La bancada de Pueblo Soberano dejó en blanco sus papeletas en tres rondas consecutivas y bloqueó el nombramiento de nueve magistraturas suplentes.
La elección de nueve magistrados suplentes de la Sala Constitucional volvió a quedar entrabada este miércoles en la Asamblea Legislativa, luego de que la bancada oficialista de Pueblo Soberano optara por no respaldar a ninguno de los 18 aspirantes enviados por la Corte Suprema de Justicia y entregara en blanco sus papeletas durante tres rondas de votación.
La decisión dejó sin nombramientos a la Sala IV, pese a que el Congreso retomó el proceso pendiente desde marzo. Ningún candidato alcanzó los 38 votos que exige la Constitución Política y el tema quedó ahora en manos de la reunión de jefaturas de fracción.
Más allá del resultado legislativo, la sesión volvió a exponer la tensión entre el oficialismo y el Poder Judicial, en momentos en que el Gobierno ha convertido ese frente en uno de sus principales ejes políticos.
El jefe de fracción oficialista, Nogui Acosta, defendió la decisión de no votar y sostuvo que la ausencia de acuerdos impedía cualquier nombramiento.
“Creo que aquí hay que hacer una aclaración bien importante. Precisamente como lo dijo un diputado antecesor, necesitamos acuerdos y si no hay acuerdo, no se va a elegir a nadie”, afirmó en el Plenario.
Acosta agregó que, ante ese escenario, “lo que queda es decirle a la Corte Suprema de Justicia: no hay acuerdo en Asamblea Legislativa y necesitamos una nueva nómina”.
La oposición leyó la jornada de otra forma.
La diputada Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana, cuestionó que la bancada oficialista entregara las boletas sin marcar y alegó que los legisladores están obligados a ejercer el voto.
“Nosotros tenemos la responsabilidad de votar. En Costa Rica no existe en nuestro parlamento la abstención del voto”, señaló Dobles, quien incluso pidió aplicar sanciones económicas por considerar que no emitir criterio equivale a incumplir el deber legislativo.
Desde el oficialismo, el diputado José Miguel Villalobos rechazó esa interpretación y defendió la legalidad de la decisión.
“Las elecciones no son votos afirmativos ni negativos y por lo tanto no es aplicable el numeral 105… me parece que la petición que hace la diputada Dobles es muy respetable y muy interesante. No procede”, respondió.
El pulso también elevó la presión política desde la oposición tradicional.
La diputada socialcristiana Abril Gordienko sostuvo que no se trató de una diferencia aislada sobre uno o dos aspirantes, sino de una negativa sistemática frente a toda la nómina enviada por la Corte.
“Hay 18 nombres… no estamos hablando de que no están de acuerdo con dos nombres o con tres. Es que sistemáticamente se han negado a votar por 18 nombres. Eso es un plan”, afirmó.
Para Gordienko, el principal impacto no es político sino institucional: que la Sala Constitucional continúe limitada justo cuando miles de personas esperan resolución en temas sensibles.
Ese argumento coincide con la advertencia de la propia Sala IV.
Su presidente, Fernando Castillo Víquez, alertó que la falta de suplentes ya tiene consecuencias directas sobre el acceso a la justicia.
“Conforme pasa el tiempo… la demora en el nombramiento de los magistrados suplentes hace que cada día se acumulen más asuntos donde se viola el derecho fundamental de los habitantes de la República a una justicia pronta y cumplida”, indicó.
El magistrado agregó que existen expedientes con más de seis meses de atraso debido a inhibitorias que no pueden resolverse mientras no haya integración completa del tribunal.
El reporte oficial de la Sala Constitucional detalla 86 expedientes afectados. La mayoría corresponde a recursos de amparo vinculados con pensiones, Régimen Obligatorio de Pensiones, seguridad social, salud y personas en condición de vulnerabilidad. También figuran causas por mora judicial, acceso a información pública y control constitucional.
Los datos revelan además que en 36 de esos expedientes la inhibición alcanza al pleno del tribunal, lo que impide siquiera tramitar los casos.
La votación de este miércoles dejó en evidencia algo más amplio que un desacuerdo sobre nombres: el choque entre dos visiones sobre el control institucional.
El oficialismo plantea que la Asamblea tiene potestad de rechazar la lista y exigir otra. La oposición advierte que retrasar más el proceso compromete el funcionamiento de la Sala encargada de resolver recursos de amparo, hábeas corpus y acciones de inconstitucionalidad.
