Los integrantes de este órgano legislativo recibieron en audiencia a la expresidenta ejecutiva del INS, Mónica Araya.
Una consulta sobre la intervención de la Contraloría General de la República (CGR) en contratos del Instituto Nacional de Seguros (INS) encendió el debate en la Comisión que investiga las contrataciones del SINART.
Este lunes, los integrantes de este órgano legislativo recibieron en audiencia a la expresidenta ejecutiva del INS, Mónica Araya, para conocer el ligamen entre esa entidad y la Agencia de Publicidad del SINART.
Según explicó Araya en su intervención inicial, desde el 2015 el INS mantiene contratos con diferentes agencias de publicidad. La relación con SINART inició en el 2020.
“En virtud de la finalización inminente de una contratación que se tenía en mayo del 2020, la entonces administración optó por realizar una contratación con SINART entre entes de derecho público, por cuanto existía la necesidad de brindar y continuar con el servicio de publicidad, entre tanto, se trabajaba de forma paralela el nuevo concurso con otras agencias de publicidad; era normal el uso de agencias de publicidad en el INS desde el 2015”, expresó.
Araya indicó que han existido dos contratos: uno con la Agencia SINART, que culminó en mayo anterior; y otro con tres Agencias privadas.
Todos funcionan por demanda, son de cuantía inestimada y dependen del objeto que requiera la institución.
El diputado del Frente Amplio, Ariel Robles, consultó sobre posibles incidencias desde el Gobierno.
“¿Hubo algún interés desde Casa Presidencial sobre la priorización por el contrato del SINART?”, preguntó Robles.
Araya respondió: “No señor, en realidad sí hubo reuniones, no le voy a mentir, con don Fernando, con relación a la ejecución del contrato, porque a veces teníamos algunos temas de ejecución en que llegaban tarde o que llegaban temprano, pero no”.
Sobre la CGR
La socialcristiana Vanessa Castro preguntó a la jerarca acerca de una objeción que presentó la Contraloría General de la República ante estos contratos en noviembre del 2023.
“¿Tiene usted idea de por qué la Contraloría objetó los contratos del INS?”, interrogó Castro.
“No señora, no tengo el detalle, sí les traje con mucho gusto toda la documentación de la Contraloría y la apelación que hizo el Departamento Legal avalado por el INS”, respondió Araya.
Según Araya, en ese momento tenían dos campañas: vallas publicitarias y redes sociales, por lo que la suspensión llevó a que se detuvieran estas acciones.
Los cuestionamientos de Castro sobre la falta de conocimiento del caso a la exjerarca le causaron incomodidad a Araya, pues tuvo que buscar referencias específicas a ciertos documentos y fechas.
El frenteamplista Ariel Robles cuestionó a la exjerarca por sus manifestaciones durante las consultas.
“Yo entendería, digamos que si la señora compareciente no tiene aquí los documentos que hagamos un recesito, que pueda revisarlos y demás, o sea, no hace falta estar emitiendo con todo respeto, algún tipo de enojo, molestia, porque pregunten algo como ‘dios mío’, porque evidentemente una diputada o un diputado puede preguntar lo que busca”, cuestionó Robles.
Por su parte, la oficialista Ada Acuña criticó las expresiones del frenteamplista contra la exjerarca del INS.
“Yo quisiera saber si esas indicaciones las tiene que dar un diputado, porque primero doña Mónica estaba buscando los datos, no tiene que ser el diputado Robles el que le esté diciendo cómo comportarse o si vuelve a ver a una página o no encuentra la información y venir aquí a decir lo que no es, la señora Mónica está revisando y si tiene algún nivel de frustración porque uno no encuentra la información específica donde la está buscando eso es una cosa, y lo que interpreta el diputado es otra, entonces yo le voy a pedir señora presidenta que por favor incorpore el respeto que merecen siempre los que vienen aquí a comparecer, que dejemos de estar diciendo cómo se siente la persona o si está haciendo o no está haciendo, porque ya esto cansa”, criticó.
La audiencia se centró en las supuestas acciones que buscan debilitar a la Contraloría, a partir de la presentación del proyecto de referendo.
