- El ministro en ejercicio cuestionó que la inspección se realizara sin coordinación previa y calificó de irresponsables los señalamientos sobre posibles violaciones de derechos humanos.
- La Defensoría y la Fiscalía reportaron denuncias de agresiones, lesiones y falta de atención médica.
Las denuncias de presuntas agresiones, tortura y vulneraciones de derechos humanos en el Centro de Alta Contención de la Criminalidad Organizada (CACCO) provocaron un cruce de cuestionamientos entre el Ministerio de Justicia y las autoridades que inspeccionaron el centro este viernes.
La defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank, explicó que la visita forma parte del programa regular de inspecciones de la institución y no de una diligencia extraordinaria. Según indicó, durante este año la Defensoría ha realizado 12 inspecciones en centros penitenciarios, sin incluir la del Bill McCollin.
Cruickshank señaló que, al tratarse de un centro nuevo, también buscaban conocer sus instalaciones, protocolos de atención y procedimientos de ingreso de personas privadas de libertad.
La jerarca defendió que estas inspecciones puedan realizarse sin previo aviso y aseguró que la institución continuará con su labor sin temor a represalias.
“No, yo no temo nada de eso porque 1º este es el rol de la defensoría de los habitantes, la ley es muy clara, nosotros tenemos la potestad bajo el artículo 12.1 de nuestro, de nuestra ley de hacer inspecciones sin previo aviso”, manifestó.
La defensora también aclaró que la Defensoría de los Habitantes y el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura son dos entes diferentes, con competencias propias. Sobre las denuncias relacionadas con el corte de cabello obligatorio, indicó que preguntó si se había informado a los privados de libertad sobre la posibilidad de solicitar excepciones por motivos culturales o religiosos.
“Nosotros, pues, yo particularmente pregunté acerca de que si se, bajo el reglamento se les había instruido, se les había dado la oportunidad de hacer una excepción por temas culturales o religiosos y nos informaron que no se les dio ningún tipo de indicaciones a ese respecto”, explicó.
Ministerio cuestiona la falta de coordinación
La posición de Cruickshank contrastó con la reacción del ministro de Justicia y Paz en ejercicio, Nils Ching Vargas, quien cuestionó la forma en que se desarrolló la inspección.
Ching calificó la diligencia como una “visita relámpago” y señaló que, aunque había medios de comunicación al momento del ingreso, no existió coordinación previa con las autoridades penitenciarias.
“Visita relámpago. Eso es lo que hicieron las autoridades que hoy visitaron el calco. Al ingreso ya habían medios de prensa. Eso implica una coordinación previa a este, pero no una coordinación con las autoridades del sistema penitenciario”, afirmó.
El jerarca también cuestionó los señalamientos sobre posibles violaciones de derechos humanos y defendió las condiciones de seguridad del centro.
“Además de 15 visitas que registra la Defensoría de los Habitantes, la señora defensora solo una ha realizado. El señor Fiscal General es la primera vez que visita el sistema penitenciario como autoridad de la Fiscalía General. Además es irresponsable la aseveración de señalar de que hay elementos que tienen que ver con la violación de los derechos humanos”, manifestó.
Ching agregó: “Cuando aquí quienes se resguardan y quienes están a la orden del sistema penitenciario son las personas más peligrosas de Costa Rica que han sido detenidas precisamente por las autoridades competentes. No están visitando un kínder”.
Defensa Pública respalda las inspecciones sin aviso
El director de la Defensa Pública, Juan Carlos Pérez Murillo, defendió que este tipo de visitas se realicen sin advertir previamente a las autoridades administrativas.
“La defensa pública tiene la obligación de hacer visitas de monitoreo en distintos centros penitenciarios del país. Efectivamente, los hacemos en todos y sí quiero aclarar algo. No debemos advertir a las autoridades administrativas cuando nosotros vamos a hacer una visita de esta naturaleza”, indicó.
Pérez explicó que el objetivo es conocer las condiciones cotidianas de los centros penitenciarios, sin que la dinámica habitual se vea condicionada por el conocimiento previo de la inspección.
“Pues justamente lo que se pretende a través de los mismos es saber qué está sucediendo en la dinámica del día a día sin que existan condicionamientos o al menos que eh de alguna forma se presente el escenarios que no son los cotidianos”, agregó.
Directora de Adaptación Social cuestiona a la defensora y al fiscal
La directora de Adaptación Social, Lucrecia Tejada Cordoncillo, también se refirió a la diligencia y aseguró que a los funcionarios visitantes se les explicaron los procedimientos de seguridad para ingresar al módulo donde se encuentra la población privada de libertad.
Sin embargo, cuestionó el comportamiento del fiscal general, Carlo Díaz, durante el recorrido.
“Y señores, es increíble, pero al señor Carlos Israel, el fiscal general de la República, se le tuvo que hacer en reiteradas ocasiones llamadas de atención para que se mantuviera dentro del bloque de seguridad que ya estaba establecido. Así como también se le tuvo que recordar cuál era la distancia a la que se tenía que mantener de la población privada de libertad, ya que estuvo irrespetando esa esa instrucción”, afirmó.
Tejada también acusó a Cruickshank de gritarle y amenazarla frente a los privados de libertad.
“Y usted, doña Angie, qué lamentable y qué pena con usted, una mujer que dice ser sorora, que dice ser respetuosa de los derechos de los demás, usted frente a la población privada de libertad me amenazó, me amedrentó y me gritó, avivando con esto los insultos y a la población privada de libertad”, señaló.
La directora sostuvo que la actuación de la defensora puso en riesgo la seguridad de las personas presentes y del cuerpo policial.
Defensoría y Fiscalía detallan los hallazgos
Tras los cuestionamientos del Ministerio de Justicia, Cruickshank expuso las principales situaciones que la Defensoría deberá investigar.
La jerarca mencionó tres aspectos que calificó como preocupantes: denuncias de agresiones por parte de una escuadra específica de agentes penitenciarios, personas con lesiones en distintas partes del cuerpo y falta de atención médica para pacientes crónicos o con padecimientos especiales, como cáncer.
“La primera es que reclaman ser agredidos por una escuadra específica de agentes policiales del centro, quienes ingresan a los dormitorios en determinado momento para golpearlos, situación que como defensoría debemos investigar”, indicó.
Además, señaló que durante la inspección se constató la ausencia de mecanismos para que las personas privadas de libertad puedan comunicarse con la Defensoría e interponer sus quejas. La institución anunció que analizará la información y emitirá un informe público.
Por su parte, el fiscal general, Carlo Díaz, aseguró que la inspección permitió conocer denuncias sobre restricciones de comunicación, falta de acceso a educación y oportunidades laborales, así como presuntas agresiones por parte de oficiales penitenciarios.
“Una vez que se realizó la diligencia, pudimos constatar que efectivamente eh se están presentando algunas situaciones que podrían encajar en violaciones de derechos humanos y algunas situaciones también de abuso de autoridad y de tortura”, afirmó.
Díaz indicó que los privados de libertad reportaron que las llamadas están limitadas a 10 minutos por persona por semana, distribuidos entre tres números previamente asignados, y que esos números no funcionan. También denunciaron dificultades para enviar comunicaciones escritas al exterior y agresiones durante los procedimientos de corte de cabello.
Sobre la atención médica, señaló que algunas personas reportaron que hay un médico para atender a 1.020 privados de libertad, pero que todavía no se había presentado. También mencionó casos de personas con enfermedades crónicas o padecimientos especiales que no habían recibido valoración ni tratamiento.
El fiscal aseguró que la Fiscalía debe investigar los hechos denunciados, independientemente de quiénes sean las posibles víctimas.
“Si hay alguna persona que menciona eh o que se menciona está sufriendo tortura o fue víctima de un abuso de autoridad, nosotros lo tenemos que investigar, esa es nuestra función propia”, manifestó.
Díaz agregó que tomaron los nombres de algunas personas que denunciaron agresiones para ampliar las investigaciones. Los señalamientos recopilados durante la inspección deberán ser analizados por las instituciones competentes.
