Dos importantes elecciones se llevarán a cabo en las próximas cuatro semanas; escogencias que marcarán el rumbo de los próximos cuatro años en la institución y su relación con los otros dos Poderes de la República.
En el calendario del Poder Judicial, octubre del 2026 aparece como una fecha trascendental para el funcionamiento de la institución y el futuro del país.
La primera decisión que deberán tomar los magistrados es la elección del fiscal general de la República. Carlo Díaz anunció que se presentará para la reelección, por lo que el tema deberá verse en Corte Plena el 19 de octubre.
«En la misma fundamento la necesidad de continuar con proyectos estratégicos que viene desarrollando el Ministerio Público, la necesidad de fortalecer la persecución penal en narcotráfico, crimen organizado y corrupción, además de continuar el trabajo exitoso que se viene realizando con la DEA.
Igualmente externé mi compromiso con la defensa de la independencia del Ministerio Público, la independencia judicial, el principio de división de Poderes y el sistema democrático en nuestro país», justificó Díaz.
Esta elección llega en momentos donde la tensión con el Poder Ejecutivo se recrudece, con declaraciones de la presidenta Laura Fernández que mantienen el tono de las de su predecesor, Rodrigo Chaves.
«En el caso de don Carlo Díaz, mire don Carlo, yo soy una de una sola pieza. ¿Usted creía que por ser yo mujer, no sé, o que porque yo soy una persona joven, o porque yo no soy Rodrigo Chaves, iba a dejar de levantar la voz y de señalarlo a usted como una vergüenza nacional por lo que le ha hecho al país un día sí y otro también? Perdóneme, señor, no, y no es pelear, porque también no hay troll que diga, «Es que esta señora lo que hace es intentar copiar a don Rodrigo.» No, no, mire, aprenda a conocerme y vaya acostumbrándose a cómo va a ser la relación de trabajo», dijo la mandataria el mes anterior durante una conferencia de prensa.
La politóloga Fernanda Bustamante resaltó esta tensión como la mayor característica en la relación entre Casa Presidencial y el Ministerio Público.
«Estas tensiones se centran, específicamente, en que el actual fiscal general, Carlo Díaz, ha dicho públicamente que él defiende la independencia del Ministerio Público con respecto a los otros dos poderes de la República. Y es que desde 2023 a la fecha, el oficialismo ha sostenido un discurso donde el Poder Judicial pareciera inoperante, que no es capaz de gestionar sus recursos materiales ni tampoco es capaz de concretar con una estrategia de seguridad que sea de agrado del Poder Ejecutivo y Legislativo.
Más bien, cuando el Poder Ejecutivo ha tenido la oportunidad de decir qué temas son importantes en la Asamblea Legislativa, lo que ha propuesto es que el Poder Judicial tenga menos capacidades para tomar decisiones y que nombramientos como el de la Fiscalía General pasen de la Corte Plena, es decir, del Poder Judicial, a ser una decisión que se tome desde la Asamblea Legislativa y el discurso se ha centrado, precisamente, en esta tensión», explicó.
Por eso, para el investigador del Observatorio de la Política Nacional, Alejandro Molina, esta decisión tendrá impacto en cómo ven los demás Poderes al Judicial.
«Una lectura que uno puede realizar al respecto es que, teniendo un actor más afín al oficialismo y menos incómodo con la investigación de esas causas penales, que sea más complaciente con los actos y la toma de decisiones que se realiza del poder político cuando no se encuentra apegado a derecho, pues obviamente va a suavizar, ligeramente, la beligerancia por parte del oficialismo, tanto de la presidenta Laura Fernández como del ministro de Hacienda y ministro de la presidencia, Rodrigo Chávez, en contra del Poder Judicial.
La misma lectura podemos hacer con los principales operadores políticos de la bancada oficialista en el Congreso, entonces, sí, esta elección de fiscal general va a determinar si esta conflictividad entre Poderes, generada a raíz del hecho de contar con un oficialismo que aspira a gobernar sin contrapesos propios de un régimen democrático, se mantiene o si al final se termina reconfigurando por la presencia de un actor más complaciente con el poder político», detalló.
Por su parte, desde los sindicatos piden la elección de un fiscal imparcial y vigilante, como lo solicitó el secretario general del Sindicato de la Defensa Pública, Hugo Solís.
«Nos parece ideal la figura de un fiscal general de peso, que esté lo suficientemente preparado para enfrentar los vaivenes de la Costa Rica actual, que sea independiente, políticamente hablando, y que no le tiemble la mano en cuanto a la política de persecución penal para con ninguna persona o ningún grupo de personas en nuestro país», pidió.
Elección del presidente
La siguiente elección será el 26 de octubre, cuando haya un nuevo presidente en la Corte Suprema de Justicia, tras el anuncio de Orlando Aguirre de que descarta continuar en el puesto.
Para este cargo, el conflicto con el Poder Ejecutivo también es fuerte, como lo dejó de manifiesto el ministro de la Presidencia, Rodrigo Chaves, y la presidenta Laura Fernández.
«(Chaves): Vea qué fregado para el pueblo la escogencia de la Sala sobre su propio presidente, entre requetemalo y requetepeor. (Fernández): De mi parte, tal vez solo agregar que espero, espero por el bien de Costa Rica, que escojan a la persona que quiera trabajar, porque esta ola de violencia no la vamos a parar solos desde el Gobierno y el que llegue al Poder Judicial que llegue a trabajar por la gente de este país», indicaron.
El analista político Mario Quirós apuntó que esta decisión estará en la mirada pública y definirá cómo quiere ser visto el Poder Judicial.
«Esta elección no ocurre en una coyuntura de normalidad de relaciones entre Poderes y yo al menos no recuerdo una elección del presidente de la Corte que haya generado tanta atención. Han existido choques importantes entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, desde el gobierno anterior, sobre presupuestos, sobre el tema de seguridad e, incluso, sobre la forma de relacionarse, y todo esto inevitablemente entra en la elección.
Los magistrados están escogiendo un tipo de liderazgo, un tipo de presidente para que ejerza las funciones en el entorno político que tiene por delante y eso hace que aparezcan tensiones interesantes porque necesita, desde mi punto de vista, una persona capaz de defender con firmeza la independencia judicial, de dialogar con los otros Poderes, pero además de enviar señales de reforma importante hacia la ciudadanía», dijo.
Al igual que con la elección del fiscal, el politólogo Gustavo Araya considera que la persona electa en el cargo de presidente de la Corte Suprema de Justicia tendrá una importancia fundamental para la relación entre Poderes.
«Totalmente puede determinar esta elección cómo se lleva la relación entre los Poderes, porque si ya está bajo ataque el Poder Judicial, si ya le están quitando recursos al OIJ, recursos tales como poder comprar municiones, municiones que necesita para los enfrentamientos contra el hampa, contra el narcotráfico, contra el crimen organizado.
Esa es la situación actual y que, evidentemente, resultado del pleito que se tiene con el Poder Ejecutivo, resultado del ataque permanente desde el Poder Ejecutivo, evidentemente sí determina qué va a seguir sucediendo. Pareciera que si no se elige a una presidencia de la Corte Suprema de Justicia que sea favorable al gobierno, pareciera que el pleito va a seguir, pero eso es el precio que tenemos que pagar por la democracia», recalcó.
Octubre llegará con decisiones fundamentales para el Poder Judicial y, acorde con este mes, la escogencia pueda llevar a un mes rosa o un mes de terror.
