- Fracaso en negociación traslada decisión a la Asamblea Legislativa, donde el Ejecutivo tendría los votos para imponer su propuesta de cero crecimiento.
La ruptura de la negociación entre el Gobierno y las universidades públicas por el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) trasladó la decisión final a la Asamblea Legislativa, que deberá definir el monto para 2027 en un escenario donde el oficialismo contará con mayoría.
El ministro de Educación, Leonardo Sánchez, confirmó que el Ejecutivo dio por cerrado el diálogo tras considerar “irracional” la propuesta de los rectores. “Estamos hablando de un incremento de cerca de ¢30.000 millones. Para el Gobierno esto es inaceptable, desproporcional e irracional”, afirmó, al detallar que el planteamiento incluía un aumento de 2,94% más el reconocimiento de un 2% adicional.
Con el cierre de la negociación en la Comisión de Enlace, el artículo 85 de la Constitución establece que el monto debe resolverse en el Congreso durante la discusión del Presupuesto Ordinario. En este caso, la correlación política será determinante: el bloque oficialista tendrá 31 diputados a partir de mayo, suficientes para inclinar la balanza.
Desde el Ejecutivo, la postura es mantener el presupuesto sin crecimiento. El presidente Rodrigo Chaves condicionó cualquier aumento a una redistribución interna entre universidades. “El FEES se queda en 0 si no hay una reducción significativa de la Universidad Nacional y la Universidad de Costa Rica para la UNED, la UTN y el TEC”, advirtió.
La presidenta electa, Laura Fernández, adelantó que mantendrá esa misma línea una vez asuma el poder. “No estamos hablando de rebajar el FEES, sino de mantener el monto actual para el próximo ejercicio presupuestario”, indicó.
Del lado de las universidades, el presidente del Conare y rector de la Universidad Nacional, Jorge Herrera, defendió que el ajuste solicitado responde a criterios técnicos. “El 2,94% se basa en el promedio de las proyecciones de inflación de organismos internacionales y del Banco Central. No es una propuesta desproporcional”, aseguró. Además, señaló que ofrecieron destinar parte del aumento a becas y colaborar con el Gobierno en proyectos nacionales, sin que estas iniciativas fueran tomadas en cuenta.
Herrera también cuestionó el tono de la negociación. “Fuimos amenazados con recortes y condicionados a aceptar redistribuciones que afectarían a la Universidad Nacional y a la Universidad de Costa Rica”, afirmó.
El Gobierno, por su parte, sostiene que el contexto de inflación negativa no justifica incrementos y que el presupuesto propuesto rondará los ¢593.000 millones.
Con las posiciones enfrentadas y sin acuerdo en la mesa técnica, el debate pasa ahora al Congreso, donde la mayoría oficialista tendrá la posibilidad de definir el futuro del financiamiento universitario para 2027.
