La visita al Cacco por parte de la Fiscalía General de la República y la Defensoría de los Habitantes causó molestia en el Gobierno y en un sector de la población.
La inspección realizada al Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (Cacco) causó molestia entre el Ministerio de Justicia y el Gobierno, así como comentarios en redes sociales por parte de la ciudadanía.
Durante este viernes, autoridades de la Fiscalía General de la República, Defensoría de los Habitantes, Defensa Pública y el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura realizaron inspecciones en el centro, tras una serie de denuncias de familiares de privados de libertad que se encuentran en el lugar.
En medio de la polémica, Noticias Columbia conversó con Luis Roberto Zamora, máster en Derecho Internacional y Derechos Humanos, quien ha participado en misiones de monitoreo de derechos Humanos en Gaza y de derechos penitenciarios en Filipinas, para conocer las implicaciones de los hallazgos de las autoridades en el Cacco y la molestia de la ciudadanía por la atención de las instituciones.
Durante las últimas semana se ha hablado de los derechos que tienen los privados de libertad. ¿Cuáles normas debe cumplir Costa Rica sobre el trato a esta población?
El marco normativo que rige a Costa Rica en el tratamiento de los privados de libertad es tanto nacional como internacional. La Constitución Política establece en el artículo 33 la obligación del Estado de respetar la dignidad humana a toda persona, que es el núcleo esencial y central a partir del cual deriva el esquema de protección.
Esta obligación de respetar la dignidad humana se encuentra también establecida en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, particularmente en el artículo 5.2, que dice que nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el debido respeto a la dignidad inherente al ser humano. Este mismo artículo 5 en su apartado 1 indica que toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral.
Y también la Comisión Interamericana ha desarrollado principios y buenas prácticas sobre la protección de las personas privadas de libertad en las Américas, y como el documento de mayor alcance a nivel internacional tenemos las Reglas Mínimas de Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, conocidas internacionalmente como las Reglas Nelson Mandela.
En este sentido, siguiendo un poco las acusaciones y los reclamos que se han presentado últimamente, debe señalarse que en el caso de que las actuaciones del Estado costarricense puedan llegar a enmarcarse dentro de la definición de tortura, según la la Convención para la Prohibición de la Tortura, estaríamos ya frente a una situación que incluso podría catalogarse como un delito de lesa a humanidad, incluso sujeto, dependiendo de las circunstancias y el carácter residual de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, a el procesamiento según los términos del Estatuto de de Roma.
¿Qué implica para el país, a nivel nacional e internacional, si el Estado irrespeta los derechos de los privados de libertad?
Varía según la gravedad de este irrespeto, particularmente si se logra acreditar la comisión de actos de tortura.
A nivel nacional, además de un deterioro de la imagen del gobierno y de las instituciones, esto podría generar reacciones de la de las personas privadas de libertad y de sus familias. Las personas criminales que no se encuentren privadas de libertad podrían tratar de establecer una mayor resistencia a cualquier tipo de aprehensión o sometimiento a los Tribunales de Justicia, para evitar una sanción, una pena que excede los parámetros legales establecidos.
También podría traer condenas materiales en términos de daños y posibles reparaciones. A nivel internacional también, y teniendo en cuenta el carácter residual de las jurisdicciones internacionales, esto podría traer consecuencias económicas para el país, en términos de que el país podría ser condenado a las reparaciones correspondientes.
No menos importantes son las consecuencias que podría tener para el país en razón de la imagen del Estado de Costa Rica frente a organismos internacionales y este es es un elemento muy importante sobre el que las autoridades costarricenses deberían de poner especial atención, teniendo en cuenta el prestigio que durante tantos años Costa Rica trabajó para obtener ante los distintos organismos internacionales, ya sea Naciones Unidas o dentro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Las consecuencias para Costa Rica podrían ser catastróficas a nivel de su imagen internacional, podría empezar a ver su participación reducida en foros internacionales, podría dejar de tener acceso a la presidencia o dirección de distintas comisiones o grupos de trabajo en materia de derechos humanos.
Evidentemente, un deterioro en la imagen de Costa Rica como un país respetuoso de los derechos humanos también podría tener consecuencias económicas en materia de atracción de inversión o de atracción de turismo.
Esta es una cuestión que me parece que el país debería de tener mucho cuidado y mucha atención a efectos de dimensionar de manera correcta el impacto que puede tener para el país a nivel internacional, no solo a nivel de imagen, sino también a nivel económico, sus posibles incumplimientos en materia de obligaciones relacionadas con el tratamiento de privados de libertad, particularmente si se llega a comprobar alguno de los alegatos de posible tortura.
Muchos comentarios en redes sociales hablan de por qué se busca cuidar los derechos de privados de libertad mientras sus víctimas no tuvieron la misma consideración ¿Por qué es necesario garantizar que la población privada de libertad sea respetada?
Los comentarios son válidos, es una pregunta que me parece sumamente válida y es una atención importante para para destacar. El punto de partida debe ser el entendimiento de que el Estado tiene la obligación de garantizar los derechos de ambos grupos. Tanto el Estado tiene la obligación de respetar y garantizar los derechos de las víctimas, como el Estado tiene la obligación de respetar y garantizar los derechos de los privados de libertad.
Ahora, a la hora de hacer este análisis debe de tenerse en cuenta una situación particular, que es que los privados de libertad se encuentran bajo la tutela directa e inmediata del Estado mismo. Las víctimas podemos ser personas comunes y corrientes que andamos en la calle, el Estado no tiene el control de nuestra libertad ni tiene una obligación particular de cuidado y de tutela porque somos libres, esto no sucede con los privados de libertad.
Existen situaciones que llaman la atención y exigen de las autoridades de gobierno una mejora en los mecanismos para la tutela de los derechos de de las víctimas. Esto tiene que ver con reformas en en el Poder Judicial, con reformas en la manera en que distintos jueces han entendido la tutela y la protección, así como las medidas especiales cautelares. Y en este sentido, evidentemente queda mucho trabajo que hacer.
La justicia no es rápida, los mecanismos judiciales han sido defectuosos, hay casos que que se caen por mala tramitación, y todos estos son reclamos muy válidos, e incluso personalmente yo comparto muchos de estos reclamos hacia la inefectividad de el aparato judicial en la hora a la hora de hacer una atención oportuna y efectiva de los derechos de las víctimas o de sus familiares, a quienes debe de de incluirse aquí.
Dejando de lado esta crítica, que es válida y y que comparto en en gran medida, no se elimina la obligación del Estado de cumplir con sus obligaciones hacia los privados de libertad, tomando en cuenta lo que mencionaba anteriormente, que la relación del Estado hacia una persona libre y hacia una persona privada de libertad es distinta en el entendido de que la persona privada de libertad se encuentra bajo la tutela directa del Estado.
El Estado se hace entonces responsable de aquella persona que se encuentra bajo su tutela y custodia, y en este sentido debe de velar directamente por el cumplimiento de los derechos fundamentales mínimos de los privados de libertad.
