Al hablar de propuesta para endurecer sanciones, dijo que la tenencia de armas prohibidas actualmente se califica como “contravención” pero en realidad es un delito.
Ante una consulta de Noticias Columbia, el ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora, afirmó que, debido a una confusión, brindó datos equivocados sobre la ley de armas durante la conferencia de prensa del pasado miércoles en la Casa Presidencial.
El Gobierno ha planteado la necesidad de reformar la Ley de Armas y Explosivos de manera que se endurezcan las sanciones contra las personas que estén en posesión de armas pesadas que se consideran prohibidas. Eso incluye fusiles y ametralladoras, entre otras.
En un intercambio con el presidente de la República, Zamora afirmó que la normativa actual califica la tenencia de esas armas como una contravención, es decir, un hecho menor que no tiene pena de cárcel. Sin embargo, la legislación vigente sí tipifica como delito la tenencia de armas prohibidas.
“Se le impondrá prisión de dos a cinco años (de cárcel), a quien posea armas prohibidas o reservadas para uso exclusivo de los cuerpos de policía”, dice el artículo 89.
En la conferencia, el Ministro informó que solo en el 2023 se decomisaron 86 armas “automáticas militares”. “Estas armas, don Rodrigo, tienen una sanción menor, una contravención”, expresó.
Admite error y aclara su punto
Consulta por Noticias Columbia este viernes, Zamora dijo que tuvo “una confusión a nivel normativo” en medio de conversaciones que ha mantenido para modernizar la legislación sobre armas.
Manifestó que esto se debe, en parte, a que el proyecto que se discute en la Asamblea se refiere a la regulación y endurecimiento de controles para posesión y portación de armas legales. Una vez aclarados estos puntos, explicó qué fue lo que quiso decir en la conferencia.
El jerarca indicó que las penas de cárcel que hay en la actualidad se aplican luego de un extenso proceso judicial. Agregó que, muchas veces, las personas que son descubiertas con armas de grueso calibre quedan en libertad a pesar de que se puede inferir que tenían intenciones de cometer un delito grave como el sicariato.
La pretensión del Gobierno es que, en escenarios como estos, la sola posesión del arma prohibida, aunque no se utilice, sea un motivo para imponer medidas cautelares como la prisión preventiva.
“El problema principal en materia de armas lo estamos teniendo con las de grueso calibre que son encontradas en manos de personas y que ahí, sí es cierto que hay una legislación bastante fuerte en sus sanciones pero ¿qué es lo que sucede? A estas persona se les detiene, se presentan ante el Poder Judicial y normalmente se les fija audiencia en tres o cuatro años”, dijo.
“A lo que estábamos haciendo referencia y quizás, no lo hicimos con la debida precisión, es que al final se volvió un delito que la persona lo comete y no necesariamente va a la cárcel de manera inmediata”; añadió.
Zamora aseguró que la idea conversar con diputados para que en las reformas de ley se tome en cuenta la forma en la que proceden ahora los delincuentes.
Citó como ejemplo los casos en los cuales se sorprende a sujetos que tienen armas prohibidas y se presume que estaban al acecho de alguien para darle muerte o que las portan como parte de su quehacer delictivo.
“Cuando llega la Policía no hay forma de que queden detenidos, posiblemente van, se les fija un expediente y en tres, cuatro o cinco años será esa audiencia. Entonces queríamos plantear la posibilidad de que no se dieran penas alternativas a la prisión mientras se desarrolla el juicio. Es decir, que se tuviera que aplicar necesariamente la prisión preventiva porque hay una información inminente, son personas que están por actuar”.
Escuche aquí la entrevista completa con Zamora:
Crítica en la Asamblea
Durante la sesión del jueves en la Asamblea Legislativa, el diputado del partido Liberal Progresista, Gilberto Campos, señaló que Zamora y el presidente Chaves emitieron “una serie de imprecisiones y elementos incorrectos respecto de la ley de Armas y Explosivos”
“Como es una obra de misericordia enseñar al que no sabe, yo me voy a permitir enseñarle al señor Presidente que tener un arma de grueso calibre o un arma de guerra, como lo llamaron, no es una contravención, sino que es un delito; un delito contemplado en el artículo 89, 90 y 91. La misma ley, en su artículo 25, establece claramente cuáles son las armas que están prohibidas en nuestro país”, expresó el legislador.
“Señores, sí es un delito en Costa Rica. No confundamos a nuestra Fuerza Pública, no les digamos a nuestros policías que no pueden hacer su trabajo, no les digamos que detener a unos delincuentes con una AK-47 o con una AR-15 o cualquier fusil de asalto es una contravención. No señores. Es un delito”, añadió.
Campos recalcó que el proyecto de ley que se encuentra en estudio pretende establecer controles y sanciones sobre la gente que ya tiene un arma registrada legalmente.
