La Comisión Legislativa que estudia la reforma constitucional ha recibido en audiencia a varios especialistas en Derecho.
Por iniciativa de la bancada de Gobierno, en la corriente legislativa se tramita un proyecto de reforma al artículo 32 constitucional (expediente 23.701), cuyo fin es permitir la extradición de nacionales, es decir, el traslado de costarricenses por nacimiento o naturalización a tribunales de otros países por actividades de narcotráfico, crimen organizado o terrorismo.
El proyecto ha sido parte de los planes del Gobierno para combatir la inseguridad actual, y ha generado voces a favor y en contra, tanto por el contenido como por su trámite.
Tras la aprobación de su admisibilidad el pasado 22 de mayo, los diputados instalaron una Comisión especial para su estudio, en la que se ha recibido a juristas que tienen posiciones diferentes.
Nuevas voces a favor
Este lunes, el ministro de Seguridad, Mario Zamora, externó su apoyo a la modificación, e incluso pidió incluir más delitos como el femicidio.
“Invito a reconsiderar la amplitud sobre los delitos sobre los que eventualmente recaería esta figura: el tráfico de armas, que es hoy un negocio paralelo al narcotráfico, hay grupos que ya se han especializado en vender armas a los grupos narcotraficantes y se dedican esencialmente solo a ese ilícito, los estaríamos dejando por fuera si solo se considerara el narcotráfico; y por supuesto la trata de personas, que es hoy uno de los grandes flagelos de la humanidad, consiste en la esclavitud de seres humanos que tampoco estaríamos considerando dentro de esta figura que se está hoy analizando mediante esta comisión, porque estaría circunscrito al escenario estrictamente de narcotráfico y terrorismo”, dijo.
El jerarca indicó que en otros países, como México y Colombia, ya se aplica la extradición.
Asimismo, expresó que sí existen casos en que personas extranjeras se nacionalizan como costarricenses como “un escudo” para evitar el juicio.
“Hemos identificado en Costa Rica 30 personas de nacionalidad colombiana, principalmente, y venezolanos que tienen juicios pendientes en los Estados Unidos y que al tener la nacionalidad costarricense no han podido enfrentar la justicia, el problema es que este tipo de personas no son solo delincuentes comunes, ejercen un gran liderazgo y jerarquía en sus organizaciones, por lo tanto, son imanes de atracción de esas organizaciones para su operación en Costa Rica”, explicó el jerarca.
En el Congreso también existe una iniciativa para modificar la Ley de Opciones y Naturalizaciones, y permitir revocar la nacionalidad costarricense en caso de que existan procesos judiciales contra la persona. Sin embargo, el ministro Zamora externó que ese proceso podría tardar años.
La Comisión también recibió al fiscal auxiliar Elías Carranza, quien manifestó que la reforma podría ser instrumento para reducir la impunidad, y solicitó incluir otros delitos al igual que el ministro.
Voces anteriores
La semana anterior, dos juristas discreparon sobre el procedimiento que debe seguir la reforma constitucional para permitir la extradición de nacionales.
El jurista Rubén Hernández Valle sostiene que la reforma toca derechos fundamentales, razón por la cual el cambio debe hacerse mediante una Asamblea Nacional Constituyente.
Posición contraria sostiene el jurista Fernando Zamora, quien asegura que la posibilidad de que alguien quede impune no es un derecho humano, por ende, no requiere un procedimiento de Asamblea Nacional Constituyente.
Además, los constitucionalistas Fabián Volio y Carlos Arguedas dieron su visto bueno al proyecto, teniendo en cuenta sus observaciones si se agregan delitos.
Este lunes, la Corte Plena también señaló que la reforma constitucional podría necesitar de reformas adicionales.
