD), Jorge Fernández, destacó en su momento la importancia de considerar la división de poderes.
“Acorde con ese principio de división de poderes, corresponde al Poder Ejecutivo lo que es el abordaje preventivo de la delincuencia. Eso es ajeno al Poder Judicial. Además, dentro de las funciones asignadas al Ejecutivo también se encuentra la aprobación de tratados y convenios internacionales. De manera muy breve, le corresponde al Legislativo la emisión de leyes y además la ratificación de los convenios internacionales que previamente fueron aprobados por el Ejecutivo”, aseguró el líder sindical.
Además, Fernández también se pronunció sobre otra de las ideas planteadas por el presidente Chaves, la cual pretende como adultos a los menores de edad que estén relacionados con el crimen organizado.
Según el secretario de SINDIJUD, sería necesario realizar reformas legales posteriores a un profundo análisis.
Otro proyecto establecía mayores penas en los delitos de tenencia ilegal de armas permitidas y portación ilegal de armas permitidas.
Sobre esta propuesta, el diputado del Partido Liberal Progresista (PLP) y miembro de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, Gilberto Campos, mencionó que lo pretendido por el Ejecutivo no correspondía con lo que planteaba la iniciativa.
“La reforma de la ley de armas y explosivos, número 23.689, que endurecía la regulación sobre las personas ya reguladas, es decir, lo que hacía era establecer más controles, más regulaciones, pero sobre las personas que ya deben cumplir una gran cantidad de requisitos y obligaciones para tener una licencia de portación. En este específico proyecto, hay que recordar el famoso dicho que ‘el frío no está en las cobijas’. Lo que pretendía el Gobierno era perseguir las armas prohibidas y el proyecto no era sobre prohibidas, era sobre armas permitidas. La reforma no tenía ningún sentido”, explicó el legislador.
Finalmente, la legisladora oficialista, Pilar Cisneros, cuestionó las razones de los diputados para no dar un tratamiento positivo sobre estos proyectos de ley.
“Desde que llegaron esos proyectos a la Asamblea Legislativa, fueron bombardeados inmediatamente. ‘No sirven, no están bien, pueden ser inconstitucionales, no arreglan el problema de fondo’. Lo cierto es que los proyectos nunca llegan blindados a la Asamblea Legislativa. Precisamente, el trabajo de los diputados es tratar de arreglarlos, conseguir la visión de los expertos y sacar el texto lo mejor posible”, manifestó Cisneros.
La diputada agregó que “aquí hubo una decisión política de no apoyar los proyectos del Ejecutivo. Esa fue la razón por la cual el presidente Chaves decide mejor retirar esos proyectos del Ejecutivo y que la Comisión de Seguridad y Narcotráfico trabaje los proyectos de seguridad como quiera”.
