Personas que prefieren un gobierno autoritario han crecido de un 11% a un 16% en los últimos tres años.
La población que apoya a la democracia en Costa Rica cayó 11 puntos porcentuales, pasando de un 67% en 2020 a un 56% en este año, según se detalló en el estudio del Latinobarómetro.
De esta manera, Costa Rica se colocó como el segundo país de la región latinoamericana donde más disminuyó el apoyo de las personas hacia los regímenes democráticos, únicamente superado por Venezuela, donde este indicador decreció 12 puntos porcentuales.
Para el analista político del Instituto de Estudios Sociales en Población (IDESPO), José Andrés Díaz, son múltiples las razones que explican este dato.
Según el experto, la mayoría de la población nacional no ha vivido bajo gobiernos dictatoriales, por lo que no tienen referenciadas sus consecuencias. Además, aseguró que el sector que más diferencias ha mostrado con la democracia son las personas jóvenes, que enfrentan los mayores problemas en la actualidad.
“La población asocia la idea de la democracia con la capacidad que tiene el Estado, las instituciones o el gobierno de turno para satisfacer sus problemas y necesidades. Llevamos ya varias décadas, donde la población siente que los gobiernos no los representan o no les da la atención a los problemas de la manera más adecuada. Eso puede minar la confianza que la población tiene ante la democracia”, explicó Díaz.
Según el Latinobarómetro, con este nuevo estudio pasamos de ser uno de los países con más fortaleza democrática, a entrar en la lista de democracias con problemas.
El analista señaló que esta situación podría tener un impacto en el abstencionismo de las próximas elecciones municipales del 2024, así como en las presidenciales del 2026.
“Vamos a tener gobiernos de minoría, gobiernos que tienen que tener buena capacidad de gestionar y negociar en la Asamblea Legislativa, que va a tener cinco o seis partidos, incluso ocho partidos como en otro momento. Eso hace escenarios de gobernabilidad cada vez más complejos, más difíciles para la toma de decisiones y que, si no se saben manejar, repercuten en la pérdida de confianza de la ciudadanía en la democracia a largo plazo”, añadió el experto.
Otro de los datos relevantes que reveló el Latinobarómetro es que pasamos de un 11% a un 16% de las personas que consideran que un gobierno autoritario es preferible.
Según el politólogo, Alejandro Molina, es importante enmarcar la definición de autoritarismo en el contexto de la región.
“Lo podemos definir como gobiernos que utilizan las vías democráticas y las vías institucionales para el acceso a los puestos de representación formal, pero que una vez en el ejercicio del poder, se apartan de dichas normas democráticas como las que conocemos tradicionalmente, como el respeto al Estado de Derecho, el imperio de la ley y el respeto a la diversidad y al pluralismo político”, detalló el politólogo.
El estudio mostró que Costa Rica y Guatemala están en primer lugar, con un 10% de aumento entre 2020 y 2023, en la cantidad de personas que aseguran que les da lo mismo vivir en un régimen democrático que en uno no democrático.
Para Molina, la falta de cumplimiento ante las demandas de poblaciones vulnerables, como juventudes, mujeres e indígenas, ha disminuido la credibilidad en la democracia.
“La debilidad de los estados y su control por parte del mercado. Esto se traduce en que estados débiles son incapaces de garantizar un mayor bienestar a su población y de atenuar las distintas desigualdades que se pueden presentar, sobre todo, a nivel de carencias materiales. Un estado que puede ceder paso al control territorial de otros grupos criminales, como hemos visto en Centroamérica. Estados débiles son un semillero de corrupción en la función pública. Esto no es casualidad que debilite el apoyo al régimen democrático”, agregó Molina.
Finalmente, el politólogo, Sergio Araya, señaló que la expectativa sobre el poder de los sistemas políticos es muy alta, más allá de lo que está en condiciones de garantizar.
“Se requiere una alta dosis de formación cívica que haga entender a la población que, si bien lo político es fundamental, no es suficiente para garantizar un desarrollo económico y social que sea más inclusivo e integrador. Hubo una expectativa, desde mi punto de vista que va más allá de lo que el sistema está en condiciones de aportar que le transmitió al sistema político una suerte fantasiosa de que, con solo existir democracia, elecciones y alternancia en el ejercicio del poder, los aspectos de carácter socioeconómico iban a resolverse de manera mágica”, mencionó Araya.
