El expresidente se refirió a la sentencia emitida este viernes en el caso conocido como “INS Reaseguros”.
Para el expresidente de la República, Miguel Ángel Rodríguez, la sentencia emitida este viernes en el caso conocido como “INS Reaseguros” confirma que hubo una “prolongada persecución judicial” en su contra, “sin que existiera prueba alguna”.
El caso se extendió por alrededor de 25 años, lo que el mandatario ha cuestionado en diferentes oportunidades.
“Durante 25 años enfrenté este proceso con la convicción de que no había ninguna acción mía delictiva y con confianza en las instituciones de Costa Rica; ha sido una experiencia profundamente difícil y dolorosa para mí y para mi familia, pero hoy se reafirma algo esencial: nunca existió prueba que me vinculara con los hechos que se me imputaron en el caso INS Reaseguros, ni tampoco había base para achacarme algún delito diferente al que se me acusó indebidamente, así lo deja claro esta sentencia unánime después de una inacabable investigación y proceso de 25 años con un análisis exhaustivo de los hechos y de las pruebas”, manifestó el expresidente.
Rodríguez también recordó el rol que tuvo su fallecida esposa, Lorena Clarke, durante el proceso.
Defensa buscará recusación del fiscal
La sentencia emitida por el Tribunal señala irregularidades en el desempeño del fiscal a cargo del caso.
Por este motivo, el abogado defensor del expresidente, Cristian Arguedas, presentará una solicitud formal de recusación contra el fiscal Ronald Segura Mena, por una serie de actuaciones que, a criterio de la parte, “comprometen gravemente la objetividad e imparcialidad que exige el ordenamiento jurídico a los representantes del Ministerio Público”.
“La recusación que presentaremos no responde a diferencias de criterio jurídico, sino a la necesidad de proteger principios esenciales del debido proceso; están documentadas actuaciones que, valoradas en conjunto, evidencian un patrón incompatible con el deber de objetividad que la ley le impone al Ministerio Público; la justicia exige no solo independencia de los jueces, sino también absoluta imparcialidad en la actuación de quienes ejercen la función acusadora”, señaló el abogado.
