La presidenta Laura Fernández y el ministro de Seguridad, Gerald Campos, firmaron este lunes la modificación a la ley que crea la nueva póliza para los oficiales.
Durante la celebración de los 77 años de la Fuerza Pública, la presidenta de la República, Laura Fernández y el ministro de Seguridad Pública, Gerald Campos, firmaron un cambio en la Ley General de Policía (7410) que establece una póliza de responsabilidad patrimonial y representación legal que cubre a los oficiales. La actividad se efectuó este lunes en el Centro de Convenciones de Costa Rica, ubicado en Heredia.
El expediente 25.311 fue aprobado en la Asamblea Legislativa, en segundo debate, en octubre pasado. La normativa adicionó un inciso «k» al artículo 79 de la Ley 7410. El texto dice lo siguiente:
«Suscripción por parte del Estado de una póliza que cubra tanto la responsabilidad patrimonial en vía contencioso-administrativa, civil o penal, como los gastos de representación legal en esas instancias, cuando resulten imputados o demandados como consecuencia del ejercicio directo de sus funciones policiales propiamente dichas, además de sus funciones conexas y preparatorias».
Solo estarán comprendidas en el concepto anterior «las acciones u omisiones propias de la actuación policial que impliquen una intervención directa frente al administrado o sus bienes«.
«Nunca más, un oficial de policía de Costa Rica va a tener que vender sus bienes o hipotecar su casa para pagarse una defensa legal», manifestó la presidenta Fernández.
La póliza tendrá un límite de hasta cincuenta salarios base, conforme a lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 7337, del 5 de mayo de 1973, para la responsabilidad patrimonial. El monto rondaría los ₡23 millones.
La ley contempla una cobertura de hasta veinticinco salarios base para los gastos de representación legal. Eso equivale aproximadamente a ₡11,5 millones.
«La aseguradora establecerá un límite único combinado y un límite agregado anual, así como el deducible correspondiente, conforme a los criterios actuariales que se elaboren», dice el texto.
Casos en los que no se puede usar
El cambio en la ley definió una serie de circunstancias en las cuales no se podrá utilizar la póliza de responsabilidad patrimonial y representación legal.
«Se excluirán de la protección de la póliza aquellos casos en los que el funcionario policial haya actuado bajo los efectos del alcohol o una droga ilícita, o se haya apartado de instrucciones, protocolos o procedimientos institucionales, y su conducta sea evidentemente contraria al ordenamiento jurídico, o bien, cometa actos relacionados con delitos o infracciones sexuales, tratos crueles, inhumanos o degradantes, ejecuciones extrajudiciales o desaparición forzada», establece.
«Dicho análisis deberá efectuarse previamente a determinar si el reclamo se encuentra amparado por la póliza y en el plazo establecido en la Ley 8956, Ley Reguladora del Contrato de Seguros, del 17 de junio de 2011», agrega.
Entre satisfacción y dudas
El secretario general de la Unión Nacional de Policías, Esteban Fallas, aseguró que es una buena noticia contar con la póliza. Explicó que el Ministerio de Seguridad Pública tiene asesores legales pero no se hacen cargo de los procesos contra funcionarios cuando son denunciados o demandados.
«Vemos con muy buenos ojos la intención de esta póliza que antes no existía y que (eso) venía a crear un desamparo de una manera muy grosera para nuestros oficiales que se veían en procesos penales a razón del cumplimiento de sus labores», dijo.
Resaltó que la póliza se usaría en procesos penales y civiles pero considera que los oficiales siguen desprotegidos parta los procesos administrativos o disciplinarios.
A Fallas le inquieta saber cómo las autoridades van a definir los casos en los cuales no se puede aplicar la cobertura.
El director del Área Legal de la Unión Nacional de Policías, Arthur Jiménez LaTouche, aseveró que complace que la protección de los derechos de los oficiales sea un tema importante en la Asamblea Legislativa.
Sobre el cambio en la ley, indicó que en el sindicato lo reciben con cautela debido a que hay una parte en la redacción que les genera dudas y que probablemente se despejen hasta que se empiece a aplicar.
La preocupación está en las condiciones de exclusión. «Creemos que el análisis previo podría ser violatorio de la presunción universal de inocencia que tienen las personas», afirmó.
El abogado cree que el INS sería el encargado de los trámites, sin embargo, reconoció que el texto no deja clara esa situación y por ende habría que esperar.
Como ejemplo citó un caso hipotético en el que un policía use la fuerza de manera correcta durante una intervención pero lo denuncian por un supuesto abuso de autoridad.
El dicho del denunciante podría atribuirle que se apartó de los protocolos y procedimientos establecidos. La duda es si esto podría poner en jaque el uso de la póliza.
«Lo que el policía hacía antes de esta póliza era acudir a la Defensa Pública si no tenía los recursos económicos para pagar un abogado de confianza«, detalló.
Jiménez señaló como dificultad que los defensores públicos tienen demasiados casos asignados y no siempre pueden prestar la misma atención a todos los usuarios del servicio.
«(…) El policía llegaba a juicio sin haberse reunido una sola vez con su defensor o se lo habían cambiado en varias ocasiones y lo que les proponían generalmente era que abreviaran, que llegaran a una conciliación, una medida alterna, entonces el policía no quedaba convencido de la defensa que se le estaba brindando», subrayó.
El directivo nacional y asesor sindical de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), Jonathan Flores aseguró que ven de forma positiva el hecho de que exista una póliza aunque les quedan algunas dudas.
Se necesita confirmar que la normativa beneficie a todos los cuerpos policiales del Poder Ejecutivo, no solamente a los del Ministerio de Seguridad. Hablamos de la Policía Penitenciaria del Ministerio de Justicia, la Policía de Tránsito del MOPT y la Policía de Control Fiscal del Ministerio de Hacienda.
También tienen inquietudes con respecto a si los montos previstos serán suficientes para abacar todo el proceso que necesite un oficial que fue denunciado o demandado.
Otro tema que les preocupa es la forma en que se decidirá a cuál oficial cubre la póliza y cuál no, con base en las exclusiones que se definieron.
«Que haya una instancia administrativa que decida, eso es crear un criterio por adelantado. Se podría crear algún tipo de injusticia y podríamos llegar a violar incluso derechos fundamentales como el principio de inocencia. Esa es otra situación que hay que ver al momento de la aplicación cómo se da», resaltó.
Noticias Columbia consultó al despacho del diputado oficialista Gonzalo Ramírez, uno de los firmantes del cambio en la ley sobre las dudas que hay en torno a su aplicación.
A través de sus asesores, nos manifestaron que la ley cubre a todos los cuerpos policiales del Poder Ejecutivo, pues se trata de una modificación a la Ley 7410 o Ley General de Policía.
En cuanto a cuál sería la aseguradora y quién determinará si un caso aplica o no para la póliza, indicaron que eso debería definirse vía reglamento.
