Veto parcial del presidente de la República, Rodrigo Chaves, fue sobre el primer artículo de propuesta para sacar a país de lista negra de la Unión Europea, sin embargo, diputados lo resellaron para mantenerlo en iniciativa.
La discusión alrededor del proyecto de ley para sacar a Costa Rica de la lista negra de la Unión Europea giró sobre el primer artículo de la propuesta.
Este propone modificar el artículo 1 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para adicionar como una excepción el nuevo supuesto tributario, de rentas pasivas en el exterior obtenidas por entidades no calificadas, respetando la definición de territorialidad actual, según la Constitución Política.
De esta manera, empresas que estén instaladas en el país y cumplan con una serie de condiciones de operación, no deberán pagar impuestos por las rentas que produzcan fuera de Costa Rica, tal como lo detalló el exdirector de Tributación y director de ICS, Francisco Villalobos.
“Los legisladores quisieron hacer un cambio al artículo primero de la Ley del Impuesto sobre la Renta para, de alguna manera, incorporar lo que el PLP había venido planteando para interpretar auténticamente el artículo primero de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que es el que dice que en nuestro país solo se cobran impuestos por las rentas que se generan en el territorio y no las que se generan afuera. Esto fue lo que el Gobierno, en su momento, cuestionó y lo que el veto parcial trató de enmendar”, explicó Villalobos.
Por su parte, para el exviceministro de Hacienda, Fernando Rodríguez, este proyecto tiene una afectación a las finanzas del Estado, ante la imposibilidad de poder cobrar estos impuestos.
“Por un lado, Hacienda va a perder los litigios que tenían en temas relacionados y, eventualmente, va a tener que ceder una cantidad importante de recursos que estaba peleando en los tribunales. Por otro lado, no va a poder aplicar los criterios que, en su momento, la Sala Constitucional había indicado que estaba aplicando de manera apropiada y esto va a generar un hueco. Ese es, precisamente, el otro tema. Al generarse ese hueco se genera también una facilidad para poder eludir el pago de impuestos que hacia adelante puede ser aprovechado por diferentes instancias, empresas principalmente, para reducir su contribución en términos de pago de tributos”, aseguró el economista.
Según Rodríguez, el veto era necesario, ya que, pese a la necesidad de enviar un mensaje a la Unión Europea de que estábamos cumpliendo con sus señalamientos, eso no podía ser a costa de sacrificar recaudación de impuestos.
El economista agregó que la decisión de los diputados de resellar el proyecto en cuestión, finalmente beneficiará a grandes contribuyentes.
“Esa potestad que tenía el Ministerio de Hacienda de poder aplicar criterios para cobrar impuestos sobre la renta en determinadas circunstancias, que se pierde con la aprobación de esta ley, va a beneficiar principalmente a grandes contribuyentes. No es una situación en la que se benefician ni pequeños contribuyentes, ni pequeñas o medianas empresas, sino que es algo que se ha reclamado, sobre todo, para contribuyentes de mayor tamaño y que ahora, al allanarse el terreno de forma tal que se va a entender que sobre las circunstancias que se señalan no se va a poder cobrar impuestos, pues esto va a beneficiar a grandes contribuyentes”, señaló Rodríguez.
No obstante, según el socio consultor de Baker Tilly Costa Rica, Carlos Gómez, este resello era necesario por la inclusión del artículo 1 del proyecto de ley para salir de la lista de países no cooperantes en materia tributaria de la Unión Europea.
“El proyecto, realmente, no afecta a todos los costarricenses. Lo que hace es enmendar un abuso de la Administración que, sinceramente, ha ocasionado mucho daño a la seguridad jurídica costarricense, ya que se interpretaba en contra de lo que la norma textualmente decía. Prueba de lo anterior es que, cuando se le consultó al Comité Técnico de la Unión Europea de si ellos estaban enterados de esta interpretación, ellos fueron claros al indicar que sí estaban enterados, pero que esa interpretación no era lo que la ley decía, o sea, iba mucho más allá de lo que la ley decía. La reforma al artículo era necesaria para salir de la lista negra. ¿Por qué? Porque una de las solicitudes de la Unión Europea era eliminar la discrecionalidad administrativa”, detalló el especialista de Baker Tilly.
Finalmente, Gómez explicó que, de permanecer el veto, existía un problema ya que se estaba pasando a una especie de renta mundial sin una legislación que sustentara dicho cambio en el país.
“Si se ampliaba la territorialidad en la norma, íbamos a tener un artículo primero que nos pasaba casi que a la renta mundial sin que la estructura de todos los demás artículos estuvieran acorde a eso. Entonces, lo lógico y lo sano, a mi criterio, era mantener el criterio de territorialidad y entrar en la discusión, como se está haciendo ahora que se creó una comisión legislativa específica para definir si se quiere cambiar el criterio, si se quiere pasar a un criterio de renta mundial, bueno, entonces hagamos las reformas integrales que necesita nuestro sistema impositivo para llegarle. No lo hagamos como lo pretendía hacer el veto, en donde lo que se establecía era nada más, con esta modificación, un artículo sin cambiar el resto de la norma”, añadió Gómez.
