La ley castiga la introducción de droga pero no de los celulares. Viceministro de Justicia asegura que ese es uno de los principales problemas.
La Policía Penitenciaria, con el apoyo de otros cuerpos policiales, ha intensificado los operativos para sacar teléfonos celulares de las cárceles.
Los privados de libertad no pueden tener estos aparatos pues se corre el riesgo de que sean utilizados para cometer estafas o dirigir acciones delictivas desde los centros penales.
A pesar del bloqueo de señal celular, se las ingenian para obtener señal de Wi-Fi y poner en uso los teléfonos. Esto lo hacen mediante routers o “colgándose” de servicios de Internet Inalámbrica instalados cerca de las prisiones por otros miembros de las organizaciones.
El viceministro de Justicia, Exleine Sánchez, informó que, de mayo del 2022 al 22 de junio del 2023, los oficiales localizaron 2.538 aparatos. Esto incluye los hallazgos en diferentes aposentos u objetos y también los decomisados a personas.
Ante una consulta de Noticias Columbia, Sánchez dijo que la cantidad de celulares que fueron sacados de las cárceles refleja que hay un esfuerzo policial muy importante y eficacia en los operativos, pero a la vez, deja al descubierto que existen dificultades en los controles de ingreso.
Los teléfonos pueden ser ingresados a los centros por visitantes, proveedores de algún tipo de servicio, en encomiendas o a través de algunos funcionarios del sistema penitenciario que lamentablemente incurren en esta conducta irregular.
El jerarca indicó que la delincuencia busca nuevas formas de meter los teléfonos a las cárceles y que la pregunta de cómo lo hacen, a veces es “compleja de responder”.
“Pese a que hay una revisión estricta, persona por persona, siempre, siempre la delincuencia va a tratar de encontrar el camino. El hallazgo y decomiso de teléfonos es importante; eso quiere decir que siempre hay ingreso de teléfonos celulares a los centros penitenciarios. Eso no lo vamos a negar”, expresó.
“Tenemos muchas fuentes por las que tratan de ingresar teléfonos. Algunas las detectamos y las procesamos, internas y externas y otras, muy posiblemente, como es notorio, nosotros no tenemos esa capacidad logística y esa capacidad humana, porque estamos muy limitados en capacidad humana para tener ese tipo de control. La tecnología a veces no resulta infalible como uno piensa y si la misa tecnología no es infalible, difícilmente un proceso humano lo resulta”, añadió.
Sánchez dijo que, pese a estas dificultades, están siendo lo más estrictos y rigurosos que se puede con la vigilancia e incluso se han extendido los controles a las inmediaciones de las cárceles.
Durante este viernes 23 de junio se realizó un amplio operativo en todos los centros penales del país que permitió el decomiso de 20 teléfonos, 119 armas blancas y dosis de drogas como marihuana y cocaína.
Problema legal
El viceministro de Justicia indicó que uno de los principales problemas en esta situación es que ingresar teléfonos a un centro penal no se considera un delito como sí ocurre con otros hechos.
“Eso es precisamente la problemática de todo esto. Por supuesto que la introducción de droga en un centro penal es un delito que está claramente tipificado por nuestro ordenamiento jurídico, pero los celulares no. Ingresar celulares no resulta en ningún tipo de delito”, expresó.
Cuando se trata de funcionarios del Sistema Penitenciario o del Ministerio de Justicia, se tramita la falta por la vía administrativa, sin embargo, una sanción fuerte como el despido podría tardar mucho tiempo en concretarse.
“Todos entendemos la parte administrativa en este país. Cuando se trata de funcionarios púbicos es muy complejo el tema del despido. Tiene que haber un debido proceso, porque esto se convertiría en una cacería de brujas y eso no puede ser en un país de Derecho. Nos obliga a una tramitología y si yo le dijera que eso ocurre en un mes, le estaría mintiendo”, recalcó.
Sánchez es máster en Derecho y diplomado en Investigación Criminal. Tiene una amplia carrera en el OIJ donde ha sido jefe de varias delegaciones. Cuenta con un permiso del Poder Judicial para desempeñarse en el Ministerio de Justicia.
