Gisela Sánchez compareció ante los diputados de la comisión que investiga posibles irregularidades en Sinart y la polémica contratación del Gobierno con fondos no reembolsables de la entidad financiera.
La presidenta del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Gisela Sánchez, compareció este lunes ante la comisión que investiga posibles irregularidades en Sinart y la polémica contratación del Gobierno con fondos no reembolsables de la entidad financiera a RMC La Productora, de Christian Bulgarelli.
Durante la audiencia, Sánchez confirmó, ante las preguntas del diputado del Partido Liberación Nacional (PLN), Francisco Nicolás, que desde el banco han colaborado con el Ministerio Público en la investigación que realiza por dichas contrataciones.
“(Nicolás): No solo me refiero al contratado, me refiero a quienes, en colusión, se pusieron de acuerdo para hacer un contrato a la medida. ¿Han hecho algo al respecto ustedes con este caso particular de funcionarios públicos diseñando un contrato? (Sánchez) Si me permite le comento que yo no formo parte, dicho sea de paso, porque existe un comité específico que está a cargo de esa investigación, pero sí tengo conocimiento y eso ha sido nuestra nuestro interés desde el primer momento de colaborar con las autoridades que incluye, por supuesto, a ustedes como comisión pero también a las autoridades judiciales. (Nicolás): ¿Y ya lo han hecho, poner en autos al Ministerio Público? (Sánchez): Sí, señor”, aseguró la jerarca del BCIE.
Por su parte, el legislador del Partido Frente Amplio (FA), Ariel Robles, lamentó que no se haya recomendado a funcionarios del BCIE que colaboren con la investigación que lleva la Fiscalía.
“(Robles): Yo puedo entender que el banco no tenga a lo interno facultades éticas y demás para la contraparte, que es en este caso el Gobierno de la República. Yo puedo entenderlo, digamos que no puedan investigarlo y digan que no está dentro de sus competencias. Lo que no puedo entender es que al menos se ofrezcan como testigos en el proceso, que sí puedan señalar a esas personas que actuaron de forma irregular. ¿Por qué no lo hacen? Eso es lo que no puedo entender. (Sánchez): Como le digo, el proceso está todavía en su curso. Como ciudadana costarricense estoy en la mayor disposición. (Robles): ¿Usted se ofrecería como testigo en el proceso? (Sánchez): Absolutamente, pero tomando en cuenta que yo no formé parte, que llegué al banco el 1 de diciembre, absolutamente, dispuesta a colaborar. (Robles): ¿Ha solicitado entonces a la gente del país que lo haga? (Sánchez): No, señor”, indicó Sánchez.
La jerarca del BCIE resaltó las acciones que ha tomado desde que asumió la Presidencia de la entidad, en diciembre del año anterior, en materia de transparencia y anticorrupción.
“En enero logramos aprobar una nueva política anticorrupción, antifraude, antilavado y otras prácticas prohibidas, que además nos permitió establecer que en cualquier proceso de investigación de contrapartes prohibidas, nosotros podemos hacer pública esa información y así lo vamos a hacer. También hicimos una alianza con el Alto Comisionado Derechos Humanos de las Naciones Unidas para fortalecer este tema dentro del banco y estamos trabajando con el liderazgo, obviamente, de nuestro directorio en reformas a la gobernanza y que incluyen 26 iniciativas, de las cuales en estos casi 6 meses que llevo en el banco, hemos podido completar 13 de las 26 y tenemos la idea de completar las que faltan antes del final del año”, explicó la presidenta del BCIE.
Finalmente, Sánchez confirmó que ya iniciaron con el proceso para la adjudicación de otro millón de dólares no reembolsable para el Gobierno de la República.
La presidenta del BCIE señaló las partidas que tendrían estos fondos, una vez aprobados y entregados a las autoridades del Ministerio de la Presidencia, el cual volverá a llevar a cabo el proceso.
“200.000 dólares tienen que ver con adquisición, instalación y puesta en operación de equipos para ciberseguridad y 725.000 temas relacionados con salud ocupacional. Me gustaría permitirme decir que dentro de la solicitudes que recibimos, una de hecho de nuestro director por Costa Rica, se incluyó una cláusula especial de una declaración jurada en que se establece que los términos de referencia, que la persona declara bajo juramento, no formaron parte de la elaboración de los términos de referencia. Además, agregamos un tercero que nos pueda validar los procesos de licitación y además la autorización previa para poder compartir información en caso de ser requerida. Un elemento fundamental, no tiene ningún componente de comunicación”, añadió Sánchez.
