Tribunal de Cartago impuso 35 años de prisión contra un sujeto de apellidos Sánchez Ureña. En el primer juicio le habían dictado 18. Los familiares de la víctima se abrazaron al finalizar la audiencia.
En una audiencia desgarradora para la familia, un Tribunal impuso la pena máxima por el delito de homicidio calificado contra el responsable del asesinato de Allison Pamela Bonilla Vásquez, de 18 años. Los hechos ocurrieron el 4 de marzo del 2020 en Ujarrás y Cachí.
La muchacha desapareció cuando iba camino a su casa y fue seis meses después que rescatistas voluntarios y vecinos hallaron sus restos óseos en un botadero clandestino en San Jerónimo de Cachí.
El sujeto, de apellidos Sánchez Ureña y conocido como “Sukia”, fue condenado a 18 años de cárcel en agosto del 2021 por homicidio simple. Sin embargo, la familia de la víctima, a través de su abogado, Rodrigo Araya, comenzó un proceso de impugnaciones que llegó hasta la Sala III de la Corte Suprema de Justicia.
Los magistrados anularon la primera sentencia y dispusieron que un Tribunal de Apelación la revisara. En esa instancia se determinó que el homicidio fue calificado, no simple, de manera que el asunto ameritaba una nueva sentencia.
Fue así como a la 1:30 p.m. de este jueves, en los Tribunales de Cartago, se realizó la audiencia para establecer la sanción.
Las juezas Sailyn Ballestero, Kathya Vega y Carmen Ureña escucharon los alegatos del fiscal José Rodolfo Mora García, del abogado de la familia de Allison y de la defensora de Sukia, Rangel Batres.
Tras una rápida deliberación, a las 3:30 p.m. el Tribunal dictó los 35 años de cárcel contra Sánchez.
“Es un hecho sumamente grave, atroz, con consecuencias irreversibles. Se perdió la vida de una muchacha muy joven, que podía dar muchísimo a la sociedad. A usted eso no le importó. A una persona que usted conocía”, reprochó la juzgadora.
“Decidió acabar con la vida (de Allison) en la forma tan atroz y podríamos llamar incluso hasta salvaje, afectando el bien jurídico que tiene mayor estima en nuestra sociedad que es la vida. Aquí, ni usted ni nadie en este país tiene la posibilidad para decidir el destino de la vida de una persona”, añadió.
Ureña expresó que el Tribunal imponía los 35 años de cárcel porque era el máximo permitido por la ley, dando a entender que la gravedad de los hechos ameritaba un monto superior.
También recalcó que el sujeto no dio muestras de remordimiento por haber cometido el crimen.
El caso
Según la tesis de la Fiscalía, la noche del crimen Sukia vio que Allison caminaba hacia su casa, la alcanzó en su vehículo y ofreció llevarla. Como ella lo conocía por ser vecino de Ujarrás, ella aceptó.
El sujeto la sometió y la trasladó a una finca donde se presume que abusó sexualmente de ella y luego la golpeó con mucha fuerza. Posteriormente la ató y la metió en la cajuela de su vehículo.
Mora expresó que Sánchez condujo hasta la zona del botadero y lanzó a Allison a una precipicio de aproximadamente 450 metros de profundidad.
Los rastros de sangre hallados en la finca y el vehículo del sentenciado, las pruebas hechas a los restos óseos, testimonios e imágenes de cámaras de seguridad, los que permitieron esclarecer el homicidio de la joven.
Dolor intenso
Durante la audiencia fue imposible para la madre de Allison y sus demás familiares contener el llanto.
Tras el dictado de la sentencia, Yendry Vásquez atendió a los medios de comunicación dentro de la sala de juicio. Ella recordó que la condena se da justo cuando se cumplieron tres años del hallazgo de los restos de su hija.
“Yo sabía que hoy se iba a hacer justicia. Estoy feliz porque sé que ese hombre no va a salir ahorita. Siento tristeza porque no la tengo a ella. Nada me la va a devolver. Sé que ella está feliz con Dios porque se hizo justicia, porque ‘Alli’ sí sufrió y sufrió bastante. Aquí está la prueba. Hoy no le pusieron más años porque no se puede, pero se merecía más años”, dijo entre lágrimas.
El abogado Araya, representante de la familia, llamó a Sánchez “cobarde” y “monstruo” durante sus alegatos.
Antes de dictar sentencia, las juezas recordaron a Sukia que tenía derecho a declarar, sin embargo, se abstuvo.
Su defensora había pedido a las juezas que no le fijaran la pena máxima al considerar que se trataba de una persona joven sin antecedentes penales. Alegó que el objetivo de las penas era resocializar a la persona y que una sanción muy extensa no permitiría ese proceso.
