Movimientos de personas con discapacidad piden justicia y que se aclaren las causas de estos decesos.
La presidenta de la Asociación Síndrome de Down Costa Rica (Asidown), Rosette Kleiman, lamentó en Noticias Columbia que, desde la intervención judicial, el pasado 5 de marzo, en la Fundación Hogar Manos Abiertas, 21 personas han perdido la vida.
Según la representante de Asidown, se vulneraron los derechos de las personas con discapacidad que habitaban en las instalaciones de la fundación.
Kleiman destacó que esta población fue privada de su derecho de elegir dónde vivir, así como los ajustes razonables para su respectiva atención.
“Al estar hablando de personas mayores de edad, lo principal es que se vulneraron los derechos al ejercicio de la capacidad jurídica, o sea, al poder tomar la decisión de dónde querían vivir estas personas y con quién querían vivir las personas que fueron trasladadas, que vivían en la Fundación Manos Abiertas. Es muy importante tomar en cuenta que el hecho de tener una discapacidad no quita y no podemos irrespetar ese derecho a la autonomía y, sobre todo, a la toma de decisiones. Entonces, al no poder decidir a dónde querían vivir las personas o con quién, además los desarraigaron de su hogar, porque mal que bien este lugar era el hogar de ellos, porque eran personas declaradas en abandono”, detalló Kleiman.
La presidenta de la asociación pidió que se investiguen las razones de los fallecimientos, ya que, según indicó, en otros años también hubo decesos pero no una cantidad tan significativa como lo observado desde la intervención, lo cual sugiere que los cambios en la atención podrían haber afectado significativamente a esta población.
“Según los reportes médicos, la mayoría de estas personas fallecieron por problemas cardiorrespiratorios, por problemas de septicemia. Estos problemas respiratorios ya era una condición previa en ellos que no les comprometía la vida en el estado en que ellos se mantenían, con los cuidados y con los apoyos necesarios. De hecho, los médicos que los revisaron dijeron que su estado de salud era adecuado al momento del allanamiento, esto es basado en los reportes médicos”, apuntó la representante de Asidown.
“Ahora, los factores de los decesos es lo que nosotros queremos que se investigue, ya que a pesar de que era una población con una alta complejidad en su estado de salud, los informes de los médicos era que el estado de salud de todo ser estable, siempre y cuando se recibieran los apoyos y los cuidados de salud, según requería cada una de las personas”, agregó.
Por su parte, la activista en derechos humanos, Nicole Mesén, pidió al Estado que vuelva su mirada hacia la población con discapacidad que mantiene en su cuidado para evitar que los fallecimientos continúen.
“A partir del fallecimiento de ya 21 personas en situación de discapacidad, que fueron egresadas por el Estado de Fundación Manos Abiertas, desde el Movimiento Nacional de Personas con Discapacidad, diferentes compañeros y compañeras han hecho denuncias, tanto por la vía penal, como denuncias públicas por la preocupación del porqué estas personas han fallecido, cuáles han sido las causas, si es que ha habido algún tipo de negligencia por parte del Estado. Entonces, hemos estado ahí pendientes de esta situación y también procurando que el Estado vuelva a su mirada a las personas que aún se encuentran en manos del Estado mismo, para que no suceda lo que, lamentablemente, sucedió con estas 21 personas”, solicitó la activista.
De igual manera, Mesén pidió justicia ante los fallecimientos de las personas con discapacidad que perdieron la vida luego de salir de la fundación.
“Es importante señalar que la preocupación radica porque estas 21 personas han fallecido desde el momento en que fueron egresadas por las diferentes instituciones del Estado de esta fundación. Todavía no hay claridad de las razones por las cuales estas personas fallecieron. En su momento, la directora ejecutiva del Conapdis, que es el ente rector en materia de discapacidad, señaló que cuando se ingresaron estas personas se encontraban estables, por lo que genera gran incertidumbre del porqué han fallecido esta cantidad importante de personas. Sobre todo, queremos que se les haga justicia a los compañeros y compañeras que, lamentablemente, han fallecido”, añadió Mesén.
Finalmente, la presidenta de la Comisión Legislativa de Derechos Humanos y diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), Monserrat Ruiz, dudó sobre los resultados de este tipo de intervenciones judiciales y aseguró estar al pendiente de la situación con las personas que están al cuidado del Estado.
“Desde el primer día de su intervención, hemos estado vigilantes y pendientes de la situación de sus pacientes, solicitando información tanto al PANI, como al Conapdis. En seis notas diferentes, además, he solicitado reuniones con la jerarcas de estas instituciones y visitas a este albergue, con el fin de verificar el proceso de transición y la atención que están recibiendo estas personas. Sin duda, este tipo de intervenciones y sus resultados es sumamente preocupante y de especial cuidado, porque lo que seguiré insistiendo ante las instituciones es que se garantice la seguridad y el cumplimiento de los derechos de las personas que atiende esta fundación”, señaló la legisladora verdiblanca.
