Presidenta de la República aseguró que recortes serán menores pero que entrega de dinero está condicionada a cumplimiento de objetivos.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, respondió a la presidenta de la República, Laura Fernández, luego del anuncio de los cambios en el Presupuesto del 2027.
A través de una cadena nacional, la mandataria afirmó que los recortes serán de 11 mil millones de colones y no de 27 mil millones como originalmente se esperaba, aunque condicionados a la aprobación de la Asamblea Legislativa y la Contraloría General de la República.
Mediante un video, el presidente del Poder Judicial, Orlando Aguirre, cuestionó la posición de Fernández sobre cómo otorgar los recursos.
«Fiscalizar significa comprobar que los recursos se utilicen correctamente y conforme a la ley. Otra cosa es condicionar cuándo pueden utilizarse, cómo pueden reorganizarse o qué plazas pueden utilizarse, esto en forma independiente, como lo señala la Constitución Política, y no con intervención administrativa de otro poder de la República.
Esto no se trata de privilegios ni de defender gastos innecesarios. Se trata de que el Poder Judicial tenga capacidad para utilizar los recursos que necesita para cumplir con su trabajo, porque si esos recursos no están disponibles cuando se necesitan, las consecuencias las enfrenta la ciudadanía», dijo.
Aguirre agregó que los dineros para el Poder Judicial son indispensables y que retenerlos provocará golpes a la prestación de servicios.
«Hablamos de recursos para investigaciones del OIJ, tecnología, atención y protección de víctimas, funcionamiento de los tribunales y otros servicios indispensables para administrar justicia y combatir la delincuencia. Cuando defendemos el presupuesto del Poder Judicial, defendemos la capacidad de brindar justicia. Este debate, entonces, no sobre cuánto dinero se presupuesta al Poder Judicial, es sobre cuándo puede disponer de esos recursos y qué puede hacer con ellos», dijo.
El presidente de la Corte Suprema finalizó su mensaje indicando que se requiere entendimiento entre los Poderes y no una sumisión de uno hacia el otro, para cumplir con su cometido.
«Defender la capacidad presupuestaria del poder judicial es defender los servicios de justicia, la seguridad y los derechos de toda la ciudadanía», finalizó.
