Empresario Juan Carlos Bolaños afirmó este lunes que no incurrió en irregularidades con crédito bancario y que nuevamente está en el negocio del cemento.
Este lunes, en los Tribunales de Goicoechea, comenzó la audiencia preliminar para definir si este asunto va o no a juicio. Se trata de la causa principal de todas las existentes en torno al llamado «cementazo» y está relacionada con el Banco de Costa Rica. Hay ocho personas acusadas de diversos delitos como peculado, tráfico de influencias y falsedad ideológica.
La Fiscalía alega que hubo irregularidades en la negociación, aprobación, desembolso y posterior renovación de un crédito millonario para el empresario Juan Carlos Bolaños y su grupo económico que se dedicaba a la importación y comercialización de cemento fabricado en China.
La tesis del Ministerio Público es que habrían ocurrido irregularidades por parte de funcionarios de la alta administración del BCR que permitieron «el otorgamiento y continuo desembolso de fondos públicos, en detrimento de los intereses de la entidad bancaria y en favor del grupo empresarial de Bolaños».
El ente acusador también atribuye que el dinero entregado por el BCR para la compra de cemento supuestamente habría sido utilizado para fines distintos.
Bolaños afirmó este lunes que no cometió ninguna irregularidad para obtener el crédito ni en el uso posterior del dinero. Añadió que hizo los pagos correspondientes.
Al igual que en otras ocasiones, aseguró que la exfiscal general Emilia Navas, promovió un caso judicial en su contra sin justificación válida, con bases falsas y para sacarle provecho a nivel personal. Ante la consulta de qué ha pasado con él en los últimos años, respondió: «Trabajando y trayendo cemento».
El empresario solicitó al Juzgado que se valore su planteamiento de una «actividad procesal defectuosa», es decir, sostiene que hubo actos procesales que se realizaron con algún tipo de irregularidad o defecto.
En este caso, indicó que lo hizo por una supuesta violación a su derecho de defensa y al principio de prejudicialidad que el diccionario del Poder Judicial la define como: «Situación de la materia o asunto que requiere previa resolución, con efectos de cosa juzgada, por parte de un tribunal distinto al juez que está en conocimiento del caso».
Una de las figuras públicas más conocidas en la investigación del «Cementazo» es Paola Mora Tuminelli, expresidenta de la Junta Directiva del Banco de Costa Rica. La abogada calificó como un «montaje» ocasionado por personas de la política y la clase empresarial.
«Tenemos la prueba. Hemos recopilado toda la información que demuestra que la pieza acusatoria no se ampara a lo que realmente sucedió», dijo.
«Todo lo que tengo lo he trabajado. Dichosamente a mí me abrieron las cuentas bancarias. A mí no me acusan de tener un colón ni haber aumentado mi patrimonio en absoluto», añadió.
El abogado Rodolfo Brenes, defiende a un hombre de apellido Ramírez, quien era integrante del Comité de Crédito. Aseguró que la Fiscalía acusó de forma errónea a su cliente.
El abogado Gerardo Huertas, representa a dos imputados del «Cementazo», uno de apellido Corrales que era subgerente de banca minorista y otro de apellido Barrantes, Gerente de Riesgos y Control.
El defensor afirmó que ninguno tiene responsabilidad en los presuntos delitos que les atribuyen. La audiencia preliminar por el caso del Cementazo-BCR se suspendió en la tarde de este lunes debido a que el Juzgado deberá resolver el planteamiento de actividad procesal defectuosa. El probable que se retome el próximo jueves de manera virtual.
