La mandataria hizo el anuncio a través de cadena nacional, aunque cuestionó la forma de trabajar de esta institución.
La presidenta de la República, Laura Fernández, anunció que los recortes en el presupuesto del 2027 para el Poder Judicial serán menores a los informados inicialmente.
Luego de semanas de preocupación y señalamientos de dificultades para trabajar si las rebajas se materializan, la mandataria afirmó que se dispondrá de más recursos para la institución.
«Tengo un mensaje para las autoridades judiciales: Pueden estar tranquilos, tendrán recursos para las armas y los chalecos antibalas. No tendrán que tirarles piedras a los delincuentes como, irresponsablemente han dicho ante los medios de comunicación.
Aunque el Ministerio de Hacienda anunció que el presupuesto del Poder Judicial para el año 2027 iba a requerir una reducción de 27.000 millones, lo cierto, queridos compatriotas, es que di la instrucción de que la disminución solicitada sea solamente de 11.000 millones. La reducción que se les aplicará es de apenas un 2%», anunció.
Justificación y críticas
En el mismo mensaje, Fernández explicó que se aplicarán recortes en otras instancias para que las disminuciones en el Poder Judicial sean menores a las proyectadas.
«¿Pero qué fue lo que pasó? ¿Apareció más plata por arte de magia? No, costarricenses, las instituciones del Gobierno bajo mi mando asumiremos la rebaja que tenía que aplicársele al Poder Judicial», dijo.
Eso sí, el anuncio vino con una fuerte carga de críticas y cuestionamientos a la labor de la institución y sus integrantes, especialmente a los miembros de la Corte Suprema de Justicia.
«No puede ser que los jerarcas del Poder Judicial mientan diciendo que este Gobierno es el responsable de que el OIJ no pueda seguir a los delincuentes ni trabajar en ninguna otra cosa a partir de diciembre de este año por los recortes que ni siquiera se han aplicado todavía. ¿Estos problemas que llevan años son mi culpa? A mí no me utilizarán como excusa de sus errores (…)
El Poder Judicial tendrá que dar cuentas al pueblo de Costa Rica de ese dinero sobre gastos exorbitantes que hacen, como el millonario alquiler del edificio de la Sala Constitucional, que pasó de $102.000 mensuales en el 2017 a $122.000 desde el año 2024. Un edificio al que solo llega el 20% de los empleados. Tienen que dar cuentas por lo que Costa Rica recibe de los magistrados a cambio de sus salarios millonarios», dijo.
Condiciones
Junto a estos anuncios, la presidenta de la República puso condiciones para hacer efectivos los desembolsos de dinero para el presupuesto que le corresponde al Poder Judicial.
«Precisamente porque somos un gobierno gerencial y administramos muy bien la plata del pueblo, liberaremos los recursos en tractos, solo después de que se cumplan tres pasos.
Primero, que las cuentas auditadas del fideicomiso para infraestructura judicial que tienen en el Banco de Costa Rica sean evaluadas por la Comisión Legislativa de Control de Ingreso y Gasto Público. Segundo, que la Contraloría General de la República certifique el cumplimiento de las disposiciones de sus auditorías sobre esas obras.
Y tercero, el más importante, que sean los propios diputados, la Comisión para el Control de Ingreso y Gasto Público, y luego el Plenario, quienes le den luz verde al Ministerio de Hacienda para que libere los fondos. La Asamblea Legislativa decidirá, con base en el desempeño, con base en resultados, mora judicial, pifias de la fiscalía, errores judiciales, impunidad y corrupción del Poder Judicial», condicionó.
