- El nuevo informe comercial repite señalamientos sobre impuestos, compras públicas y trámites, en un contexto de mayor presión por resultados.
El más reciente informe de la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos volvió a poner bajo la lupa la relación comercial con Costa Rica. Más que un listado técnico, el documento refleja tensiones estructurales en un vínculo donde el país norteamericano sigue siendo el principal socio comercial, pero también un actor cada vez más exigente en materia de acceso a mercado y condiciones de competencia.
La auditoría 2026 del organismo estadounidense identifica ocho barreras que, a su criterio, limitan las exportaciones y la inversión de ese país. Aunque varios señalamientos no son nuevos, su permanencia coincide con un contexto más sensible: el aumento del déficit comercial estadounidense con Costa Rica, que alcanzó los $3.700 millones en 2025, un crecimiento de 84,5% respecto al año anterior.
Este dato no es menor. Fue precisamente el desequilibrio comercial uno de los criterios utilizados por la administración de Donald Trump para justificar su política de aranceles recíprocos, lanzada en abril de 2025. Un año después, el informe confirma que, desde la óptica de Washington, las condiciones que originaron esas medidas no han variado sustancialmente.
Un diagnóstico que mezcla técnica y política
Desde Costa Rica, el análisis apunta a que muchas de las observaciones responden a diferencias regulatorias más que a barreras deliberadas.
“Cuando cuando lanzan la política de aranceles, el gobierno de Norteamérica establece un estudio para cada país, donde indica cuáles son las barreras que está habiendo a un libre comercio. En el caso de Costa Rica, señaló en su momento 8 puntos…”, explicó Laura López, gerente general de Procomer.
Según detalló, entre los cuestionamientos se incluyen aspectos como el impuesto a bebidas alcohólicas, la competencia en compras públicas, protocolos de propiedad intelectual y restricciones no arancelarias en productos agrícolas.
“…hablan, también, de que consideran que la la competencia no es igual para empresas nacionales, como multinacionales, cuando se refieren a compras del estado… que permita más participación de empresas norteamericanas”, añadió López.
El señalamiento sobre contrataciones públicas es particularmente sensible, ya que toca un punto estructural del modelo costarricense: el peso de las empresas estatales. Para Estados Unidos, la posibilidad de adjudicaciones directas entre entidades públicas genera una desventaja para firmas privadas extranjeras, incluso en sectores abiertos por el CAFTA-DR.
El caso del alcohol: símbolo de la disputa
Uno de los ejemplos más claros del choque de visiones es el impuesto a las bebidas alcohólicas. El esquema costarricense grava los licores según su graduación, lo que, en la práctica, termina afectando más a productos importados que a los nacionales.
Para el sector exportador, sin embargo, se trata de un tema técnico y no necesariamente discriminatorio.
“La cámara de comercio exterior de Costa Rica consideramos que lo señalado… sobre el impuesto a las bebidas espirituosas es un tema de carácter técnico que forma parte del esquema tributario vigente en el país”, afirmó Rodney Salazar, presidente de la Cámara de Comercio Exterior de Costa Rica.
Salazar subrayó que el mecanismo responde a características del producto, como su contenido alcohólico, y valoró la apertura del gobierno a revisar el esquema. “Vemos como positivo que el Ministerio de Comercio Exterior haya manifestado su disposición a revisar este tema… para seguir fortaleciendo la transparencia, la seguridad jurídica y la competitividad del país”, indicó.
Agricultura y trámites: la barrera silenciosa
Más allá del debate tributario, el informe insiste en obstáculos no arancelarios que afectan productos como frijoles, papas y cebollas. Aquí el problema no es el impuesto, sino el proceso.
Estados Unidos cuestiona desde normas técnicas consideradas obsoletas —como la evaluación manual de la calidad de frijoles— hasta retrasos en permisos fitosanitarios durante épocas de cosecha local. Estos elementos, aunque administrativos, tienen impacto directo en costos y tiempos de exportación.
En términos interpretativos, este tipo de barreras suele ser más difícil de resolver, ya que involucra múltiples instituciones locales como el Ministerio de Agricultura y entidades sanitarias, y no depende únicamente de decisiones de política comercial.
Propiedad intelectual y reglas laborales: agenda pendiente
El informe también evidencia una preocupación más amplia sobre el clima de negocios. Aunque Costa Rica salió en 2020 de la lista de vigilancia en propiedad intelectual, Estados Unidos considera que aún falta demostrar resultados concretos en la aplicación de las normas.
A esto se suman cuestionamientos sobre legislación laboral y la ausencia de prohibiciones explícitas a la importación de bienes producidos con trabajo forzoso, un tema que gana relevancia en la agenda comercial global.
¿Presión o negociación?
El trasfondo del informe va más allá del diagnóstico técnico. Se inscribe en una negociación bilateral activa, iniciada en mayo de 2025, tras la imposición de aranceles por parte de Washington.
En ese contexto, el documento funciona también como herramienta de presión. Señala áreas específicas donde Estados Unidos espera cambios y marca la pauta de discusión para futuras rondas.
Para Costa Rica, el reto es doble: atender los reclamos sin desmantelar esquemas internos que responden a su propia lógica económica y social.
El hecho de que muchas observaciones se repitan respecto al 2025 sugiere avances limitados. Pero también refleja la complejidad de armonizar dos modelos distintos bajo un mismo marco de libre comercio.
En adelante, el margen de maniobra dependerá de la capacidad técnica y política de ambas partes para traducir estas diferencias en ajustes concretos, sin escalar el conflicto hacia nuevas medidas arancelarias.
