Declaratoria fue apelada y se está a la espera de audiencia. Este miércoles se prorrogaron medidas cautelares contra tres de las sospechosas.
La Fiscalía defenderá, en una audiencia de apelación, que el caso de la Fundación Hogar Manos Abiertas se siga tramitando como de Crimen Organizado.
Los hechos se remontan al 5 de marzo del 2024 cuando la Fiscalía y el OIJ realizaron allanamientos en las instalaciones de la entidad ubicadas en Alajuela y La Unión. La fundación atendía a personas menores de edad y adultas con enfermedades graves o discapacidad.
El Ministerio Público investiga presuntos delitos de trata de personas en sus modalidades de explotación laboral y servidumbre laboral, tortura, malversación de fondos, peculado y legitimación de capitales.
La fiscal adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, Natalia Villalta, explicó que el caso de la Fundación Hogar Manos Abiertas tiene una complejidad importante debido a la cantidad y tipo de delitos que se están investigando.
Villalta dijo que el 17 de octubre del 2024, un juez penal dictó la declaratoria de delincuencia organizada.
«Parte del fundamento que el señor juez da (en esa ocasión), es darnos la razón en que, en este caso, se da la existencia de un grupo criminal debidamente organizado (…) Se cumplen todos los requisitos establecidos para la declaratoria de una delincuencia organizada, entre ellos , que haya tres o más personas, de acuerdo incluso con lo que dice la Convención de las Naciones Unidas; esta dice que debe existir un grupo que tiene que tener una permanencia en el tiempo y actuar con el propósito de cometer un delito grave (con pena mayor a cuatro años)», comentó.
Escuche aquí las declaraciones completas:
Cuando un caso tiene declaratoria de crimen organizado, la Fiscalía dispone de mayores plazos para investigar y permite extender por más tiempo las medidas cautelares. Villalta dijo que no solamente hechos de narcotráfico, lavado de dinero o delitos contra la vida pueden tener declaratoria de este tipo.
El abogado Jorge Rojas Fonseca, defensor de tres de las imputadas y de la Fundación, apeló la declaratoria de crimen organizado y está a la espera de que un Tribunal Penal fije una audiencia para discutir el tema.
«La resolución no se encuentra firme. Es importante que se tenga claro eso puesto que está siendo impugnada. Por lo demás, consideramos, como defensa, que bajo ninguna circunstancia se dan los presupuestos que establece la ley para poder decretar este asunto como de delincuencia organizada; ni la participación colectiva, ni grupo organizado, ni permanencia en el tiempo ni la actuación concertada para cometer delitos se dan en este caso», resaltó.
El caso
En el proceso de la Fundación Manos Abiertas hay cinco personas imputadas. Según el Ministerio Público, cuatro de ellas se hacían pasar por monjas o religiosas.
En la causa se investigan supuestos delitos de corrupción para sustraer y desviar dinero público, en efectivo, con el fin de realizar viajes personales y comprar terrenos.
Otra línea investigativa tiene relación con supuestos actos de tortura en contra las personas menores de edad que los imputados tenían a su cargo en la fundación.
También el Ministerio Público atribuye que los pacientes atendidos por personal de enfermería y medicina que no contaba con los conocimientos necesarios.
Aparentes hechos de explotación laboral en perjuicio de personas que eran reclutadas para trabajar en la organización. Presuntamente las hacían firmar contratos fraudulentos y no recibían salario, pago de horas extra o vacaciones.
La defensa de las sospechosas alega que nunca se hicieron pasar por monjas sino que eran parte de una Asociación de fieles debidamente conformada y que por eso utilizaban una vestimenta particular y eran llamadas «hermanas». Asevera que las mujeres no se hacían pasar por monjas.
El abogado Rojas, en reiteradas ocasiones, ha negado que se cometieran los otros delitos como malversación de fondos, lavado de dinero, maltrato y explotación laboral. Sostiene que los pacientes recibían cuidados acordes con sus necesidades.
La tesis de la Fiscalía es que ninguna de las imputadas es religiosa, pues se les podría denominar de esa forman solo si tuvieran reconocimiento como tal por parte de la Iglesia Católica. Esto implicaría pertenecer a un instituto religioso o una congregación. Considera que solo lograron ser una asociación pública de fieles.
Medidas cautelares
Este miércoles por la mañana se comunicó la prórroga de medidas cautelares contra tres de las mujeres investigadas por todo lo que dure el proceso.
Una imputada de apellido Rodríguez debe tener domicilio fijo, se le prohíbe tener contacto con denunciantes, testigos o la Fundación y debe firmar una vez al mes en la Fiscalía.
Además, ingresará a laborar en una empresa como asistente de contabilidad y puso a responder dos propiedades que están a nombre de terceros quienes autorizaron ese fin.
Otra sospechosa, de apellido Hidalgo, también debe mantener domicilio fijo, firmar una vez al mes y se le ordena no tener contacto con denunciantes, testigos o la Fundación. Ella puso a responder dos propiedades, también a nombre de terceros y laborará en una empresa como oficinista.
A otra investigada, de apellido Quirós, le dictaron firmar una vez al mes, mantener domicilio fijo, no acercarse a denunciantes, testigos ni a la Fundación.
Las otras dos personas imputadas son un hombre de apellido Granados y una mujer de apellido Villalobos que también tienen medidas cautelares distintas a la prisión preventiva.
