Decreto del Poder Ejecutivo anuló declaratoria de interés por la Agenda 2030 y financiamiento para cumplimiento de sus objetivos.
El Gobierno de la República derogó dos artículos de un decreto ejecutivo que promovían la declaratoria de interés nacional de la Agenda 2030 y su financiamiento.
Así fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta, en un decreto de Casa Presidencial, de la mano con el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan), el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) y Cancillería.
Uno de los artículos derogados es el número 12 del decreto ejecutivo 40.203, que establecía que las instituciones debían destinar recursos para implementar acciones relacionadas con la Agenda 2030.
Esta agenda es un plan de acción cuyo fin es erradicar la pobreza y la desigualdad, proteger al planeta contra la degradación y los efectos del cambio climático, y garantizar los derechos humanos para todas las personas, mediante el establecimiento de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). El mismo fue firmado por Costa Rica y más de 190 otros países inscritos ante la ONU.
Dentro de estos objetivos destacan esfuerzos en materia educativa, de igualdad de género, acceso a la salud y agua potable de calidad, lucha contra el cambio climático, entre otros.
¿Qué ocurrirá ahora con la erradicación de la declaratoria de interés y el desfinanciamiento a la agenda?
Según el decreto ejecutivo firmado por el Gobierno, ‘se debe adoptar lo que de la Agenda 2030 guarde relación con las prioridades del desarrollo nacional’.
En Noticias Columbia conversamos con expertos en distintas materias fundamentales de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Una de ellas es Rocío Solís, ex viceministra de Educación Pública, quien lamentó la situación y aseguró que será más difícil garantizar una educación de calidad.
«En los objetivos del desarrollo sostenible, el objetivo número cuatro es garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y de promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Esto es básico y es lo que nosotros siempre hemos venido trabajando en el sistema educativo y es lo que Costa Rica ha venido instituyendo por años de años, que sea una educación que vaya hacia la calidad y no solo garantizando a ciertos grupos una educación de calidad, sino que sea inclusiva, que sea para todos, que sea equitativa y que se pueda promover las oportunidades de aprendizaje para todos. Aquí esto es muy fácil también porque con el desfinanciamiento que hay del sistema educativo, vamos a cumplir menos estos objetivos. Ya no se estaban cumpliendo. Ahora, desfinanciado, vamos a estar en peores condiciones para todo lo que es una calidad de educación», manifestó Solís.
Uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible tiene que ver con la igualdad de género y de oportunidades para todas las personas.
Según la abogada experta en derechos humanos, Larissa Arroyo, señaló que el país sigue respondiendo a una serie de acuerdos internacionales que velan por esta protección.
Eso sí, lamentó que esto envía un mensaje de que el Gobierno no está comprometido con los derechos humanos de los costarricenses.
«La Agenda 2030 y los ODS son un compromiso político y de ahí se puede entender la decisión presidencial tomada o anunciada. Ahora, me parece que es importante que, si bien es cierto, es una herramienta que permitía de alguna manera también hacer más real la implementación de compromisos jurídicos múltiples nacionales e internacionales en materia de igualdad, de no discriminación, de pobreza, de género, etc; me parece que no podemos olvidar que la obligación jurídica sigue estando ahí en nuestro bloque de derecho, es decir, nuestras leyes, las convenciones que el Costa Rica firmado y ratificado, como CEDAW, Convención Americana y demás. Ahora, lo que sí parece ser es entonces un mensaje de no compromiso con los derechos humanos, con el desarrollo y particularmente con la protección a las poblaciones históricamente vulneradas a través de estrategias, por ejemplo, como las alianzas, la transparencia, etc», señaló la experta.
Un grupo de los objetivos de la Agenda 2030 se relaciona con elementos ambientales y de lucha contra el cambio climático.
Según el ecologista y profesor de Geografía de la Universidad de Costa Rica (UCR), Mauricio Álvarez, esta decisión del Poder Ejecutivo lanza un mensaje positivo a nivel internacional y manifestó que nos exhibe como un país ‘retrógrado’ en términos ambientales.
«Las consecuencias específicas yo creo que lo primero va a ser para nuestra imagen internacional, porque Costa Rica ha basado toda su política internacional, ambiental en su imagen, en su liderazgo. Creo que eso dinamita el liderazgo que tiene Costa Rica en temas ambientales. Nuevamente, va a decepcionar a la cooperación externa, va a decepcionar a los gobiernos que han puesto en la cooperación en nuestro país un norte. Yo creo que aunque uno pueda criticar la Agenda 2030 por ser poco ambiciosa, por ser unas definiciones mínimas que no van a resolver el tema del cambio climático o que no necesariamente van a resolver la crisis ambiental, pues son acuerdos muy mínimos que todos los estados se han comprometido a cumplir y que debilitarlos, simplemente, nos exhibe como retrógrados en términos ambientales», advirtió el académico.
Países como Argentina, Rusia, Venezuela, Nicaragua, Corea del Norte y Bielorrusia han renunciado a la lucha por los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
La jerarca de Mideplan, Marta Eugenia Esquivel, indicó que lo que buscan con el decreto es determinar cuáles de los ODS y cuáles de esas metas se adaptan a los principios y valores del país.
«Debemos recordar que esos instrumentos internacionales se realizan de forma general sin un análisis de las condiciones de cada país. Con ese decreto, la Secretaría de los ODS y el Consejo de Alto Nivel determinaron cuáles de las acciones y metas se ajustan a nuestro país y sobre ellos se enfocará el avance que este país dará a esos compromisos. En cuanto al financiamiento, se parte de que cada institución debe integrar en su presupuesto el cumplimiento de esas y sobre ello Mideplan validará el cumplimiento de las definiciones que se hacen en ese decreto», detalló Esquivel.
