Empresario limonense habló este miércoles ante los jueces que analizan apelación de la Fiscalía y la Procuraduría.
La tarde de este miércoles, en el Segundo Circuito Judicial de San José (sede Goicoechea), se realizó una audiencia por el caso del empresario Gilbert Bell Fernández, de 63 años, cuya extradición a los Estados Unidos fue rechazada en marzo pasado por un Tribunal de Limón.
Autoridades estadounidenses en Nueva York habían solicitado a Fernández para que enfrente cargos por presuntas actividades de narcotráfico.
El Tribunal limonense negó el pedido al considerar que los hechos investigados ocurrieron entre los años 2022 y 2023; antes de que entrara en vigencia la reforma constitucional que permite extraditar nacionales. La Fiscalía apeló esa decisión y los argumentos fueron expuestos en la audiencia de este miércoles.
En la diligencia judicial, Bell hizo uso de la palabra para referirse a su caso ante los jueces Cinthya Ramírez, Edwin Jiménez y Laura Murillo.
«Yo leí la sentencia del señor juez de Limón. La leí toda, desde arriba hasta abajo, varias veces. Mi entendimiento es que la ley (de extradición de nacionales) no es retroactiva porque cuando pasó la ley, más bien yo estaba detenido, he estado preso. Entonces yo entiendo eso que no es retroactivo y que ya la han aplicado a otras personas», expresó.
Alegatos de la Fiscalía
El Ministerio Público fue representado por el fiscal Elías Carranza Maxera, de la Oficina de Asesoría Técnica y Relaciones Internacionales (OATRI).
El funcionario participó en el proceso de apelación de Celso Gamboa y Edwin López Vega, conocido como «Pecho de rata». En su exposición, dijo que el Tribunal de Limón resolvió con una «errónea» y «casi nula» fundamentación.
Para la OATRI, la sentencia de Limón se trata, en lo fundamental, de una «recopilación, reiterativa, de lo resuelto por la mayoría del Tribunal de Apelación de Goicoechea para denegar la extradición de un requerido costarricense por narcotráfico a los Estados Unidos de América».
Carranza estaría haciendo referencia al caso de un hombre de apellido Álvarez, cuya primera solicitud de extradición fue rechazada. Actualmente enfrenta un segundo pedido.
«El señor juez simplemente viene a copiar el voto (…) después, en un párrafo, solo dice que siendo que los hechos que se le atribuyen al señor Gilbert Bell son anteriores a esta reforma, no puede conceder la extradición», afirmó.
«En nada comparte el Ministerio Público que el avalar la entrega de un ciudadano costarricense, por hechos anteriores a la reforma constitucional, venga a violar el principio de irretroactividad. Claramente, como lo hemos señalado, este principio aplica para la ley nacional y aquí estamos hablando de una reforma constitucional que no sufre esas limitaciones», añadió.
La OATRI señaló otros motivos de impugnación, por los que considera que debe anularse la sentencia y ordenarse un reenvío, es decir, que devuelve el caso al Tribunal para que resuelva un juez o jueza diferente.
Considera que no se aplicó el numeral 32 de la Constitución Política que posibilita la extradición de ciudadanos costarricenses por tráfico internacional de drogas.
También señala inaplicación «de los artículos 1 y 8 del Tratado de Extradición entre Costa Rica y el Gobierno de los Estados Unidos de América, que establecen la obligación de extraditar y la extradición de nacionales».
Finalmente alega «inaplicación del artículo 22 del Tratado de Extradición entre Costa Rica y el Gobierno de los Estados Unidos de América, el cual establece el ámbito de aplicación del tratado, para hechos anteriores y posteriores a la entrada en vigencia del convenio».
Posición de la defensa
Manrique González, uno de los defensores de Bell, dijo que el cambio constitucional que permite la extradición de nacionales no es solo una «norma procesal», como alega la Fiscalía, sino que también tiene elementos de fondo o sustantivos, como el desarraigo familiar y las diferencias entre penas mínimas entre un país y otro.
El abogado destacó lo resuelto por el Tribunal Penal de Limón donde se determinó que los hechos atribuidos a su cliente presuntamente sucedieron entre 2022 y 2023, mientras que la ley de extradición entró en vigencia en mayo del 2025. Por ende, considera que no se puede aplicar de forma retroactiva.
«La posición de la Procuraduría y el Ministerio Público es que sí se puede (extraditar) porque es una norma procesal, no sustantiva (…) para nosotros es mixta», detalló.
La defensa solicitó que, si el Tribunal de Apelación se inclina por la tesis de la Fiscalía, el caso sea reenviado a Limón.
La detención provisional de «Macho coca» por el proceso de extradición, quedó sin efecto cuando se rechazó la solicitud de EE.UU. sin embargo, quedó en prisión preventiva por una causa judicial en la que figura como sospechoso de robo de combustible. González considera que no se justifica mantenerlo en la cárcel por esos hechos.
El abogado aseveró que Bell ha perdido 40 kilos de peso y que tiene problemas de salud debido a supuestas deficiencias en la alimentación brindada por el centro penal.
Escuche aquí las declaraciones completas:
