Iniciativa busca reducir el tiempo que duran las personas en el reconocimiento de sus grados académicos universitarios obtenidos en el exterior.
Los jerarcas del Ministerio de Educación Pública (MEP) defendieron este jueves el expediente 23.744, un proyecto de ley que pretende la equiparación y el reconocimiento de títulos y grados universitarios otorgados por instituciones extranjeras de educación superior, proceso que estaría a cargo del propio MEP.
Esta iniciativa fue presentada por el diputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y contó con el respaldo de todas las bancadas legislativas, con excepción del Frente Amplio (FA).
El viceministro de Educación, Leonardo Sánchez, explicó en la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Asamblea Legislativa que este proyecto busca que las personas graduadas en el exterior ingresen rápidamente al mercado laboral.
Según Sánchez, cerca de 12.000 profesionales han pasado por procesos burocráticos para validar sus títulos en el país.
“El objetivo de este proyecto de ley es plasmar los lineamientos generales con todo lo relacionado al proceso de reconocimiento y equiparación de títulos y grados universitarios que se otorgan en instituciones extranjeras de educación superior. El espíritu es promover un procedimiento más uniforme, más claro, más expedito, en un sistema educativo cada vez más moderno y que sea más inclusivo, resiliente y garantizar, sobre todo, que la ciudadanía, principalmente aquella que va a sacar un título al extranjero, tenga acceso rápido al mercado laboral”, detalló Sánchez.
Además, el viceministro indicó que es necesario actualizar la legislación en esta materia para evitar que las empresas tengan problemas en la contratación de talento extranjero.
La legislación vigente en materia de trámites académicos y profesionales data de hace 30 años. Entonces, es importante este proyecto en este contexto porque viene a actualizar muchos de los procesos y sobre todo hacerlo más eficientes y claros. Por otro lado, es importante mencionar que la ley actual, el artículo 21 de la Ley Fundamental de Educación, establece que corresponde la Universidad de Costa Rica hacer estos procesos y que este conforme han pasado los años, a través de un convenio, se ha extendido a otras universidades públicas”, afirmó el jerarca.
Según Sánchez, con este proyecto de ley se reducirán considerablemente los tiempos de espera para el reconocimiento y la equiparación de los títulos obtenidos en el extranjero.
“El proyecto de ley en términos de reconocimiento y equiparación de títulos, y este es creo que uno de los puntos más importantes, plantea que el proceso de reconocimiento debe realizarse un plazo de 10 días hábiles y la equiparación en un plazo de 60 días hábiles siendo. Entonces, reconocimiento y equiparación pasa a ser de 70 días hábiles. (…). Esto consideramos que es un salto de calidad importantísimo en comparación con los meses o años en que puede tardar hoy en día este proceso”, agregó el viceministro.
No obstante, la diputada del Partido Frente Amplio (FA), Rocío Alfaro, dudó sobre los impactos positivos de este proyecto de ley.
“Sobre este proyecto se dicen muchas cosas, pero la verdad es que muy pocas de ellas están demostradas. Por ejemplo, el pretender que con esto se va a parar la fuga del cerebro es no reconocer cuáles son las razones reales por las cuales en nuestro país hay fuga de cerebros. Por ejemplo, durante este Gobierno se han perdido 80.000 puestos de trabajo. Esas son las razones reales por las que muchas profesionales se están yendo, ni qué decir de la barbaridad de lo que está sucediendo en el sector público”, manifestó la frenteamplista.
Finalmente, la ministra de Educación, Anna Katharina Müller, respondió a las críticas que señalan que este proyecto de ley es inconstitucional por atentar contra la autonomía de las universidades públicas.
“La Constitución no le da esta función a las universidades. La Ley Fundamental de Educación le da la función a la Universidad de Costa Rica, no a ninguna otra universidad. No tiene nada que ver con la autonomía universitaria porque no es la Constitución la que dice que esta función es de las universidades públicas, entonces no se está violentando la Constitución”, argumentó Müller.
