Uno de los componentes en los cuales ha habido una disminución en la inversión ha sido educación, donde gasto ya está por debajo de recomendación de la OCDE.
El Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible (CINPE) de la Universidad Nacional (UNA), realizó un análisis de la inversión social en Costa Rica, durante los últimos años.
En el estudio se halló una caída en el gasto social como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB), en comparación con cifras que se manejaban en la década anterior.
El director general del centro, Marco Otoya, detalló que, para el año 2022, se invirtió cerca de un 21.2% del PIB, mientras que, por ejemplo, en 2020 este monto era de un 24.2%.
«Ese gasto público social venía mostrando una tendencia creciente en la última década, particularmente entre el 2010 al 2020, pero a partir del 2020 comenzamos a notar un deterioro, es decir, un deterioro en los recursos que estamos destinando para atender estas actividades, para atender protección social, educación, salud y cultura, entre otras. Comienza a caer como porcentaje del PIB y es el más bajo, incluso de los últimos 12 años, comparable con la relación que teníamos en el 2009. Podemos ver para el año 2022 teníamos alrededor de un porcentaje de un 21.2% del PIB, cuando en 2021 dedicábamos un 23.4% del PIB, o sea, es una caída significativa en los programas y en las políticas que atienden este tipo de sectores», afirmó Otoya.
En el análisis también se describieron los datos del gasto social por persona.
Según explicó el economista, se ven cifras similares al año 2019, lo que perjudica, principalmente, a los grupos de personas más vulnerables.
«Comenzamos a invertir menos por persona en educación, en vivienda, en salud, en protección social y esto tiene un impacto directo e indirecto, significativamente importante, en la calidad de vida de las personas. Tiene un impacto importante también en poder atender programas que están enfocados a reducir la pobreza y, definitivamente, comienza a afectar más fuerte a aquellos grupos vulnerables», destacó el director del CINPE.
Finalmente, Otoya también realizó un repaso por la inversión social según sectores de interés para el país.
Dentro de estos, destaca una caída en el gasto educativo, el cual se aleja cada vez más del 8% del PIB que establece la Constitución Política.
Al mismo tiempo, se ha dado un aumento en la exclusión escolar y una disminución en las notas obtenidas en las pruebas PISA.
«Llegamos a niveles que incluso están por debajo de los que recomienda la OCDE, es decir, la recomendación de la OCDE de lo que se debe invertir en educación como porcentaje del PIB es del 6% y nosotros, este año, estamos casi cercanos al 5.5% en materia del gasto de la inversión social pública en educación como porcentaje del PIB. Obviamente, esto se nota en un deterioro significativo en algunos indicadores que están relacionados al tema educativo, por ejemplo, los recursos que se transfieren a las juntas de educación en el período 2020-2022 vienen mostrando también un deterioro de un 3.6%. Eso significa menos recursos para atender la infraestructura en escuelas y en colegios. Desde el 2021, tenemos un 60% de escuelas que reportan necesidades críticas en reparación y mantenimiento que, si cada vez estamos restringiendo más estos recursos, van a ser más mucho más difíciles de atender», manifestó Otoya.
