La situación también ha motivado a los diputados a abrir una investigación sobre la cooperativa.
La intervención en Coopeservidores ha dejado diversos reclamos en la Sala Constitucional y la apertura de una investigación legislativa.
El pasado 13 de mayo, el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) acordó ordenar la intervención de la cooperativa CS Ahorro y Crédito, antes Coopeservidores, hasta por un plazo de 30 días naturales.
Según comunicó el Consejo, se detectó una serie de situaciones que podrían poner en peligro la seguridad y solvencia de la cooperativa, entre ellas: información deficiente e imprecisa sobre operaciones de crédito, moratorias de pago sin gestiones de cobro, incremento del riesgo en el primer trimestre del 2024, y negligencia en algunas actuaciones de los órganos de dirección y alta administración.
Si bien el proceso culminaría esta semana, Conassif decidió ampliar la intervención, que está a cargo de Marco Hernández y Lillieth Brenes, hasta el próximo 25 de junio.
Incidencias en el proceso
Dentro de la intervención se ha despedido al gerente general de la cooperativa, Oscar Hidalgo, y se ha cesado el contrato laboral de 147 trabajadores.
Esto ha generado una serie de repercusiones en la sociedad, sobre todo entre los afectados por la posible decadencia de la cooperativa.
Según datos de la Sala Constitucional, se han presentado 11 recursos de amparo por personas que se sienten afectadas, tanto contra Coopeservidores como contra Conassif, por el congelamiento de sus cuentas.
Los reclamos versan, sobre todo, por la negativa a entregar ahorros, la imposibilidad de acceder a los fondos y la falta de pago de salarios.
De esos recursos, seis han sido rechazados de plano, mientras que cinco se encuentran en curso o en estudio.
Investigación en el Congreso
La situación llevó a los diputados a solicitar una investigación a la cooperativa dentro de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público, según amplió su presidenta Dinorah Barquero.
“Lo que hay aquí es una nubosidad muy grande sobre el tema de Coopeservidores, recursos enormes, ciertamente de lo que se habla es de millones de millones, entonces como Comisión se presentó la moción para hacer esa investigación; recordemos que las investigaciones que se hacen aquí en mucho es para dilucidar situaciones que en otro momento o en otro lugar no se podrían aclarar, y entonces esto también es base para que la Comisión pueda determinar si hay comisiones de delitos y pasarlas al Ministerio Público”, externó.
Barquero indicó que hay mucho interés en indagar qué sucedió por la existencia de dineros públicos y de ciudadanos de por medio, por lo que espera que la investigación inicie en los próximos días, a más tardar en el mes de julio.
Por su parte, el oficialista Manuel Morales puso sobre la mesa una serie de interrogantes que deja esta situación.
“Lo ocurrido en Coopeservidores genera muchas preguntas: ¿por qué el sistema puede ser burlado de esta manera? ¿Qué ocurre con la regulación y supervisión? ¿Por qué tenemos noticias de robos de las bóvedas de los bancos y de situaciones como esta? ¿Por qué SUGEF no detecta esto a tiempo? ¿Qué ocurre con las personas que integran los órganos de esas instituciones? ¿Son gente capacitada? ¿Hay puertas giratorias operando? La Comisión debe diagnosticar de manera técnica las falencias del sistema y proponer reformas para evitar que estas situaciones ocurran de nuevo”, dijo.
La socialcristiana Vanessa Castro resaltó que el tema compete a la Comisión por la existencia de dineros públicos de por medio.
Por ello, esperan que se indague sin entorpecer el proceso de intervención que ya se lleva a cabo.
“En el tema de Coopeservidores hay mucho dinero involucrado, muchas personas afectadas, lógicamente la Comisión de Ingreso y Gasto tiene competencia en lo que corresponde a la parte pública, recordemos incluso que hay mucha inversión de instituciones que son públicas, por tanto, me parece que deberíamos hacer la investigación en el menor tiempo posible y una investigación práctica que, por supuesto, no contravenga la intervención que en este momento se está llevando a cabo y que puede llevar a esta administración provisional a tomar determinaciones importantes, como es la regularización de la cooperativa o la resolución de la misma”, mencionó
Los integrantes esperan que se determine si hubo comisiones de delitos que ameriten enviar la información al Ministerio Público, así como impulsar acciones de prevención para este tipo de casos.
Por su parte, el neorepublicano Yonder Salas lamentó la situación que viven las personas relacionadas con la cooperativa.
“Muy lamentables las noticias que hemos visto hasta el día de hoy, estamos pensando en la afectación a miles de personas que tienen sus ahorros en esta cooperativa y como Comisión pues vamos a investigar qué es lo que ha pasado”, externó.
