Magistrada de la Sala III, Patricia Vargas González, es la segunda mujer que dirige el Poder Judicial en 200 años.
La tarde de este lunes 26 de octubre, la magistrada de la Sala de Casación Penal (Sala III), Patricia Vargas González, obtuvo los 12 votos que requería para convertirse en la presidenta de la Corte Suprema de Justicia por cuatro años.
En la primera ronda de votación, Vargas recibió nueve votos, sin embargo, en la quinta consiguió los 12 necesarios. Con ello venció a Gerardo Rubén Alfaro (Sala III) que registró siete, a Patricia Solano (Sala III) quien quedó con tres y a Damaris Vargas (Sala I) que no obtuvo ninguno.
La nueva presidenta de la Corte Suprema de Justicia tiene 52 años y es magistrada del Poder Judicial desde setiembre del 2023.
Es doctora en Derecho Penal de la Universidad de Salamanca, España. También es máster en Ciencias Penales y licenciada en Derecho y Notaría Pública por la Universidad de Costa Rica (UCR).
Fue jueza de apelación de sentencia, jueza de juicio, defensora pública en materia penal y ejecución de la pena y supervisora de la Defensa Pública. Además es docente en la UCR y la Universidad Nacional.
«Conozco el Poder Judicial desde distintos lugares y los contrastes entre la administración de justicia del Valle Central y la de zonas como Limón, Turrialba o Siquirres. Entiendo la Presidencia como un proyecto conjunto que pone de relieve el trabajo en equipo, donde son importantes todas las voces y donde es necesaria tanto la experiencia como la renovación; una renovación que no tiene nada que ver con la edad de quien ocupe el cargo o con cuántos años tenga en la magistratura, sino con el compromiso con una visión: la de un Poder Judicial moderno y cercano a la ciudadanía», expresó.
Vargas aseveró que se requiere una presidencia del Poder Judicial que actué con «firmeza cuando la independencia judicial esté en juego pero que también esté abierta al diálogo sobre la base del respeto recíproco a las competencias de cada quien y sin aceptar ataques personales o comentarios polarizantes», añadió.
Se trata de la segunda mujer en 200 años que preside la Corte Suprema de Justicia. La primera fue Zarela Villanueva Monge en el 2013.
Esta elección logró que haya solo mujeres al frente de los tres Poderes de la República pues Laura Fernández es la presidenta del país y Yara Jiménez dirige la Asamblea Legislativa. Además, el Tribunal Supremo de Elecciones es liderado por Eugenia Zamora.
¿Qué propone para el Poder Judicial?
Patricia Vargas habló de defender la independencia del Poder Judicial ante discursos polarizantes y denigranates.
«La crítica es legítima y necesaria en democracia, sin embargo, la descalificación sistemática y la presión sobre quienes deben decidir no pueden convertirse en una herramienta para debilitar la justicia», dijo.
La magistrada dijo que buscará que se mantenga un presupuesto digno para el Poder Judicial pero que contará con un plan de contingencia en caso de que en el 2027 se materialicen los recortes que se están planteando desde el Poder Ejecutivo.
Reducción del rezago judicial: Esto se refiere al tiempo en que tardan los asuntos en tramitarse y tener una resolución. Su propuesta es dar prioridad e impulso al Marco Institucional de Gestión para Reducir el Rezago Judicial.
A esto suma el lograr a la mayor brevedad el modelo de monitoreo continuno que incluye un sistema de alertas con miras a detectar atrasos, anticipar riesgos y actuar a tiempo. Integra herramientas avanzadas para el análisis masivo de datos y proyección de tendencias.
«Con este modelo los tomadores de decisión no solo podremos identificar y priorizar los asuntos más antiguos en tiempo real, sino adoptar las medidas necesarias para agilizar cada jurisdicción», detalló.
Vargas prometió trabajar con las comisiones del Poder Judicial para facilitar sus esfuerzos y coordinar con ellas para evitar que, se dediquen recursos por separado, para resolver el mismo problema. Citó como ejemplo asuntos cuya antiguedad o complejidad exigen respuestas extraordinarias.
Lucha frontal contra la corrupción: En cumplimiento del artículo 20 de la Ley del Régimen Sancionador del Poder Judicial, uno de sus objetivos es promover la construcción de la políticia de persecución disciplinaria la cual considera indispensable para definir prioridades, criterios de investigación y garantizar el uso responsable de los recursos disponibles.
Modernización de la gestión judicial: Considera quen la Inteligencia Artifical (IA) Generativa llegó para quedarse y que en otros países de la región se han desarrollado experiencias positivas.
Mencionó el sistema PretorIA de la Corte Constitucional de Colombia para agilizar, clasificar y analizar las miles de acciones de tutela que recibe para su eventual revisión. Agregó los sistemas Berna, en Brasil, y Expertius en México para calcular y determinar la procendencia y monto de pensiones alimentarias.
En Costa Rica la IA ya se utiliza, por ejemplo, en procesos de cobro judicial mediante un tipificador de documentos.
Esto corresponde a un pequeño modelo predictivo capaz de extraer el texto de los escritos e interpretar qué tipo de documento es, a los cuales se les estable de un código para que la herramienta de inteligencia artificial pueda identificarlos.
La intención de la nueva presidenta de la Corte es que el uso de la IA se extienda a más áreas del Poder Judicial. Para ello buscaría cooperación internacional.
La jerarca resaltó que el Poder Judicial costarricense es la primera institución pública del país con servidores especializados en IA.
Otro punto sería que se implemente en todo el país la Suite JusticIA, una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por la Dirección de Tecnología de la Información del Poder Judicial.
El fortalecimiento tecnológico implica la conslusión del proceso de implementación del expediente electrónico en todas las jurisdicciones.
Comunicación institucional: La magistrada Vargas reconoce que una de las debilidades del Poder Judicial ha sido su contacto con la ciudadanía y hacerlo en términos sencillos que permitan comprender mejor cuáles asuntos le corresponden a la institución y cuáles no.
Impulso real, firme y decidido a las vocerías expertas en distintos ámbitos, mejorar la coordinación entre oficinas de prensa y acercar el Poder Judicial a la niñez y juventud están dentro de sus planes.
«Una institución independiente también debe saber explicar con claridad qué hace y por qué lo hace. La comunicación no puede ser una reacción improvisada cada vez que surge una controversia. Debe ser oportuna, comprensible y sobre todo estratégica. Las redes sociales y la sobreabundancia de información pueden ampliar la conversación pública y eso es bueno, pero también es cierto que facilitan la difusión de noticias falsas y los ataques a la legitimidad institucional», recalcó.
Talento Humano: La calidad del servicio de justicia depende de las personas que lo ofrezcan. «Debemos atraer talento, fortalecer la formación y mejorar la conexión entre las necesidades de los despachos y la capacitación institucional», indicó.
Vargas quiere fortalecer el vínculo entre la Escuela Judicial y las comisiones jurisdiccionales para que participen más activamente en la identificación de las necesidades y definición de actividades de capacitación.
«Para incrementar la calidad de las decisiones adoptadas es importante establecer la obligación para las personas juzgadoras, al ser nombradas en propiedad, de cursar la especialización respectiva. En esto, ya estamos dando pasos», detalló.
