- La Fiscalía abrió una causa contra el ministro por sus ofrecimientos de inversión pública en Turrúcares, condicionados a que la Municipalidad de Alajuela desistiera de los procesos judiciales contra un relleno sanitario.
Los ofrecimientos de inversión pública que Rodrigo Chaves hizo a representantes de Turrúcares, en Alajuela, ahora forman parte de una investigación penal por presunto tráfico de influencias.
El Ministerio Público confirmó a Noticias Columbia que abrió una causa contra el ministro de Hacienda y de la Presidencia, a raíz de informaciones divulgadas y de una denuncia recibida sobre los hechos relacionados con el proyecto de relleno sanitario en esa comunidad.
El expediente se tramita bajo el número 26-000116-0033-PE y permanece en etapa de investigación. La Fiscalía indicó que, debido a la privacidad de esta fase, no puede brindar más detalles, según lo establece el artículo 295 del Código Procesal Penal.
La investigación se relaciona con una actividad que Chaves encabezó el 4 de noviembre en el Liceo de Turrúcares. Durante el encuentro, el jerarca ofreció inversiones públicas en infraestructura vial, educación y servicios sociales, pero condicionó su ejecución a que la Municipalidad de Alajuela retirara los procesos judiciales contra los permisos del relleno sanitario que EBI pretende construir en San Miguel de Turrúcares.
Entre las obras mencionadas figuraban intervenciones en las rutas nacionales 721 y 136, puentes, un colegio técnico profesional, un Cen-Cinai y un centro para personas adultas mayores.
La condición quedó expuesta en distintos momentos de la actividad. Cuando el ministro de Educación Pública, Leonardo Sánchez, ofreció enviar personal para valorar la compra de un terreno destinado a construir un colegio técnico profesional, Chaves le pidió detener la gestión.
“No lo mande la próxima semana, no lo mande la próxima semana porque nosotros no vamos a desperdiciar plata si la municipalidad no hace lo que tiene que hacer. ¿Pa’ qué vamos a mandar evaluaciones, carreteras, empezar diseños si después salen con un domingo siete?”, expresó.
El ministro también advirtió que retiraría la oferta cuando el Ministerio de Hacienda tuviera que desembolsar recursos para la defensa del Estado en el arbitraje internacional promovido por EBI.
“En el momento que el ministro de Hacienda tenga que depositar 2000 millones de colones para ir a defender un litigio internacional producto de chorizo, estupidez o lo que sea, en ese momento la oferta se retira de la mesa”, manifestó.
¿Qué es el tráfico de influencias?
El artículo 52 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública establece el delito de tráfico de influencias. Esta figura sanciona a quien utiliza indebidamente su posición, cargo o relaciones personales para influir sobre un funcionario público y procurar un beneficio económico o una ventaja indebida para sí mismo o para otra persona.
El abogado penalista Rafael Rodríguez explicó que la conducta puede ser cometida tanto por funcionarios públicos como por particulares.
“Lo que se castiga no es tener influencias o conocer a funcionarios públicos, sino utilizar indebidamente esas relaciones para obtener un beneficio contrario a derecho”, indicó.
La legislación establece penas de dos a cinco años de prisión. La sanción puede aumentar en un tercio cuando se presentan los supuestos agravados previstos en la ley.
Por tanto, para determinar si existió este delito en el caso de Turrúcares, la investigación deberá establecer si las actuaciones del ministro reúnen los elementos que exige la norma. La apertura del expediente no significa que el delito esté demostrado ni que exista una acusación formal.
Abogado cuestiona la investigación
Fabián Silva, abogado penalista y asesor de la presidenta de la República, rechazó que las declaraciones y actuaciones del ministro en Turrúcares justifiquen una investigación por tráfico de influencias.
“Tomar en consideración o como elemento probatorio el que el señor ministro de la Presidencia se haya trasladado a Turrúcares a explicarles a los que estaban reunidos en ese lugar sobre las consecuencias que el Estado costarricense podría tener en caso de darse un incumplimiento por parte de lo que se contrató de manera cuestionable en la Municipalidad de Alajuela en aquella oportunidad, pues no tiene ni pies ni cabeza, ni mucho menos fundamentación para abrir una causa penal que hable sobre el supuesto delito de tráfico de influencias”, afirmó.
Silva también cuestionó la actuación del fiscal general, Carlo Díaz, y calificó la investigación como una persecución política.
“Indudablemente Costa Rica está siendo testigo de lo que es una campaña política populista e irresponsable por parte del fiscal general de Costa Rica”, manifestó.
Noticias Columbia consultó a la Presidencia de la República por la posición del ministro Rodrigo Chaves sobre la investigación y los señalamientos por presunto tráfico de influencias. Sin embargo, al cierre de edición no se había recibido respuesta.
El conflicto por el relleno sanitario
La controversia se origina en los procesos judiciales que la Municipalidad de Alajuela presentó para solicitar la anulación de decisiones administrativas relacionadas con los usos de suelo del proyecto de relleno sanitario en la finca Bajo Pita, en San Miguel de Turrúcares.
La empresa EBI también inició un arbitraje internacional contra Costa Rica ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), al considerar que las decisiones de las autoridades afectaron sus inversiones. La compañía estimó posibles pérdidas superiores a los $125 millones.
Durante el encuentro con vecinos y autoridades locales, Chaves planteó que el Concejo Municipal retirara los procesos judiciales y que la empresa, a su vez, desistiera del arbitraje internacional.
La decisión sobre las acciones de lesividad corresponde al Concejo Municipal de Alajuela. Además, aunque el gobierno local retire esos procesos, eso no autoriza automáticamente la construcción del relleno sanitario, pues el proyecto todavía requiere los permisos municipales correspondientes.
La investigación de la Fiscalía deberá determinar si los ofrecimientos y las condiciones planteadas por el ministro constituyen el uso indebido de influencias que sanciona la legislación costarricense.





