Nueve expedientes de investigación fueron archivados en la Comisión Legislativa de Ingreso y Gasto Público.
Nueve expedientes de investigación fueron archivados en la Comisión Legislativa de Ingreso y Gasto Público: ¿qué opinan sus impulsores?
En su primera sesión este jueves, los integrantes de la comisión tuvieron un debate sobre el cierre de varios expedientes de investigación, que culminó en la decisión de la presidencia de aplicar un artículo del Reglamento Legislativo para archivar esos casos debido al paso de varios meses sin actividad.
Los expedientes son:
- Investigación de nombramientos del Concejo Municipal de San José en varias juntas de educación (exp. 23.369)
- Investigación sobre decisiones tomadas en la Caja Costarricense de Seguro Social relacionadas con tercerización de servicios de salud (exp. 23.408)
- Investigación sobre la constatación de empresas privadas para servicios de aseo y vigilancia en los Hospitales Calderón Guardia y México (exp. 23.409)
- Investigación sobre el manejo de recursos en la Unión Nacional de Gobiernos Locales (exp. 23.533)
- Investigación sobre el caso de Coopeservidores (exp. 24.394)
- Investigación en torno a los nombramientos en la junta directiva y la gerencia general del Banco Popular (exp. 24.629) (se envió al Poder Judicial)
- Investigación sobre los actos de desmantelamiento de las instalaciones de Manzana Sur del Liceo de Costa Rica (exp. 24.656)
- Investigación en torno a la implementación del sistema logístico de pedidos en el programa de abastecimiento institucional del Consejo Nacional de Producción (exp. 25.005)
- Investigación sobre la ampliación del tramo Barranca-Limonal y la participación de la empresa Tradeco (exp. 25.413)
Según indicó el presidente de la Comisión, el oficialista Gonzalo Ramírez, varios de los casos perdieron vigencia o no iniciaron.
“Durante la legislatura anterior, los expedientes no avanzaron ni siquiera con mociones de audiencia que permitieran aproximarse a la elaboración de algún informe en algunos de estos expedientes, otros ya se trasladaron completos al Poder Judicial, y otros perdieron la la vigencia de las investigaciones que se hicieron, esto no quiere decir que nosotros no podemos volver a presentar una solicitud de que se de una moción para que se abra un expediente de investigación, como en algún momento alguno de sus de los compañeros me invitó, así va a ser, es un poco lo que estamos tomando decisión para que nosotros podamos archivar ese rezago que nos libera espacio y tiempo para estudiar nuevos y plantear investigaciones actuales y proponer soluciones reales”, apuntó.
Las diputaciones de oposición mostraron su inquietud por el archivo de los expedientes, e incluso algunos expresaron su interés en retomar algunas investigaciones, como la frenteamplista Sigrid Segura y el oficialista Antonio Barzuna.
¿Qué opinan los ex miembros de esta comisión sobre el archivo de las investigaciones?
La exdiputada del Frente Amplio, Sofía Guillén, lamentó la decisión de la nueva comisión legislativa, la que considera un “desperdicio de fondos públicos”.
“Me parece una total desfachatez de la nueva comisión haber archivado proyectos de investigaciones que ya estaban listas para conocerse, como los nombramientos irregulares que hizo este gobierno en la junta directiva del Banco Popular, como el caso de Tradeco donde también habían irregularidades vinculadas a Casa Presidencial para la ruta de Barranca-Limonal, investigaciones listas ya, cuatro años de recursos destinados a eso, ellos lo archivan, lo tiran al basurero disque para empezar de cero ahora, imagínese el nivel de ineficiencia, de inoperancia y de descaro, según ellos van a empezar de cero la investigación ahora, o sea, 4 años de recursos desperdiciados, pero además no deja de llamar la atención que son investigaciones en donde Casa Presidencial era uno de los elementos que se investigaban, en donde había dudas de su actuación, de si había sido correcta o no”, expresó.
Por su parte, la exdiputada independiente Kattia Cambronero manifestó que la decisión no parece responsable.
Ella se refirió al papel que debería cumplir la Comisión de Ingreso y Gasto Público con respecto a otras entidades públicas.
“Al archivar expedientes de ley tan importantes como, por ejemplo, el de la investigación sobre la ampliación del tramo Barranca-Limonal y la participación de la empresa Tradeco, que ha sido muy cuestionada en otros países, así como el archivo de la investigación del software comprado por parte del CNP que costó muchísimo más y que no ha generado los resultados que se esperaban, pareciera un acto no muy responsable por parte de los diputados oficialistas que en este momento integran la comisión de Ingreso y Gasto, que hay que recordar que es una comisión que busca un contrapeso entre la Asamblea Legislativa y el Poder Ejecutivo que en ese momento esté ejerciendo las acciones de gobierno de la República, así que es sorprendente, un tanto desconcertante, que se archiven y no se quiera hablar de esos temas que han sido temas donde ha habido mal manejo de los recursos públicos y que se requiere una rendición de cuentas hacia los costarricenses”, indicó.
La exdiputada socialcristiana Vanessa Castro comentó que el archivo de expedientes cuando hay cambio de legisladores es usual, pero con algunas condiciones.
Por este motivo, mostró su preocupación por la decisión tomada en torno a las investigaciones.
“Para llevar adelante el archivo se procede a un estudio de si se ha perdido el interés realmente actual, o sea, si ha perdido interés la investigación y ha perdido interés para el pueblo, para la gente, que es al final al que se le responde, me preocupa que se hayan archivado investigaciones como la de Tradeco y el tramo Limonal, e investigaciones igualmente en lo que corresponde a la junta directiva del Banco Popular, me parece que no han perdido interés y que los costarricenses tienen derecho a que se investigue hasta sus últimas consecuencias estos temas y se determine si realmente hubo acciones, o no, de corrupción o acciones indebidas ilegales que deban ser consideradas y que deba sentarse la responsabilidad del caso”, lamentó.
Tras la decisión de la comisión, sólo quedó vigente una investigación sobre la legalidad y la transparencia en la gestión de la Junta de Protección Social (exp 25.501).
