Situaciones relacionadas con un juez y con uno de los acusados, impidieron que el debate comenzara este lunes 24 de abril.
Por segunda ocasión en un mes, el juicio por el caso de la Trocha fronteriza no pudo iniciar.
El 27 de marzo, fecha que estaba prevista para que comenzara el debate en Goicoechea, el proceso fue pospuesto debido a que se solicitó la separación de los jueces Franz Paniagua y Alfredo Arias para evitar un posible conflicto de intereses.
El abogado Mauricio Paniagua, advirtió que había sido defensor de estos integrantes del Tribunal en una causa que judicial en la cual ellos enfrenaron una denuncia por supuesto prevaricato.
Los juzgadores aceptaron ser separados y la solicitud fue ratificada por la jueza Rosaura García. De esta forma se ordenó el reemplazo y se fijó este 24 de abril como nueva fecha para el juicio.
El nuevo Tribunal quedó conformado por Rosaura García, José María Arguedas y Jorge Tabash. Como cuarto juez o reemplazante, fue designado José Pablo Alvarado.
La mañana de este lunes, Tabash (segundo de izquierda a derecha en la foto) dijo que debía separarse del proceso porque es amigo cercano del abogado José Joaquín Ureña, defensor de uno de los imputados en el caso de la Trocha.
Tabash dijo que había comunicado esta situación a la coordinación del Tribunal, instancia que no consideró que hubiese algún conflicto de interés.
No obstante, Tabash tenía el criterio de que debía apartarse y plateó formalmente la solicitud de inhibitoria que fue aceptada en horas de la tarde.
“Desde el punto de vista subjetivo, yo tengo muy claros mi valores éticos y morales, sin embargo, esto también se analiza desde el punto de vista objetivo. Lo importante es cómo se puede percibir esto por parte de la ciudadanía, sobre todo en un caso donde se investiga, según lo que he escuchado, pues delitos de corrupción”, explicó.
Acusado en el hospital
Además de la situación con el juez, el juicio por el caso de la Trocha no hubiera podido iniciar este lunes debido a que uno de los acusados, de apellido Ramírez, sufrió un accidente de tránsito y está hospitalizado, en condición estable pero a la espera de cirugía.
Su abogado defensor, José Miguel Villalobos dijo que el 17 de abril, Ramírez conducía la moto y fue impactado por un vehículo cuyo conductor se habría pasado una señal de alto.
Como consecuencia, sufrió una fractura en la muñeca derecha y el brazo izquierdo. La operación se realizará el miércoles y es posible que el jueves se conozca el tiempo de incapacidad. Villalobos estima que el plazo de recuperación no será menor a las tres semanas.
Una vez que se nombre a un nuevo juez o jueza que sustituya a Tabash, el Tribunal debe atender esa situación.
La Fiscalía y la Procuraduría adelantaron que se oponen a la posibilidad de que Ramírez sea juzgado por aparte y que comience el juicio contra las otras 12 personas.
Esto debido a que lo consideran como uno de los principales acusados en el caso y su estrecha relación con los hechos que serán analizados en juicio.
La fiscala Milena Brenes explicó que a Ramírez se le atribuyen 122 supuestos delitos de peculado, en concurso material, un delito de influencia en contra de la Hacienda Pública, 15 delitos de cohecho propio y tres delitos de enriquecimiento ilícito.
“La pieza acusatoria consta aproximadamente de 400 hechos imputativos por lo que estamos haciendo referencia a que efectivamente la participación (de Ramírez) es considerada dentro de los imputados principales, que incluso era funcionario público al momento de la comisión de los hechos y por lo que esta representación trataría de mantener el grupo completo en aras de la protección de la unidad de la acusación”, indicó.
El caso
La Ruta Nacional 1856, mejor conocida como la Trocha es una vía de 160 kilómetros construida, entre el 2011 y el 2012, en la zona fronteriza con Nicaragua. Se construyó al amparo de un decreto de emergencia emitido el 21 de febrero del 2011 durante la administración de la expresidenta Laura Chinchilla Miranda.
El proyecto se ejecutó luego de la ocupación de militares nicaragüenses en la zona conocida como Isla Calero. En mayo del 2012, Chinchilla dio a conocer que se habían puesto una denuncia por los supuestos actos de corrupción.
Los trabajos fueron ampliamente cuestionados por falta de supervisión, supuestos pagos ilegales y desvíos de fondos, obras inconclusas o mal hechas.
Además de la acusación de la Fiscalía, hay una querella de la Contraloría General de la República y una acción civil resarcitoria de la Procuraduría General de la República.
En la causa figuran un exdirector de Conavi, dos exfuncionarios de esa institución que eran encargados del proyecto y 10 particulares entre supervisores y empresarios.
