Fiscalía lo acusó de peculado. También se declaró sin responsabilidad a exfuncionarios del INS y el ICE. Entidades estatales fueron condenadas por sumas millonarias.
La tarde de este viernes, el Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública, con sede en Goicoechea, dictó la sentencia por el caso conocido como «Reaseguros del Instituto Nacional de Seguros (INS)», una causa judicial cuyo expediente se abrió en el 2001 y fue 25 años después cuando pudo culminar un juicio por los hechos.
El Ministerio Público acusó un supuesto esquema de corrupción, mediante el cual, empresas reaseguradoras extranjeras habían hecho pagos a funcionarios costarricenses. Además, se atribuía el presunto uso irregular de un fondo de capacitación para asuntos personales como viajes, dádivas o actividades de esparcimiento.
Las entidades aseguradoras, como el INS, están expuestas a que haya siniestros o situaciones que puedan comprometer su capacidad financiera y por eso, acuden a «reaseguros» a nivel internacional.
La tesis fiscal era que el expresidente Miguel Ángel Rodríguez Echeverría (1998-2002) no solo estaba al tanto de lo que ocurría sino que lo promovió para beneficiarse.
Bajo esta premisa, Rodríguez, un funcionario del INS y tres exfuncionarios del ICE, fueron acusados de peculado. El diccionario del Poder Judicial lo define como «el delito contra la administración pública donde un funcionario o servidor público sustrae, desvía, o utiliza indebidamente fondos, bienes o servicios del Estado que le fueron confiados por razón de su cargo».
Tras un juicio de casi nueve meses, la jueza Mercedes Muñoz y los jueces Andrés Saborío y José Alberto González, determinaron la inexistencia del delito y absolvieron a todos los imputados.
Las razones
La jueza muñoz explicó que a finales de los noventas e inicios de los 2000, el INS, como monopolio en aquel entonces, aseguraba los bienes de Recope y el ICE. Colocaba cerca del 98% de ese riesgo en el extranjero acudiendo a corredores o empresas en Europa para reasegurar los bienes.
El Ministerio Público y los querellantes decían que los acusados formaron «un plan criminal liderado por Miguel Ángel Rodríguez», pero del cual, «no existe una sola prueba en el expediente», dijo.
El Tribunal estima que, como valor agregado, las reaseguradoras otorgaban capacitaciones a los funcionarios tanto del INS como del ICE y que estas actividades implicaban cosas como el pago de boletos aéreos, hospedaje y matrículas.
«Esta plata claramente sale de fondos privados de las reaseguradoras y de los corredores de reaseguros (…) Bajo ninguna circunstancia puede considerarse que son fondos públicos», dijo la jueza.
«Los informes de la Contraloría General de la República (CGR), que fueron revisados en este contradictorio, fueron leídos por la defensa en etapa de conclusiones, en reiteradas ocasiones le indican al Ministerio Público y al INS: ‘ninguno de los supuestos podría entenderse como fondos públicos, son fondos privados y ante esta circunstancia es imposible que se cometa el delito de peculado que es la sustracción distracción de fondos públicos», resaltó.
El Tribunal entiende que cada empresa reaseguradora, dependiendo de sus ganancias, determinaba si concedía o no concedía las capacitaciones, no solo en beneficio de la institución sino en beneficio de ellas mismas porque «conforme capacitaban a las personas imputadas, para mejorar en el aseguramiento de los bienes patrimoniales, la consecuencia lógica era que las reaseguradoras iban a tener que ejecutar menos dinero en ocasión de los reclamos».
Muñoz reprochó a la Fiscalía que «a sabiendas de que no era delito, decidieron acusar».
Esta sentencia se está comunicado a la Fiscalía General. Considera el Tribunal que desde que se inició este proceso hay serios problemas en la investigación y el procedimiento
“Incluso, en conclusiones el Ministerio Público decidió pedir condenas, sumamente altas, basados y utilizando prueba espuria, prueba que ya había sido declarada desde hace más de 10 años como prueba espuria y tienen conocimiento de que no la podían utilizar. Es por ello que, ante estas y otras irregularidades, se les está comunicando a la Fiscalía General”.
El abogado Cristian Arguedas, defensor del expresidente Rodríguez, explicó que esa prueba se refiere a todas las «asistencias judiciales», solicitadas al Reino Unido, Estados Unidos y Panamá, «que fueron declaradas espurias en el 2014».
«Aún así siguieron insistiendo. Ya estaba en firme esa resolución. Por eso es que el caso es temeriario, es de mala fe», aseveró.
El Tribunal condenó al Estado, al ICE y al INS al pago de $7.1 millones (₡3.237 millones, al tipo de cambio actual) por las costas del proceso. El dinero se giraría a favor del expresidente Rodríguez; también de Acuña, Corrales y la Defensa Pública.
Conmovido
Al finalizar la audiencia, el exmandatario de la República se mostró complacido con el fallo pero no pudo contener el llanto al lamentar que su esposa, Lorena Clare, no estuviera a su lado en ese momento. Ella falleció el pasado 17 de marzo, víctima de cáncer.
«Gratitud a Dios por haberme dado vida para estar hoy aquí. Tengo seis o siete años más de la esperanza de vida de un hombre costarricense y siempre temí no poder ver este día. Dios, se llevó a Lorena… que no está a la par mía… para tener este momento de justificación de toda una lucha pero me dejó acá para estar yo presente. Tal vez hubiera sido mejor si hubiera sido al revés, pero así es la voluntad de Dios», dijo entre lágrimas.
Rodríguez resaltó que el Tribunal dijera que no se encontró una sola prueba del delito de peculado en el expediente y mencionó el desgaste personal y familiar de 25 años por el proceso.
Añadió que su imagen se vio afectada todo este tiempo por este caso y también por el llamado ICE-Alcatel, del cual salió con una absolutoria de la Sala III.
Posición de la Fiscalía
A través de un comunicado, el Ministerio Público informó que esperará a conocer la sentencia integral del caso conocido como «Reaseguros», «para realizar un análisis jurídico exhaustivo de sus fundamentos y proceder a presentar los recursos que la legislación contempla».
Este es el texto completo:
Es importante señalar que, al inicio del debate, la Fiscalía planteó una gestión de recusación contra una de las integrantes del Tribunal, quien presidió el juicio, en virtud de que previamente había emitido una resolución de sobreseimiento dentro de este mismo expediente, razón por la cual debía inhibirse de conocer el mismo. Sin embargo, dicha gestión fue rechazada y la jueza continuó conociendo el proceso.
Adicionalmente, de lo expuesto en el Por Tanto de la resolución, se desprenden afirmaciones que, a criterio de la Fiscalía, no se ajustan a los hechos acreditados mediante la prueba incorporada al juicio. Estos aspectos serán desarrollados y valorados una vez que se cuente con el texto íntegro de la sentencia.
La Fiscalía considera relevante señalar que parte de la prueba analizada en este proceso también fue valorada por autoridades judiciales del Reino Unido, las cuales dictaron una sentencia condenatoria relacionada con estos hechos y contra varios de los funcionarios investigados.
En esa resolución se establece, entre otros aspectos, que el principal acusado en ese país admitió haber realizado pagos a funcionarios públicos en Costa Rica, utilizando recursos provenientes de fondos del INS que estos administraban.
De igual manera, en Estados Unidos se sancionó a empresas que realizaron pagos y otros beneficios, como viajes a personas investigadas en Costa Rica, relacionados con este caso.
Precisamente por ello será necesario estudiar en detalle la fundamentación del fallo para determinar las acciones procesales correspondientes.
