Jerarca del Ministerio Público afirma que el país debe “avanzar en esa reforma constitucional”, aunque reconoce que su trámite es complejo.
En los últimos días, el Fiscal General, Carlo Díaz y el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga, manifestaron nuevamente su criterio a favor de que Costa Rica realice un cambio en sus leyes para que se permita la extradición de costarricenses, por nacimiento o naturalización, cuando sean requeridos por actividades de narcotráfico o crimen organizado a nivel internacional.
A esta posic9ón se sumó el fiscal adjunto de la Fiscalía General, Mauricio Boraschi quien compartió con Zúñiga una conferencia de prensa el pasado 15 de noviembre cuando se dio a conocer la inclusión de un empresario tico en una de las llamadas “listas negras” de los Estados Unidos por supuestos vínculos con narcotráfico y hechos de violencia.
Boraschi, dijo que hechos recientes demuestran la participación de nacionales en hechos delictivos que trascienden nuestras fronteras.
“Por eso, tanto don Randall (Zúñiga) como don Carlo Díaz han venido insistiendo en la necesidad de que este país ya tome una determinación formal y procesa con la extradición de nacionales hacia otros países donde tengan cuentas pendientes con la justicia”, dijo.
“Tenemos que entender que estamos en un sistema de justicia penal internacional y Costa Rica hoy es un sujeto activo de este movimiento y por lo tanto, debemos cumplir con esos estándares internacionales y proceder ya a la deportación de nacionales que se vean vinculados en diferentes actividades delictivas”, añadió.
El director del OIJ, Randall Zúñiga, hizo especial énfasis en personas extranjeras, que se dedican a actividades delictivas y cuentan con la nacionalidad tica por naturalización.
Citó como ejemplo el caso de una organización sospechosa de traficar cocaína en bebidas en la cual cuatro de sus miembros son extranjeros pero cuentan con la ciudadanía costarricense.
Zúñiga incluso expresó que este tipo de situaciones pueden llegar a afectar a Costa Rica ante otros países e hizo un llamado a lo que denominó como “cuidar el pasaporte”.
“El pasaporte costarricense ha gozado durante muchos años de privilegios o facilidades para trasladarse a otros países. (…) Si existen los mecanismos para que personas con esta cantidad de antecedentes puedan acceder a ese pasaporte costarricense, en algún momento podríamos salir afectados todos los costarricenses y si no me creen, pueden ver países en Suramérica que tienen altas limitaciones de traslado internacional”, expresó.
“Les piden visa para ir a Europa o para ir a otros lugares que generalmente no piden visa. Entonces, tenemos que cuidar el pasaporte costarricense; no se le puede entregar la ciudadanía a cualquier persona”, agregó.
El jerarca policial explicó que hay personas foráneas que aprovechan su arraigo en el país para obtener la nacionalidad y cobijarse con los derechos que eso implica, como no ser enviado a otro país que lo requiera por hechos criminales.
Zúñiga pidió que no se malinterpreten sus palabras pues se trata de un asunto de seguridad y no de rechazo a extranjeros.
“Yo sí quiero hacer conciencia, a parte del tema de la extradición que es necesario y que en muchos países ha sido la solución para que se acaben de raíz muchos problemas que han tenido, también tener cuidado en el momento en que se le da la ciudadanía que poco viene a contribuir al país y no quiero, con esto, enarbolar un discurso xenofóbico, ¡jamás!”, recalcó.
“Yo fui extranjero en algún momento en una tierra cuando estudié de joven y puedo darles la certeza de que es feo ese sentimiento de xenofobia. En este caso, en Costa Rica, por lo menos, estas personas que están cometiendo delitos o que de alguna forma se aprovechan de las facilidades que otorga el Estado costarricense, tenemos que tomarlas en revisión”, indicó Zúñiga.
Consultado por Noticias Columbia este viernes 17 de noviembre, el fiscal general, Carlo Díaz, reiteró que está de acuerdo con la extradición de costarricenses requeridos por actividades criminales de índole internacional.
“Estamos completamente de acuerdo. Consideramos que tenemos que avanzar en esa reforma. Es una reforma constitucional que lleva dos legislaturas, que no es tan sencilla como aprobar una simple ley”, afirmó.
Díaz aseveró que hay algunas personas extranjeras que buscan la nacionalidad costarricense simplemente para “andar cubriéndose en las actividades delictivas”.
No es fácil
A pesar de estos llamados de las autoridades judiciales, la posibilidad de extraditar costarricenses, vinculados con criminalidad organizada, no es un asunto sencillo de gestionar pues implica cambios profundos en la legislación del país.
La presidenta de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico del Congreso, Gloria Navas, afirmó que los diputados entienden la preocupación del OIJ y las demás autoridades con respecto a este tema.
A pesar de ello, expresó que medidas, como permitir la extradición de nacionales, enfrentan cuestionamientos fuertes.
“Es un tema muy delicado porque la pretensión es que se extradite a nacionales, sean o no naturalizados. La Convención de Derechos Humanos, y nosotros tenemos aceptación y cumplimiento obligatorio, protege a los nacionales de cada país en cuanto a que no pueden ser expulsados y nuestra Constitución también desde hace muchísimos años”, manifestó.
“Es un tema constitucional, hay que reforma la Constitución Política a esos niveles. Eso no se logra de un día para otro, pero estamos con el choque de los derechos fundamentales en cuanto a la nacionalidad y el naturalizado tiene la misma equiparación del nacional”, subrayó.
La diputada ve más opciones con una iniciativa que afectaría a personas que son costarricenses por naturalización pero se les vincula con hechos de criminalidad internacional.
“Hay un proyecto de ley que está en Plenario ya prácticamente, que esperamos que lo convoque el Poder Ejecutivo, para, en el caso de naturalizados, en condiciones especiales, conectados con este tipo de delitos se les pueda revocar la nacionalidad”, dijo.
Navas explicó que en el caso de los ticos por nacimiento, la situación es distinta y hay una protección especial.
La legisladora considera que, en el contexto actual, “se supone que tenemos un sistema jurídico correcto” para que sean juzgados en el país los costarricenses señalados por actividades ilícitas con alcance internacional.
“El tema es la cooperación internacional si el caso es fuera del país, que se traiga y se juzgue al costarricense aquí porque así está dispuesto desde la Constitución Política”, finalizó.
El artículo 32 de la Carta Magna dice lo siguiente: “Ningún costarricense podrá ser compelido a abandonar el territorio nacional”.
