Salario escolar fue establecido vía decreto bajo la administración del expresidente José María Figueres Olsen.
Más de 160.000 trabajadores públicos recibieron este lunes su salario escolar. En total, el Ministerio de Hacienda depositó unos 153.000 millones de colones.
Este monto se entrega en enero para poder hacer frente a las obligaciones relacionadas con la entrada a clases de los hijos que pueda tener el trabajador.
La especialista de Aselecom Abogados, Sharon González, explicó de dónde se recibe este beneficio y quienes son las personas que tienen derecho sobre el mismo.
“Corresponde a un ahorro que realiza el trabajar. Lo que pasa es que el patrono a lo largo del año le retiene determinado porcentaje de su salario, lo acumula y en enero se lo deposita de manera que lo que se le deposita sea igual al salario regular que percibe, normalmente. Los empleados públicos son los únicos que lo reciben de manera obligatoria, por así decirlo. En cuanto al porcentaje específico, va a depender del salario de cada funcionario, entonces no se puede indicar como una fórmula exacta”, detalló González.
De igual manera, la abogada indicó que, pese a que en principio este beneficio solo se recibe por parte de trabajadores públicos, quienes laboran en el sector privado también pueden llegar a optar por el mismo.
“En algunas empresas privadas o transnacionales, si el patrono, dentro de sus políticas, determina otorgar esta erogación, bienvenido sea. El trabajador lo percibe sin ningún problema. Pero, si el patrono no tiene esta práctica ni lo regula dentro de sus políticas internas, entonces si la empresa cuenta con asociación solidarista, el colaborador de la empresa privada puede optar por hacer este ahorro por su cuenta en una asociación o en otra entidad financiera, cooperativa o entidad privada que esté debidamente regulada por SUGEF”, agregó la especialista.
Precisamente, la distinción en el acceso al salario escolar por parte de trabajadores públicos y privados ha sido un tema polémico durante los últimos años.
El exdiputado libertario, Otto Guevara, explicó la forma en la que este beneficio fue instaurado en la administración de José María Figueres, entre 1994 y 1998.
“Desde el periodo presidencial de José María Figueres Olsen, 94-98, se creó por decreto, óigase bien, por decreto, no hay una ley que haya creado el salario escolar, ese beneficio que reciben desde esa época los funcionarios del sector público. Se creó, en principio, únicamente para los empleados del Poder Ejecutivo. Posteriormente, mediante resoluciones administrativas, sin leyes de por medio, se amplió el beneficio para los empleados de instituciones autónomas, como universidades. También se hizo extensivo para todos los otros poderes”, indicó el libertario.
Por la manera en la que fue consolidado, Guevara señaló que este beneficio es inconstitucional por no estar estipulado en alguna ley.
“Desde esa fecha, especialmente a partir del 98, se le entrega un salario adicional a todos esos funcionarios públicos. A mi juicio, eso es inconstitucional. No está sustentado en ninguna ley y debería eliminarse. Al menos, debería estar sujeto al impuesto sobre la renta, porque tampoco está sujeto a impuesto sobre la renta ese decimocuarto salario”, añadió Guevara.
En una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) realizada en el país el pasado mes de octubre, se recomendó valorar la posibilidad de eliminar la exoneración al impuesto sobre la renta en el salario escolar.
Para el exviceministro de Hacienda, Fernando Rodríguez, es importante tomar en cuenta algunas consideraciones al momento de discutir sobre gravar el salario escolar.
“Siendo el salario escolar parte del salario regular y gravándose este de alguna manera que permita racionalizar la forma en que se aborda el cobro del impuesto, la exoneración inclusive es regresiva. Esto cuesta bastante que se entienda, lo digo con toda sinceridad. Se ha convertido en un elemento puntal de discusión para algunos sectores, sin embargo, gravar el salario escolar, eventualmente, le daría más progresividad al sistema tributario y podría incrementar los recursos disponibles del Estado. Si el salario se eliminase, ese monto tiene que volver al salario regular y quedaría gravado. Siendo un componente más del salario, inclusive creo que hay un elemento de injusticia alrededor de la exoneración”, aseguró Rodríguez.
