Aún queda pendiente la colocación de los escáneres en el muelle de JAPDEVA, en la Terminal de Caldera, y también uno en cada puesto fronterizo: Paso Canoas y Peñas Blancas.
La forma en la que se promovió la contratación de la segunda etapa de los escáneres y la falta de un estudio de mercado fueron las razones por las cuales la Contraloría General de la República (CGR) frenó el proceso.
Fue en el mes de julio que se colocaron los primeros escáneres de mercancías en la Terminal de Contenedores de Moín, de la empresa AMP Terminals, bajo la administración de Radiográfica Costarricense (RACSA), con el fin de combatir el trasiego de droga.
Luego de este evento, el Gobierno anunció que pondría en funcionamiento escáneres en otros puntos: uno en un muelle de la Junta de Administración Portuaria de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA), dos en la Terminal de Caldera, y también uno en cada puesto fronterizo: Paso Canoas y Peñas Blancas.
Esta segunda etapa de colocación la gestionó el Ministerio de Agricultura y Ganadería, a través del Servicio Fitosanitario del Estado, mediante una contratación administrativa publicada el pasado 14 de diciembre.
No obstante, la Contraloría General de la República, mediante oficio oficio DFOE-DEC-3207 del 20 de diciembre del 2023, frenó dicha contratación este miércoles, alegando una serie de irregularidades en el proceso, según amplió el gerente del Área de Investigación para la Denuncia Ciudadana, Rafael Picado.
“El uso de la excepción de contratación de Derecho Público que se pretendía usar parte del supuesto de que el ente público puede orientar el servicio él mismo, lo cual jurídicamente es incompatible con la figura de la alianza estratégica, las excepciones a los procedimientos ordinarios de contratación nunca pueden ser utilizados como un mecanismo para la contratación directa de terceros a espaldas de los procedimientos de contratación pública, lo anterior hace por tanto que se cometan yerros graves en el procedimiento cuestionado, como por ejemplo la ausencia de un estudio de mercado que garantice el mejor uso de los fondos públicos”, indicó.
Picado expresó que aunque la Contraloría entiende la importancia de los escáneres, la contratación no puede hacerse “de manera improvisada, poco transparente e incorporando a terceros”.
El abogado experto en Contratación Administrativa, Mario Umaña, explicó en qué consiste una contratación irregular y sus sanciones.
“Las contrataciones irregulares, de conformidad con los artículos 103 de la Ley General de Contratación Pública y 279 de su Reglamento, corresponden con aquellos procedimientos de compras públicas gestionados sin que se haya seguido el procedimiento correspondiente, se haya aplicado manera ilegítima alguna de las excepciones definidas por la ley y se hubiera infringido el régimen de prohibiciones de dicha norma”, dijo Umaña.
Según el especialista, si se logra demostrar que se efectúa una contratación irregular el contratista puede recibir una sanción de inhabilitación calificada, mientras que el funcionario público puede enfrentarse al apercibimiento por escrito, la suspensión sin goce de salario e incluso el despido sin responsabilidad patronal.
Umaña manifestó que es la Contraloría la que debe estudiar si las contrataciones públicas cumplen con los requisitos de ley.
Por ello, en el caso de los escáneres se procedió a detener el proceso contractual, según amplió.
“La contratación que se quería gestionar a través del procedimiento llevado a cabo por la administración podría llegar a ser irregular al ser adjudicada por cuanto no se aplicó de manera legítima la excepción de actividad contractual desarrollada entre entes de Derecho Público, siendo que se utilizó una figura de alianza estratégica que no es compatible con la excepción invocada ya que la prestación debería estar dentro del giro del negocio de la administración contratada, y porque además no versa sobre cuestiones especializadas y accesorias, aunado al hecho de que no se contrató mediante un procedimiento ordinario de contratación y también por cuánto además no se realizó un estudio de mercado que cumpliera con los requisitos mínimos requeridos por la Ley General de Contratación Pública”, expresó Umaña.
Tras la decisión de la Contraloría, el Poder Ejecutivo aseguró sentirse preocupado y asombrado por la decisión.
El ministro de Agricultura y Ganadería (MAG), Victor Carvajal, lamentó la decisión de la CGR por el impacto que tendrá sobre las medidas de seguridad.
Además, defendió que el Gobierno adjudicara el contrato a RACSA, pese a los cuestionamientos de la Contraloría.
“Este gobierno ha procedido estrictamente en apego a la Ley de Contratación Administrativa utilizando un mecanismo que es legal y es avalado por ley que es la contratación entre entes de derecho público, sin embargo, esta disposición de la Contraloría hace una interpretación de la ley y nos indica que no podemos combinar algunos de los procedimientos que ya estaban en curso, por esta razón, nos vemos obligados a establecer un alto en el camino y plantearnos las posibles soluciones y nuevos pasos a seguir”, manifestó Carvajal.
