El Ministerio de Educación Pública (MEP), atribuyó cierre de Servicio Educativo de Sordos Adultos (SESA) a razones como baja asistencia de estudiantes y «resultados deficientes».
El Ministerio de Educación Pública (MEP) ratificó la finalización del Servicio Educativo de Sordos Adultos (SESA). En ese programa, hay 67 personas matriculadas, según indicó el propio ministerio.
A estos estudiantes se les ofreció la posibilidad de continuar sus estudios en el CINDEA de Montes de Oca, donde actualmente funciona el SESA.
Mediante un comunicado, el MEP señaló que el proyecto “no cuenta con normativa aprobada y oficializada por el Consejo Superior de Educación para su operación”.
Además, indicaron que hay “evidencia histórica de resultados deficientes en las pruebas de Educación Abierta que presenta la población sorda que asiste al SESA”.
De igual manera, el MEP aseguró que “al ser un proyecto sin sustento normativo ni malla curricular aprobada, carece de componentes de la calificación como: Trabajo cotidiano, tareas, pruebas entre otros, que les permitan evaluar el proceso de adquisición de conocimientos y aprendizajes”.
La diputada del Partido Liberación Nacional (PLN) y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Monserrat Ruiz, lamentó esta decisión del MEP y aseguró que se está afectando a poblaciones vulnerables.
«Una vez más, los servicios educativos y sociales que atienden poblaciones vulnerables se ven afectados por decisiones de este Gobierno. Resulta inconcebible, inaceptable, que en mayo del presente año, la ministra de Educación (Anna Katharina Müller) señaló que no habría afectaciones por la transferencia de recursos a Seguridad y, ahora, se están cerrando programas tan importantes como el Servicio Educativo de Sordos Adultos, el SESA», manifestó la liberacionista.
La legisladora verdiblanca enumeró una serie de medidas que ha tomado el Gobierno en materia social que, asegura, han afectado a programas de gran relevancia.
Además, Ruiz indicó que pedirá cuentas a las autoridades del ministerio sobre esta decisión en particular.
«Esta decisión es un ejemplo más del desinterés en materia social y de derechos humanos, como lo han sido las transferencias de la Junta de Protección Social a organizaciones del VIH, el recorte a los CEN-CINAI, la reducción de cupos en la red de cuido, becas Avancemos, entre otros que hemos denunciado. Desde esta diputación, pediremos cuentas al MEP sobre esta decisión y esta medida que, pareciera, ser infundada y discriminatoria», agregó Ruiz.
Por su parte, el diputado del Frente Amplio (FA), Antonio Ortega, quien también integra la Comisión de Derechos Humanos, manifestó que investigarán el tema, ya que le parece una muestra de desinterés e irrespeto del Gobierno.
«Creo que el MEP ha demostrado, durante esta administración, no solo un desconocimiento, sino improvisación, pero también irrespeto constante para las personas más vulnerables, para la educación más focalizada, para la educación que pretende facilitar el espacio de alternativas y opciones de ascenso y de acceso a la educación a grupos vulnerables. Entonces, esto me parece que es una muestra más del desinterés, del desconocimiento y del irrespeto con el que han trabajado el tema educativo», señaló el frenteamplista.
Finalmente, Ortega aseguró que pareciera que el MEP busca que en Costa Rica haya una educación “mercantilizada”.
«Pareciera que se quiere igualar la educación universal, principio que forma parte de la columna vertebral de nuestra vida democrática y se quiere, en vez de una educación universal, una educación mercantilizada, una educación del sálvese quien pueda. Lo mismo que este Gobierno ha hecho con la CCSS, cuestionando su carácter universal, diciendo que es un principio populista, parece que es lo mismo que quieren hacer con educación», mencionó Ortega.
