El afectado había sido separado del colegio, al igual que muchos otros profesionales que no contaban con un título que dijera “Criminología”, luego de una disposición de la Junta Directiva a raíz de un pronunciamiento de la Procuraduría General de la República.
El Colegio de Profesionales en Criminología de Costa Rica decidió expulsar a los agremiados cuyos títulos no dijeran, específicamente, “Criminología”, en octubre del año anterior, a días de que su Junta Directiva se reeligiera.
De esta manera, los graduados en Criminalística, Ciencias Criminológicas, Investigación Criminal o Ciencias Policiales, quedaron excluidos del colegio y de la posibilidad de ejercer como profesionales.
Esta decisión se tomó luego de consultar a la Procuraduría General de la República (PGR) si personas de otras carreras distintas a Criminología podían formar parte de la organización.
Sin embargo, una reciente resolución de la Sala Constitucional declaró con lugar un recurso de amparo presentado por uno de los afectados que indicó haber solicitado un comprobante en el colegio y que este le fue negado por no formar parte del mismo.
“Se declara con lugar el recurso. En consecuencia, se ordena a Tino Arnoldo Salas Marksman (presidente de la Junta Directiva), en representación del Colegio de Profesionales en Criminología de Costa Rica, o a quien en su lugar ejerza ese cargo, que se restituya de forma inmediata al amparado como agremiado en el pleno goce de sus derechos hasta tanto no se defina su situación jurídica conforme a lo señalado en esta resolución”, se indica en el por tanto de lo señalado por la Sala.
El director de la carrera de Ciencias Criminológicas de la UNED, Rodrigo Campos, aseguró en Noticias Columbia que esta situación permitió que la actual junta se mantuviera al frente del colegio.
“La actual Junta Directiva le consultó a la PGR si pueden agregar personas de otras carreras, la PGR respondió en octubre del año pasado y, en cuestión de media semana, literalmente eso fue miércoles y el sábado de esa misma semana, el colegio ya había desafiliado a las personas de la UNED. Eso coincidió, lo cual no me parece tan coincidencia, con la elección de la Junta Directiva del Colegio. En la asamblea, que fue ese día sábado, únicamente se postularon las personas que ya estaban en la junta y se autorreeligieron”, detalló el académico.
Campos, lamentó que ha habido una afectación casi personal contra sus egresados por parte del Colegio.
“En los últimos días, a raíz de ese recurso de amparo, el colegio empezó a solicitarle a todas las personas que había desagremiado, desde octubre del año pasado, les dieron 5 días para presentar un título que dijera ‘Criminología’. Hay otras personas que laboran en la UNED que lo presentaron, porque obtuvieron la licenciatura en Criminología, y lo que les dicen es que no porque tiene que decir profesionales en Criminología y hay otras personas que simplemente las vuelven a juramentar. Especialmente a las personas vinculadas con la UNED y eso se ha vuelto ya un tema que lo han tomado de manera personal, a todas las personas vinculadas de una u otra forma con la UNED o no les responden o les dicen que no, que no están agremiados”, detalló Campos.
Según el director de Ciencias Criminológicas de la UNED, el trabajo que realizan los profesionales en estas áreas es muy importante, pues suelen ubicarse en diferentes puestos dentro del mercado laboral.
“La gente profesional en estas áreas se ubica en todo lo que tenga que ver con la parte preventiva, el generar políticas de prevención y poder implementar planes preventivos, el organizar acciones preventivas. Nuestras personas graduadas están preparadas para ese tipo de cosas. Lo vemos en centros educativos, en los centros cívicos por la paz, lo vemos en gobiernos municipales, lo vemos en algunas entidades públicas, principalmente, Fuerza Pública, lo que tiene que ver con programas preventivos. Hay otro grupo de profesionales que se ha especializado más en los temas más operativos, como la planificación de operaciones, la comprensión del fenómeno”, mencionó Campos.
Por su parte, la criminóloga, Andrea Castellón, quien forma parte del colegio pero ha sido activista en la lucha de quienes fueron excluidos, lamentó que estas situaciones podrían derivar una afectación a la institución por el pago de costas a quienes presenten un recurso de amparo, como el caso que ya fue declarado con lugar por la Sala Constitucional.
“Es importante mencionar que en el recurso queda de manifiesto que el accionar del colegio no fue apegado al debido proceso y que, además, le generó un perjuicio al amparado que estaba en ese momento concursando por una plaza para acceder a un puesto laboral, esto según consta en la sentencia. Al mismo tiempo, ordenó al colegio pagar por los daños ocasionados”, indicó Castellón.
Finalmente, el diputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Carlos Felipe García, se refirió al proyecto 24.155, el cual presentó para regular la situación en el colegio y que puedan ser reconocidos los profesionales de otras carreras, Criminalística, Ciencias Criminológicas, Investigación Criminal o Ciencias Policiales.
“A partir de un pronunciamiento a la PGR y un acuerdo de la Junta Directiva del Colegio de Criminólogos surge la necesidad de ampliar los alcances de los profesionales que están amparados bajo el colegio, para aquellas personas que posean conocimientos en especialidades de Investigación Criminal, Administración Policial y otras facultades. Esto, considerando la fuerte crisis de seguridad que hay en nuestro país y la necesidad de que los profesionales que posean conocimiento en torno en materia de seguridad puedan estar, debidamente, acreditados ante un colegio profesional”, afirmó el socialcristiano.
Intentamos conocer la posición del Colegio de Criminólogos; sin embargo, no hubo respuesta al cierre de edición.
