El gobierno anunció que llevará a los tribunales la manifestación por la educación de este miércoles.
El gobierno llevará a los tribunales la legalidad de la manifestación por la educación de este miércoles: ¿cómo se regulan las protestas en el país?
Estudiantes, universidades públicas, organizaciones sindicales y funcionarios marcharon este miércoles desde el Parque La Merced hasta la Plaza de la Democracia, en San José, en defensa de la educación.
Minutos después, en Casa Presidencial, tanto la presidenta Laura Fernández como el ministro de Educación Leonardo Sánchez calificaron la protesta como “ilegal” y anunciaron que harían las gestiones judiciales respectivas para anular el movimiento.
¿Cuál es la regulación que existe en torno a las protestas?
Según explicó el abogado especialista en Derecho Laboral, Gabriel Espinoza, las huelgas se presumen legales, salvo que se comprueben algunos requisitos.
Esos requisitos han ido cambiando en el tiempo, sobre todo con la entrada en vigencia de la Reforma Procesal Laboral en el 2017.
“Cuando se promulgó la Ley de Reforma Procesal Laboral lo que se buscaba era que el ejercicio de la huelga cumpliera con los estándares internacionales, principalmente que nos solicitaba la OIT, para flexibilizar un poco el ejercicio de este derecho, entonces en ese momento, con la entrada en vigencia de esta legislación, podemos decir de cierta manera que los requisitos para que una huelga se considerara legal durante el proceso de calificación se facilitaron de cierta manera, ya no eran tan exigentes como los de la legislación previo a la reforma, entonces esto lógicamente tuvo como resultado que el ejercicio de la huelga fuera muchísimo más sencillo, precisamente porque los requisitos para esto así lo así lo eran, esto tuvo como resultado aquella huelga bastante prolongada, que es el antecedente más concreto previo a la ‘Ley para brindar seguridad jurídica sobre la huelga’”, explicó.
El panorama cambió en el 2020, cuando se aprobó la “Ley para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos” (Ley 9808), impulsada por el exdiputado liberacionista Carlos Ricardo Benavides, apoyada por la mayoría legislativa y firmada por el entonces presidente Carlos Alvarado.
Esta ley reconoce como “legal” la suspensión concertada y pacífica del trabajo en una empresa, institución, establecimiento o centro de trabajo para la defensa de sus derechos laborales e intereses económicos y sociales, siempre que se cumplan algunos requisitos.
También se reconocen como legales las protestas contra políticas públicas, siempre que dichas políticas afecten de forma directa los intereses económicos o sociales de los trabajadores y también se sigan algunos requerimientos.
Además, se permiten las marchas, concentraciones, mítines u otras manifestaciones que se realicen en horas no laborales y que sean reconocidas por el ordenamiento jurídico.
La ley limita las huelgas en servicios esenciales, según explicó el exdiputado Benavides.
“Los servicios esenciales son aquellos que se refieren a la vida, la salud o la seguridad de las personas, por ejemplo, los servicios de la Caja Costarricense de Seguro Social, entonces en medio de una huelga dejaban abandonado el servicio de salud en un hospital, en una clínica o incluso no existía una regulación precisa para evitar que se pudieran afectar servicios como electricidad, agua, internet, de manera que lo que hicimos fue tomar de las resoluciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y establecer que en Costa Rica, como en casi todos los países desarrollados del mundo, incluso muchos otros que están en vías de desarrollo, la huelga en servicios esenciales está prohibida”, explicó.
Esta normativa establece que, si la ley es legal, se reconoce el salario de los trabajadores que participaron; por el contrario, si se declara ilegal, no habrá pago por los días de huelga.
En el caso de servicios esenciales, se prevén sanciones más graves, como el despido.
Críticas a la Ley
La ley ha provocado críticas de diferentes sectores, que incluso la denominan la “Ley antihuelgas”.
Una de las agrupaciones que le cuestiona es el Partido Frente Amplio, que presentó en el 2025 una propuesta de reforma a la Ley 9808 denominada “Ley para la restitución del derecho a la huelga y a la protesta, por la defensa de la libertad, la democracia y los derechos laborales en Costa Rica” (exp. 24.961).
La iniciativa buscaba revertir varios lineamientos de la Ley 9808, pero fue dictaminada negativamente en la Comisión de Asuntos Jurídicos el pasado 6 de octubre.
La diputada Joselyn Sáenz, del Frente Amplio, lamentó el rechazo de la propuesta y se refirió a sus alcances.
“En la Comisión de Asuntos Jurídicos, la bancada oficialista y la Unidad Social Cristiana votaron en contra de revertir la Ley Antihuelgas y mejorarla para garantizar el ejercicio efectivo de la manifestación para las personas trabajadoras del sector público y del sector privado, esa fracción oficialista que en el Plenario se ha levantado a renegar por las golpizas del oficialismo del 2018 que dieron pie a esta ley durante el gobierno de Carlos Alvarado, pero ahora, que han tenido el momento para modificar esas reglas desproporcionadas y que dificultan el ejercicio del derecho a huelga, echan para atrás, lamentamos muchísimo la oposición de las diputaciones oficialistas que no quisieron garantizar poder mejorar las reglas democráticas de discusión y la participación de la ciudadanía mediante el derecho a manifestarse”, cuestionó.
En entrevista con Columbia en noviembre del 2025, la entonces candidata de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), Claudia Dobles, indicó que la ley surgió por una serie de manifestaciones que se dieron en el 2019.
Por este motivo, manifestó que estaba abierta a que la ley fuese revisada.
