La Comisión que estudia esta reforma constitucional recibió en audiencia virtual a representantes de México y Colombia.
La experiencia de países como Colombia y México será tomada en cuenta para la reforma de extradición de nacionales en el país.
Por iniciativa de la fracción de Gobierno, en la corriente legislativa se tramita un proyecto de reforma al artículo 32 constitucional cuyo fin es permitir la extradición de nacionales, es decir, el traslado de costarricenses a tribunales de otros países por actividades de narcotráfico, crimen organizado o terrorismo.
Tras la aprobación de su admisibilidad el pasado 22 de mayo, los diputados instalaron una Comisión especial para su estudio, en la que se ha recibido a juristas que tienen posiciones diferentes.
Este lunes, los integrantes de la Comisión tuvieron en audiencia a dos representantes judiciales de México y de Colombia, que explicaron su experiencia con la extradición de nacionales, y que recomendaron su aplicación y la ampliación de delitos.
Gonzalo Gómez, asesor segundo de la Dirección de la Fiscalía General de Colombia, explicó que en Colombia se permite la extradición desde 1997, luego de siete años suspendida.
“En el lapso de esos siete años donde se prohibió la extradición tuvimos el fenómeno de Pablo Escobar, donde se crecieron de una manera inmensa los grandes carteles de narcotráfico, por eso y como una reacción del Estado dentro de su soberanía, se hizo la variación constitucional restableciendo las extradición de nacionales, lo cual ha permitido desde el año 1997 a la fecha la descripción de los grandes carteles del narcotráfico en Colombia”, amplió.
Gómez agregó que, en la actualidad, la medida les permite desmontar los carteles que existen en este momento.
Desde México participaron Miguel Ángel Méndez, fiscal especial para Asuntos Internacionales, y Arturo Tosqui, encargado de la Unidad Especializada en Extradición.
Tosqui explicó que la decisión de extraditar nacionales es del juez, y que no se limitan a ciertos delitos.
“La extradición de nacionales ha estado siempre presente en la Constitución Política en el artículo 119, existe la obligación de extraditar sin que se haga una distinción entre si las personas reclamadas son de nacionalidad mexicana o no, esta ley se encuentra reglamentada en una ley secundaria interna que es la Ley de Extradición Internacional, donde tampoco se hace una diferencia, sin embargo, sí existe la posibilidad de que por el hecho de que tengan nacionalidad mexicana se niegue una extradición, es decir, es una facultad potestativa, entonces queda a cargo de la Secretaría de Relaciones Exteriores decidir si se cuenta con los elementos o datos suficientes para extraditar a un ciudadano mexicano”, dijo.
La Comisión también recibió el criterio del abogado constitucionalista Manrique Jiménez, quien no ve problema en permitir la extradición de nacionales, la cual considera una forma de colaboración activa entre Estados en un mundo globalizado.
Jiménez sostiene que la extradición no es un derecho, pero sí toca algunos principios que deben respetarse, como el de prescripción (paso del tiempo), el de especialidad (delitos expresamente incluidos en la norma), el de reciprocidad (se aplica por igual en ambos países), el de la mutua realidad de la pena (que se sancione en ambos países), entre otros.
Los diputados pidieron a los representantes de ambos países que les hagan llegar sus leyes.
La Comisión ya ha recibido a varios juristas y jerarcas, como los constitucionalistas Rubén Hernández, Fernando Zamora, Fabián Volio y Carlos Arguedas, además del ministro de Seguridad Mario Zamora.
La próxima audiencia será con la exjueza de la Corte Penal Internacional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Elizabeth Odio.
