El 28 de febrero del 2020 se realizaron los allanamientos a la Casa Presidencial. Fiscalía alega demoras ajenas a su control.
Pasaron ya cuatro años desde que la Fiscalía y el OIJ decomisaron computadoras, teléfonos y otros dispositivos electrónicos como parte de las investigaciones en el caso de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos, conocida como UPAD.
Los dispositivos pertenecen al expresidente de la República, Carlos Alvarado, el exministro de la Presidencia, Víctor Morales y otros funcionarios públicos vinculados al trabajo de la extinta Unidad.
El Ministerio Público sostiene que hubo presuntas irregularidades con la elaboración del decreto que creó la UPAD y además investiga si hubo o no violación de datos de los habitantes.
Las autoridades tienen los respaldos de toda la información pero no se han hecho las inspecciones. A pesar de que anunció que en enero pasado se iba a revisar el contenido, se pospuso la diligencia como había sucedido en otras oportunidades.
Durante muchos meses, se mantuvo una disputa entre La Fiscalía y abogados defensores por la forma en que se iba a revisar el contenido de los aparatos.
Los representantes del Ministerio Público querían ver todos los archivos, mientras que los abogados solicitaron que se analizaran únicamente los que tuvieran relación con el caso UPAD. Para ello, pidieron que se emplearan palabras claves o parámetros de búsqueda, como finalmente fue autorizado por la Sala III y el Juzgado Penal.
Atender estas diferencias implicó la resolución de recursos y objeciones que provocaron demoras significativas al proceso.
“Actualmente la causa se encuentra en trámite. La Próxima diligencia a realizar es el análisis y examen de la prueba digital de los dispositivos electrónicos secuestrados mediante la diligencia de allanamiento realizada en el año 2020”, dijo Natalia Villalta, fiscala adjunta de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción
“Se va a remitir a la sección de Cibercrimen los dispositivos electrónicos para que se inicie con la respectiva pericia conforme a las disposiciones ordenadas por el Juzgado Penal”, añadió.
Los abogados del expresidente Alvarado y el exministro Morales, confirmaron que, a la fecha, no se ha revisado un solo archivo de los aparatos decomisados.
El 15 de enero de 2024, cuando se pretendía iniciar, el OIJ y la Fiscalía alertaron que no era conveniente hacer la revisión en una sala de juicio, donde terceros podrían eventualmente tener acceso a información sensible o privada.
Además, la Policía Judicial detalló que el equipo portátil no tiene la misma capacidad que el instalado en el Primer Circuito Judicial de San José, de manera que el análisis de la prueba podría demorarse muchos meses si se hacía de la forma prevista.
A esto se suma que aún no se han determinado los parámetros de búsqueda para acceder a la información que esté relacionada con la UPAD.
La más reciente resolución del Juzgado Penal de Hacienda, del Segundo Circuito Judicial de San José, determinó que se deben definir y remitir los parámetros para proceder.
Además, bajo las condiciones mencionadas, delegó en el Ministerio Público y la Sección de Cibercrimen del OIJ, la revisión del contenido de los aparatos electrónicos.
“En cuanto los archivos informáticos que contengan videos, imágenes y audios, se deberá de señalar hora y fecha, con presencia únicamente de las partes interesadas para la realización de la misma”, dice la resolución.
El caso
En octubre del 2019, el Gobierno de la República emitió el decreto Nº 41996-MP-MIDEPLAN para la creación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), sin embargo fue publicado en La Gaceta hasta el 17 de febrero del 2020.
Según el decreto el objetivo principal de la UPAD era “institucionalizar en el Despacho del Presidente un enfoque de toma de decisiones de política pública fundamentadas en la evidencia que aporta el análisis de los datos y fortalecer el proceso decisorio del Presidente de la República con alternativas certeras, eficaces, eficientes y de mayor impacto positivo para el país”.
Sin embargo, la polémica llegó con el artículo 7, el cual dice que “las instituciones de la Administración Pública Central y Descentralizada deberán permitir el acceso a toda información que sea requerida por parte de la UPAD para el cumplimiento de sus fines y objetivos, salvo aquellos casos particulares donde la información sea considerada como secreto de Estado”.
“(…) También se brindará acceso a la UPAD a información de carácter confidencial con la que cuenten las instituciones públicas cuando así se requiera”, añade el decreto que fue derogado el 21 de febrero tras las publicaciones de la prensa.
Fase judicial
Ante la dificultad para revisar la evidencia electrónica, en febrero del 2022 la Fiscalía General, comandada entonces de forma interina por Warner Molina, decidió dividir la causa en dos: Una por el decreto y la otra por la supuesta violación de datos personales.
Molina acusó al expresidente Alvarado y el exministro Morales por los presuntos delitos de prevaricato (dictar resoluciones contrarias a la ley), abuso de autoridad y fraude de ley.
En esa oportunidad, les atribuyeron presuntas irregularidades relacionadas con el trámite del decreto y su contenido.
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No obstante, con la llegada de Carlo Díaz a la Fiscalía General, las cosas cambiaron. En enero del 2023, el jerarca del Ministerio Público dijo a Noticias Columbia que analizaba reformular la acusación por el caso UPAD de manera que la causa judicial no estuviera separada.
Díaz explicó que esa acusación se hizo cuando los imputados eran funcionarios de Supremos Poderes pero que, al dejar el cargo en mayo del 2022, el proceso pasó a la llamada “vía ordinaria”.
Alegó que el trámite “es completamente diferente” y por eso no descartó que se elabore una nueva acusación que deje sin efecto la anterior. Reconoció que ese proceso causaría una demora o prolongación en el trámite.
Defensa
Desde el inicio del proceso, los abogados del expresidente, Roger Guevara y Rodolfo Brenes, alegaron que su representado no cometió ningún delito. Incluso pidieron al Ministerio Público que agilizara el proceso pues tenían la certeza de que, en un juicio, demostrarán la inocencia de Alvarado.
Guevara y Brenes también han expresado su oposición a que el Ministerio Público eche atrás la primera acusación que se planteó por el caso UPAD.
El defensor del exministro Morales, Ewald Acuña, aseguró que el exfuncionario “actuó al amparo del principio de confianza”, es decir, de acuerdo con la recomendación de los asesores legales del Ministerio de la Presidencia.
“Él no tuvo participación en la elaboración del decreto, sino que se sentó a firmarlo conforme al principio de confianza”, recalcó.
