Se le conoce erróneamente como «detector de mentiras». Criminólogos y abogados opinan sobre propuesta de la mandataria así como sus alcances y limitaciones. Foto con fines ilustrativos.
La presidenta de la República, Laura Fernández, anunció el lunes que jefes policiales del Ministerio de Seguridad, Migración y el Ministerio de Justicia se someterán a la prueba del polígrafo con el fin de ratificar que son personas de confianza, sin vínculos con grupos criminales.
El proceso incluirá al ministro de Seguridad Pública, Gerald Campos y al ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar.
El polígrafo es un aparato, que a través de diversos sensores y una manga como la que se usa para tomar la presión, mide la respuesta psicofisiológica de una persona cuando es sometida a una serie de preguntas.
La información, que se visualiza en un monitor, se registra y procesa con un software especial. Tras analizar las gráficas se emite un reporte. El proceso además es grabado en audio y video.
Debido a la influencia de series de televisión o películas, al polígrafo le llaman el «detector de mentiras», sin embargo, lo que analiza son reacciones generadas por los estímulos que provoca el cuestionario previamente diseñado.
Por ejemplo, si una persona participó de un hecho ilegal o delictivo, al escuchar las preguntas tendrá recuerdos de la situación, aunque a viva voz niegue haber participado. El polígrafo permite analizar esas circunstancias mediante las manifestaciones corporales.
La prueba requiere de un consentimiento informado y además la empresa evaluadora debe guardar la confidencialidad de los datos pues los comparte únicamente con quien solicitó el estudio.
Análisis
Francisco Pérez Rodríguez, licenciado en criminología y diplomado en investigación criminal, trabaja con estas pruebas y explicó qué se busca con su realización.
«Es un procedimiento estandarizado y basado en evidencia. El objetivo es examinar el margen de incertidumbre o el nivel de confianza estadística que rodea una conclusión categórica. Estamos hablando que si el evaluado está mostrando engaño, veracidad o si posee información o conocimiento reservado sobre algún asunto específico».
La presidenta quiere que el cuestionario, para las pruebas de polígrafo a jefes policiales, se relacione con temas de crimen organizado y narcotráfico.
El especialista comentó que esa es la parte más delicada del proceso porque las preguntas tienen que estar muy bien planteadas.
Karen Jiménez Morales, de la carrera de Ciencias Policiales de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), dijo que el polígrafo determina variaciones de respuestas fisiológicas ante diversas preguntas. Añadió que hay estudios donde se confirma que no es una prueba concluyente.
El criminólogo, abogado y analista en temas de seguridad, Erick Villalba, coincidió con Jiménez en que el polígrafo no es cien por ciento confiable, pero puede ser el punto de partida para una investigación más a fondo.
Por eso, se refirió a otras formas que existen con el fin de determinar si un funcionario policial tiene vínculos con grupos criminales.
«En la actualidad, en Costa Rica, no es posible sancionar o despedir a un funcionario público o a un trabajador del sector privado, solo por los resultados que arrojen las pruebas de polígrafo. Hay que recordar que la prueba ha sido implementada dentro de los procesos de reclutamiento y selección de personal durante muchos años en muchos países, no solo para las fuerzas policiales sino también para empresas de seguridad y en el sector privado», explicó.
«Cuando se aplican este tipo de procedimientos, podrían identificarse ciertos rasgos, conductas… reacciones, de acuerdo con lo que esté buscando el evaluador y esto podría motivar un proceso o una investigación formal, para intentar hallar o comprobar esas señas que pudieron haberse reflejado en el polígrafo», resaltó.
El criminólogo y analista en temas de seguridad, Bernal Vargas, recordó que existe una ley (N°9958) que regula el uso del polígrafo en personal policial la cual establece que no es un parámetro excluyente para contratar.
«En este caso tenemos personal de confianza del Ejecutivo, de la Presidencia. Al ser personal de confianza, que puede remover o cambiar de puesto, o quitarlos de puesto, es válida la propuesta de la presidenta de exigirles el uso de esta prueba como tal», aseveró.
«Con todo esto hay un debate en cuanto a la confiabilidad del mismo, sin embargo, aquí lo importante es que no es un detector de mentiras como tal, sino un instrumento, una herramienta en la cual se evalúan las diferentes reacciones de las personas que son sometidas a este tipo de pruebas; siendo que la presencia del profesional, de la persona experta en el uso de estas pruebas es muy importante», agregó.
El abogado Kendall Ruiz, profesor universitario en Derecho Laboral, Mercantil y Procesal, hizo énfasis en que la ley establece la prueba del polígrafo como «optativa y voluntaria».
Es decir, aunque los jerarcas hayan mostrado anuencia a someterse al polígrafo en la conferencia de prensa de la presidenta Fernández, no se les puede forzar a realizarla.
«Tiene que ser voluntario. En el momento en que se les oblige, es ilegal. Si se sujetan y quieren hacer esa práctica… yo sé que ahorita el refrán está y que las personas pueden decir de manera general: ‘el que nada debe, nada teme y háganse la prueba‘. Es que no se trata de eso, se trata de que hay Derechos Humanos de por medio, derechos constitucionales también de por medio», afirmó.
«(…) La persona tiene que, de manera voluntaria, sujetarse a eso. No tiene que obligársele. Por más de que se haya dicho en conferencia de prensa y que no hayan dicho nada en ese momento, la persona tiene que manifestar su voluntad e inclusive no basta nada más con que asienta, debería constar por escrito esta voluntad a fin de que también el Estado tenga el respaldo de que la persona no fue obligada o coaccionada», señaló.
