Autoridades informaron que, además de la rebaja solicitada por Hacienda, el ministerio no les girará otros ₡3.000 millones que eran para gastos operativos.
Jerarcas del Poder Judicial realizaron una conferencia de prensa la tarde de este lunes para referirse al problema del presupuesto institucional. Advierten de dificultades para acciones contra la delincuencia y para prestar servicios a la ciudadanía, sobre todo la de menos ingresos económicos.
Ante la prensa estuvieron el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, la presidenta de la Sala III, Patricia Solano, el fiscal general, Carlo Díaz, el director interino del OIJ, Michael Soto y Juan Carlos Pérez, director de la Defensa Pública.
La directora ejecutiva del Poder Judicial, Ana Eugenia Romero, explicó que la institución atendió el pedido del Ministerio de Hacienda de hacer un recorte del presupuesto y cedió ₡13.220 millones (aunque el monto no corresponde al 5% solicitado).
Ahora, les comunicaron que habrá una retención en la programación financiera del Poder Judicial. «Es el flujo de caja que se nos libera para hacer frente a nuestras obligaciones», dijo.
«Para el trimestre tercero y el último del año, del 100% que teníamos programado, que requeríamos para esos gastos operativos, únicamente se nos está liberando el 90% que al final, en los dos períodos, equivale a ₡3.000 millones», añadió.
Preocupación
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, expresó que se está enfrentando una situación «muy compleja y muy difícil» porque se ha ido recortando el presupuesto para distintas áreas.
«Las subpartidas que comprenden gastos operativos, entiéndase, gasolina, viáticos, horas extras, etc, va a ser rebajada en un 42%. Estamos muy preocupados porque estos rebajos que se están haciendo, a la ejecución del presupuesto, unilateralmente por parte del Ministerio de Hacienda, van a afectar la prestación de los servivios», destacó.
El jerarca de OIJ, Michael Soto, comentó que para diciembre del 2026, podrían empezar los problemas para comprar combustible para vehículos que sirven en las investigaciones, allanamientos, traslado de cuerpos y de detenidos.
Los viáticos serían otro foco de atención pues faltaría dinero para pagarlos. Se trata de recursos necesarios para gestionar la alimentación y hospedaje de funcionarios que realizan operativos, por ejemplo.
«(…) Todo esto podría afectar la seguridad del país en el año que más operaciones complejas hemos hecho. Vamos a seguir trabajando, vienen otras próximamente pero sí, con muy alta preocupación de que estos recursos que no vamos a tener puedan comprometer aún más la seguridad del país», subrayó.
El fiscal general de la República, Carlo Díaz, afirmó que el recorte tendrá afectación directa en el Ministerio Público y en las víctimas de delitos.
No habría dinero para contratar dictámenes periciales ni traducciones oficiales de documentos como se requiere en casos de crimen organizado y narcotráfico internacional.
Díaz alega que la Fiscalía no podría pagar intérpretes para que ayuden a las víctimas de delitos que no hablan español como turistas, personas indígenas o con discapacidad auditiva.
El servicio de traslado o alimentación para las víctimas de escasos recursos estaría comprometido. Esa colaboración se da cuando deben atender audiencias, por ejemplo.
«Hay una afectación institucional al Ministerio Público. No vamos a poder dar mantenimiento a los edificios y a la infraestructura crítica. No vamos a poder remodelar espacios para reducir el hacinamiento que existe en las fiscalías. No vamos a poder reparar equipos de cómputo y de comunicación», mencionó.
El director de la Defensa Pública, Juan Carlos Pérez, aseveró que hay riesgo de que la dependencia tenga problemas para dar servicios en más de 20 oficinas a nivel nacional por falta de combustible y viáticos.
«No es berrinche»
El presidente de la Corte se refirió a las críticas de la presidenta Laura Fernández por la ausencia de los representantes del Poder Judicial a la reunión del Consejo de Seguridad en la Casa Presidencial.
La mandataria afirmó que, por el tono de la carta que el jerarca envió para explicar por qué no iban, infiere que se trata de un berrinche por el recorte en el presupuesto.
«Para nosotros resulta fundamental la tutela de los intereses del Poder Judicial. Esto no es ningún berrinche sino el ejercicio responsable de nuestra función», respondió.
Aguirre recordó que, con antelación, indicaron a la presidenta Fernández que los lunes son las sesiones de la Corte Plena y que en la de este 20 de julio se iba a ver el tema de los recortes al presupuesto. Eso incluye la convocatoria fiscal el director del OIJ, Michael Soto y del fiscal general, Carlo Díaz.
La magistrada, Patricia Solano, agregó que hay temas de prevención que no corresponden al Poder Judicial cuya función primordial es actuar cuando los delitos se han cometido para buscar a los responsables y someterlos a proceso.
Soto expresó que si bien, él y Díaz, habían confirmado su asistencia por escrito, desde el viernes comunicaron que no podrían presentarse debido a la convocatoria de Corte.
