Dos medidas cautelares emitidas por la Sala Constitucional detuvieron la discusión y votación del proyecto de Presupuesto 2027.
Dos medidas cautelares de la Sala Constitucional suspendieron la discusión y votación del proyecto de Presupuesto 2027: ¿qué pasará ahora?
El proyecto, que incluye los ingresos y gastos de las instituciones públicas para el próximo año, fue aprobado en primer debate el pasado 5 de noviembre, y su discusión en segundo debate estaba prevista para este lunes 9 de noviembre.
Sin embargo, dos medidas cautelares emitidas por la Sala Constitucional detuvieron su discusión y votación, en medio de dudas sobre los recortes a rubros como educación y seguridad y los requisitos impuestos al Poder Judicial para acceder a recursos.
Las dos medidas cautelares
La primera medida cautelar urgentísima fue solicitada por la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Patricia Vargas, el mismo lunes.
Tanto en entrevista con Columbia, como en el programa Por Tres Razones, la magistrada Vargas se refirió a los motivos que llevaron a hacer una consulta a la Sala.
“El Poder Judicial interpuso una consulta de constitucionalidad ante la Sala y yo confío en la respuesta que los tribunales puedan dar frente a este tipo de acciones, porque el Poder Judicial seguirá siendo firme en la defensa de los recursos que necesita para poder trabajar”, comentó.
Tras la notificación de la medida, la presidenta legislativa Yara Jiménez alegó que la decisión de la Sala solo limitaba la votación del proyecto, pero no la discusión.
Por este motivo, doce diputados del Frente Amplio y de Liberación Nacional también presentaron, durante la sesión del Plenario, una medida cautelar urgentísima, dentro de una consulta de constitucionalidad sobre la rebaja de recursos del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).
Diana Murillo, diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), explicó en qué se motivó su gestión ante la Sala Constitucional.
“Consideramos que las normas de ejecución presupuestaria planteadas por el Ministerio de Hacienda y el Gobierno de la República eran normas atípicas e inconstitucionales que interfieren directamente con la operación del Poder Judicial, donde se le da a la Asamblea Legislativa la potestad incluso de verificar plazas del Poder Judicial y también aprobar la liberación de los recursos cercanos a los 30.000 millones de colones a través de una aprobación política en la Comisión de Ingreso y Gasto Público, es importante indicar que estas normas de ejecución presupuestaria interfieren directamente con la operación del Poder Judicial y esa es precisamente nuestra preocupación”, expresó.
Con esta medida se extendió el impedimento tanto a la votación del proyecto de presupuesto como a su discusión, mientras la Sala Constitucional atiende las dos consultas.
Por medida cautelar se entiende una decisión temporal de un tribunal que busca mantener la situación tal cual está, con el fin de que cuando se emita una sentencia pueda surtir efectos adecuadamente.
¿Qué sigue ahora?
El abogado especialista en Derecho Constitucional, Luis Felipe Rodríguez, se refirió a quién puede emitir las medidas cautelares dentro de la Sala y qué sucede mientras tanto.
“Como se trata de una decisión temporal, provisional y que no es del fondo del asunto, por eso puede dictarlo un magistrado o una magistrada unipersonalmente; de acuerdo con las medidas cautelares dictadas, la Asamblea Legislativa no puede avanzar ni en la discusión ni en la aprobación del proyecto de ley de presupuesto para el nuevo ejercicio económico del otro año, entonces esa actuación deliberativa del Parlamento está suspendida hasta tanto no se pronuncie la Sala”, amplió.
¿Cuáles son los escenarios posibles en la decisión de la Sala Constitucional?
“Uno, puede ser que la Sala no encuentre vicios de inconstitucionalidad y el asunto se vote en segundo debate tal y como está; segundo, puede ser que la Sala encuentre vicios únicamente de fondo, normas de la Ley de Presupuesto que puedan ser inconstitucionales, en ese caso, la Asamblea determinará si acata o no acata lo determinado por la Sala, tendría la posibilidad incluso de aprobar en segundo debate, aunque la Sala haya dicho que son inconstitucionales; y el tercer supuesto, si la Sala encuentra vicios de procedimiento, esos vicios anulan el procedimiento donde hay un vicio detectado y podrían conducir, por ejemplo, a que parte del proyecto de Ley de Presupuesto deje de tener vigencia porque haya sido aprobado mediante un procedimiento ilegítimo”, comentó el abogado especialista en Derecho Constitucional, Marvin Carvajal.
Y ¿qué pasaría si la resolución de la Sala llega cerca de la fecha límite establecida por las normas, que es el 29 de noviembre?
“Si la Sala no tuviera la capacidad para resolver el asunto antes de la fecha establecida, el 29, entonces al procedimiento se le aplicarían los principios llamados del canguro y la guillotina, canguro significa que se brinca, se salta todos los demás y queda de primero en el orden del día, y la guillotina que se dejan de analizar las mociones y otros aspectos del proyecto y se pasa directamente a su votación en segundo debate, de manera que no habría en este momento ninguna posibilidad de que el que se presentara la consulta lleve a que no tengamos Ley de Presupuesto para el año entrante”, concluyó.
