La negociación entre el gobierno y las universidades públicas se rompió este martes, luego de discrepancias en el porcentaje de crecimiento para el 2027.
La fijación del monto del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) podría quedar en manos de los próximos diputados.
La negociación entre el gobierno y las universidades públicas se rompió este martes, luego de que los rectores solicitaran un crecimiento de un 2.94% en el monto, como contrapropuesta al 0% de crecimiento del gobierno.
Sin acuerdo en la Comisión de Enlace, compuesta por varios ministerios del Poder Ejecutivo, las universidades públicas y el sector estudiantil, el monto del FEES deberá establecerse en la Asamblea Legislativa.
¿Cómo es el trámite legislativo?
El monto debe incluirse en una partida de transferencia corriente para las universidades públicas en el presupuesto del Ministerio de Educación Pública (MEP), dentro del proyecto de Presupuesto Nacional para el 2027, que debe ser entregado al Congreso a más tardar el 1 de septiembre por mandato constitucional.
Una vez en la corriente legislativa, es la Comisión de Asuntos Hacendarios la que debe discutir y votar el proyecto, antes de que pase al Plenario Legislativo para su aprobación final, según explicó la presidenta de ese órgano, Paulina Ramírez.
Durante el trámite en comisión, se llevan a cabo audiencias con los ministerios y las universidades, entre otros, hasta su votación a mediados de octubre, con la necesidad de una mayoría absoluta.
Posteriormente, el proyecto pasa al Plenario para que se vote en dos debates, igual con mayoría absoluta, los cuales deben darse antes de que finalice noviembre.
¿Cuáles son las posturas que sostendrán las diferentes fracciones legislativas futuras?
Desde el oficialismo, el diputado Nogui Acosta comentó que buscarán la austeridad debido a la realidad fiscal del país.
“La posición del Partido Pueblo Soberano es consistente con la realidad fiscal y las condiciones en las cuales hoy se desarrolla el tema del FEES, consideramos que se tienen que hacer cambios importantes en la distribución, que tenemos que privilegiar las carreras STEM, que necesitamos que haya más educación en las zonas rurales, que necesitamos que haya más oportunidades de becas para los estudiantes y no es a través del malgasto de los recursos, en este sentido, consideramos que debemos ser muy honestos con los costarricenses, pero particularmente con las universidades respecto a las condiciones actuales en las cuales se desempeña uno de los gastos más grandes que existe, hoy el FEES es más que el presupuesto del Poder Judicial y en este sentido creo que tenemos que ser bastante austeros en la inversión que estamos haciendo en educación hoy en día”, expresó.
Para el jefe de la futura fracción liberacionista, Álvaro Ramírez, el monto debe analizarse desde las posibilidades fiscales y las necesidades del país. Sin embargo, ponen en duda la propuesta realizada por el Poder Ejecutivo para el FEES.
“Las universidades públicas son esenciales para el futuro social y económico de Costa Rica, hay que invertir más en educación y hacerlo de manera cada vez más eficiente, en la discusión del FEES vamos a valorar tanto las necesidades de la sociedad en materia de talento como las posibilidades fiscales del gobierno, evidentemente un 0% de aumento como propone el gobierno implica una reducción en términos reales, sobre todo pensando en que la inflación está comenzando a subir tal y como lo ha reconocido el propio Banco Central; la otra consideración importante es que necesitamos regresar a una negociación quinquenal del FEES, aprobar el presupuesto por año impide que las universidades puedan planificar de manera adecuada su matrícula y sus inversiones y por eso nos parece esencial regresar a esa planificación quinquenal”, indicó.
Desde la futura fracción del Frente Amplio, el legislador José María Villalta cuestionó que nunca hubo intención real del gobierno de negociar, y que lo que se buscaba era enviar el asunto a la Asamblea Legislativa, donde habrá mayoría oficialista.
“Quieren universidades que no sean críticas, que no investiguen, que no formen profesionales pensantes que busquen el bien nacional y no el interés de un político determinado, y por eso es que les molestan las universidades públicas, porque las universidades promueven la libertad de pensamiento, la crítica, y se pone por delante el interés de la nación antes de un partido o un político determinado; vamos a hacer un análisis serio, vamos a ver los indicadores de las necesidades de ampliación de cobertura, vamos a ver lo que están haciendo hoy, los aportes que dan al país, y buscar un presupuesto justo que cumpla con la Constitución Política, no nos vamos a prestar para esas campañas de división, de pleitos, que quieren poner a las universidades a pelear entre ellas, y las autoridades universitarias también tienen que poner las barbas en remojo en el sentido de plantear propuestas que prioricen la atención de las necesidades nacionales”, manifestó.
La representante de la Unidad Social Cristiana, Abril Gordienko, lamentó que la fijación del monto se lleve a la Asamblea Legislativa y que la negociación se haga cada año.
“Antes se hacía cada 5 años y creo que deberíamos regresar a ese esquema porque hay un gran desgaste anual, que toma meses además, tanto para las universidades como para el Ejecutivo, pero también para el país, es una discusión que erosiona confianza en ambas direcciones; yo aprecio muchísimo la labor de las universidades públicas, creo que cumplen una misión fundamental, que la han venido cumpliendo históricamente y la siguen cumpliendo, por supuesto que siempre se pueden hacer mejoras para asegurar eficiencias, mejor desempeño, fortalecer la innovación, la investigación”, manifestó, agregando que podría plantearse la redistribución del monto.
En caso de que el acuerdo sea tomado por los diputados, será la segunda ocasión en la historia en la que el Congreso fije el monto, tras el fracaso de la Comisión de Enlace.
