El avance del tren eléctrico en comisión legislativa reabre el debate sobre su sostenibilidad financiera, mientras autoridades y expertos coinciden en que el proyecto podría requerir subsidios estatales para garantizar su operación.
Durante la discusión legislativa, el expresidente del Incofer, Guillermo Santana, advirtió que un sistema de transporte de esta magnitud difícilmente podrá operar sin respaldo económico estatal. Según explicó, los altos costos de infraestructura y operación hacen indispensable algún tipo de subsidio para garantizar su funcionamiento.
Santana también señaló debilidades en el diseño actual del proyecto, particularmente por la falta de viaductos o pasos a desnivel en varios tramos. A su criterio, esto no solo incrementa el riesgo de accidentes, sino que limita la velocidad del tren, afectando directamente la puntualidad del servicio.
Por su parte, el viceministro de Hacienda, Luis Antonio Molina, indicó que el financiamiento del proyecto ya implica un esfuerzo estatal significativo, al contemplar un crédito cercano a los 800 millones de dólares para su construcción. En ese sentido, afirmó que este monto, junto con sus intereses, representa una forma de subsidio asumido por el Estado.
Molina explicó que el costo del pasaje estaría destinado principalmente a cubrir la operación del servicio, por lo que cualquier subsidio adicional deberá evaluarse en una etapa posterior, cuando se defina la empresa que operará el tren mediante un proceso de licitación.
En tanto, la diputada oficialista Pilar Cisneros defendió la iniciativa y aseguró que, pese a las críticas, el proyecto podrá avanzar para brindar un transporte moderno y eficiente a la población. No obstante, reconoció que la reducción del trazado, de 84 a 53 kilómetros, implicó también una disminución en la cantidad de pasos a desnivel, pasando de 20 a nueve.
El análisis del proyecto continuará en comisión, mientras persiste el debate sobre su impacto fiscal y la sostenibilidad del modelo de operación propuesto.
