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(Video) Colegio de Abogados se suma a críticas hacia ley cuestionada por Fiscalía y OIJ

by Alejandro Arley

Normativa vigente desde junio cambió la forma en que se administra el dinero decomisado al narcotráfico.

La Comisión sobre Crimen Organizado y Seguridad del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, apoya los cuestionamientos que hicieron el Ministerio Público y el Organismo de Investigación (OIJ) a la ley de Manejo eficiente de la liquidez del sector público (10.495).

Esta normativa, en vigencia desde el 18 de junio de 2024, modificó el artículo 85 de la ley sobre psicotrópicos.
De esta forma, el dinero decomisado al narcotráfico pasará directamente al Ministerio de Hacienda y no al Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) como ocurría anteriormente.

El OIJ y la Fiscalía consideran que esa decisión es perjudicial, pues el ICD podía invertir el dinero, generar intereses en bancos comerciales y distribuirlos, de forma expedita, con porcentajes definidos para programas de prevención y programas represivos, como los cuerpos policiales.

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El Colegio de Abogados tiene una Comisión de Crimen Organizado y Seguridad donde se analizan estos y otros temas.
En Noticias Columbia conversamos con el vocero de la Comisión, Roberto Méndez, quien dijo que las críticas hechas están justificadas pues no hay certeza de que se dé la entrega del dinero.

“Para la Comisión es realmente preocupante y compartimos esa preocupación que tienen tanto el Organismo de Investigación Judicial como el Ministerio Público sobre la aprobación de la ley. Esa ley pasó a través de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa y creo que no se percataron del alcance y la intención que esa ley tenía implícita”, comentó.

Méndez cuestionó que durante la discusión de la ley el texto no fue consultado al Colegio, como ha ocurrido en otras ocasiones. Tampoco a la Policía Judicial ni a la Fiscalía.

La Comisión del Colegio de Abogados considera que cuando el ICD manejaba los recursos (como establecía la ley 8204) había una “agilidad distinta” para disponer de ellos para los proyectos de prevención, represión y mantenimiento de los bienes decomisados.

“Con esta reforma puede ocurrir lo que ocurre con la ley que creó el impuesto a las personas jurídicas… que solamente la Dirección de Tributación sabe cuánto se ha recolectado y cuánto puede repartir, de acuerdo con la ley, al Ministerio de Seguridad, al Ministerio de Justicia y al OIJ”, aseveró.

“Lo que ocurre, hablando en términos de Astronomía, es que para nosotros eso es un hoyo negro en donde entran las cosas y no salen. Hay una atracción gravitacional enorme sobre las finanzas públicas y estos fondos, estos recursos que provienen de decomisos al crimen organizado no se podría jamás considerar como ingresos por actividades del Estado… son diferentes”, añadió.

Méndez subrayó que la nueva ley incluso tiene un error de redacción en el artículo que modificó la normativa de psicotrópicos. El texto dice:

“Artículo 85.- La autoridad judicial depositará diariamente el dinero decomisado en las cuentas del Sistema de Cuentas del Sector Público, y de inmediato remitirá comprobantes del depósito efectuado a la Tesorería Nacional, la cual deberá mantener la disponibilidad de estos dineros hasta en tanto se ordene el levantamiento del comiso”.

El vocero de la Comisión indicó que el decomiso es una custodia temporal de los bienes mientras se realiza el proceso judicial que determine si hubo o no un delito. El comiso es cuando pasan a manos del Estado tras acreditarse en firme el hecho ilícito.

“El levantamiento del comiso realmente no se ordena, el levantamiento del decomiso sí; ya sea que se devuelva a los imputados (los bienes) o que queden definitivamente a la orden del Estado”, recalcó.

Corregir

Ante la anuencia de algunos diputados o diputadas de revertir lo ocurrido, Méndez lamentó que se tenga que llegar a ese tipo de situaciones en lugar de aprobar una ley sin deficiencias.

Agregó que es necesaria la modificación a la ley 10.495 pero no sabe si estarán los votos necesarios para hacerlo realidad. Anticipa incluso que podría haber oposición del Ministerio de Hacienda.

A título personal, no como vocero de la Comisión, Méndez percibe que puede haber un interés con el fin de debilitar la lucha contra el narcotráfico. “Eso duele realmente”, concluyó.

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