La iniciativa de la diputada liberal Kattia Cambronero divide criterios en el Congreso y expertos.
Los cuestionamientos sobre Radiográfica Costarricense Sociedad Anónima (RACSA) derivaron en una nueva propuesta de ley.
La diputada Kattia Cambronero, del Partido Liberal Progresista, presentó este lunes un proyecto de ley, bajo expediente 24.105, para cerrar la institución, por considerar que la misma representa mayores cargas y riesgo financiero para el ICE y los contribuyentes, que constantemente participa en proyectos fuera de sus facultades (como el caso de las tobilleras electrónicas y los escáneres portuarios) y que la Contraloría General de la República ha identificado errores graves en sus contrataciones y en su organización administrativa.
“Es urgente la necesidad de cerrar instituciones que han perdido su razón de ser. A lo largo de distintas administraciones se le han asignado a Racsa tareas para las que no está preparada; haciéndola vulnerable a posibles actos de corrupción. Los costarricenses estamos cansados de instituciones que no agregan ningún valor para el país. Por eso, ya es hora de cerrar lo que no funciona y liquidar a estas instituciones que no son para nada transparentes”, justificó Cambronero.
Sobre RACSA
Radiográfica Costarricense Sociedad Anónima (RACSA) es una empresa del Grupo ICE que encuentra sus cimientos hace más de 100 años.
A partir de abril de 1920, cuando se declaró la telegrafía y telefonía inalámbricas como servicios públicos y monopolio del Estado, empezaron a gestarse una serie de leyes que culminaron en la creación inicial de la Compañía Radiográfica Internacional de Costa Rica (CRICSA) en 1922.
En junio de 1964, el gobierno le concedió al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) la explotación de los servicios de telecomunicaciones, razón por la cual el ICE y la Compañía formaron la sociedad Radiográfica Costarricense, que pasó a ser del ICE completamente en 1975.
Desde entonces, se le han asignado servicios de télex, fax, comunicaciones vía satélite, internet vía telefónica y vía cable submarino, y actualmente se dedica a “soluciones digitales que optimizan la infraestructura de Tecnologías de Información y Telecomunicaciones de las empresas del Estado, para incrementar su eficiencia, calidad y transparencia de los servicios”.
Los cuestionamientos
La entidad se ha visto envuelta en varios cuestionamientos, como una presunta contratación irregular para la segunda etapa de los escáneres y la falta de nombramiento de un auditor interno..
Esto llevó a que diputados de varias fracciones presentaran una denuncia contra RACSA.
Según el liberacionista Francisco Nicolás, uno de los firmantes del escrito, en caso de comprobarse los hechos se hablaría de actos de corrupción en contratación administrativa por montos de más de 30 millones de dólares, con un modus operandi similar al del SINART: utilizar una empresa pública para contratar “a dedo”.
Nicolás explicó que dentro de la denuncia se han individualizado al menos 15 personas, entre los cuales está el gerente general de RACSA, Mauricio Barrantes, y el asesor Federico Cruz “choreco”, además de 10 sociedades anónimas, algunas de las cuales tienen cuestionamientos a nivel internacional.
A través de un comunicado, RACSA rechazó los señalamientos de los legisladores.
A esto se añade la orden de la Contraloría General de la República (CGR) de frenar el proceso de contratación de la segunda etapa de escáneres, debido a la manera en la que se contrató y la falta de un estudio de mercado, según explicó el gerente del Área de Investigación para la Denuncia Ciudadana, Rafael Picado.
Las posiciones
El socialcristiano Carlos Felipe García puso en tela de duda la utilidad de RACSA, razón por la cual el PUSC firmó la propuesta de la legisladora Cambronero.
“En su quehacer ha generado pérdidas, se ha prestado para que gobiernos de turno utilicen la institución como un mecanismo para realizar diferentes actividades que no son competencia de la institución, como lo son los escáneres o las tobilleras, es por eso que un grupo de diputados planteamos la discusión de si efectivamente la institución sigue siendo un activo valioso para el Estado costarricense y cumpliendo un fin a cabalidad que garantice el sano funcionamiento del Estado”, expresó.
Por el contrario, la legisladora del Frente Amplio, Sofía Guillén, considera que la medida es radical, y lo que debe hacerse es resolver las situaciones irregulares que suceden en la institución.
“No es la solución, cuando una institución tiene defectos o problemas de corrupción deben corregirse sus problemas con mucho ímpetu pero no cerrar la institución, es decir, que hay que hacer una limpia anticorruptos, no cerrar la institución, eso es demasiado simplista y no arregla nada”, cuestionó Guillén.
Por su parte, el exministro del MICITT Luis Adrián Salazar considera que es válido poner en estudio la utilidad y eficiencia de las instituciones en este momento.
“Este tipo de discusiones son importantes y deben de darse en función de garantizar de que exista un Estado lo suficientemente eficiente; el Estado cuenta con el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), quien sin duda alguna tiene una potencialidad muy grande en cuanto al desarrollo de mercados en temas digitales”, manifestó Salazar.
Noticias Columbia solicitó una posición a RACSA, mediante su Oficina de Prensa, pero al cierre de edición no se obtuvo respuesta.
